Por Tamara Lajtman, Aníbal García Fernández y Silvina Romano
A días del referéndum del 16 de noviembre, la dimensión geopolítica del lawfare en Ecuador emerge con claridad. La persecución judicial contra los líderes de la Revolución Ciudadana no puede entenderse solo como un conflicto de política interna: forma parte de una estrategia más amplia asociada a la reproducción de asimetrías centro–periferia. En Ecuador, este proceso se ha traducido en endeudamiento, venta del país al FMI y a tenedores de deuda, desindustrialización, inseguridad, y en la erosión incluso de la idea de América Latina y el Caribe como una zona de paz.
El referéndum incluye una pregunta crucial sobre la modificación del artículo 5 de la Constitución, que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano desde el cierre de la base de Manta en 2008. Este artículo refleja la decisión soberana de considerar a Ecuador —y, por extensión, a América Latina y el Caribe— un territorio de paz.
Todo ello ocurre en un contexto de profunda militarización del Gran Caribe, acelerada durante la administración Trump, pero inserta en una estrategia de seguridad hemisférica que, con matices, pero sin rupturas, ha operado como uno de los lineamientos más estables de la política exterior estadounidense hacia la región durante décadas, tanto bajo gobiernos demócratas como republicanos. Amparado en el relato del combate al narcotráfico o al “narcoterrorismo”, Estados Unidos ha incrementado su presencia operativa de avanzada en el Gran Caribe y el Pacífico tropical oriental; sin embargo, en los hechos, esa expansión responde a una estrategia de disuasión y contención frente a China.
Este entramado de judicialización, intervención en el aparato judicial y en las fuerzas de seguridad tiene detrás una serie de intereses geopolíticos que suelen quedar ausentes en los análisis centrados únicamente en el impacto interno de la judicialización de la política. Sin embargo, son esos intereses los que permiten comprender la magnitud de las transformaciones recientes y el rol que Ecuador ha pasado a desempeñar en la reconfiguración del escenario de seguridad regional.
En una investigación académica reciente, mostramos cómo el estrechamiento de los vínculos institucionales entre Ecuador y el aparato de seguridad de los Estados Unidos durante los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa ha convertido al país en una especie de “base ampliada” de Washington. Esto se evidencia en el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA), que otorga inmunidad a personal militar estadounidense y contratistas del Pentágono y el Acuerdo Relativo a Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales (SHIPRIDER). Ambos fueron firmados por Lasso y ratificados por Noboa en febrero de 2025, consolidando un marco jurídico que habilita la presencia y actuación de fuerzas estadounidenses en territorio ecuatoriano. A ello se suma el incremento exorbitante de la asistencia militar y en seguridad durante los últimos años —que pasó de apenas 800 mil dólares en 2017 a un pico de 172 millones en 2022—, así como la suscripción de nuevos acuerdos con agencias como la DEA e INL, e incluso con mercenarios y empresas privadas de seguridad vinculadas a Erik Prince/Blackwater.
De esta manera, se configura un escenario de integración profunda entre el aparato de seguridad ecuatoriano y la arquitectura militar estadounidense, con consecuencias directas para la soberanía y la política de seguridad del país.
En ese contexto, las Islas Galápagos adquieren un papel central. Ecuador, por su ubicación geoestratégica, se vuelve prioritario para la estrategia estadounidense en el marco de su disputa con China. En una entrevista con CNN, el presidente Daniel Noboa reconoció el interés de instalar una base militar en Baltra, aunque luego se la rebautizó como “base no militar” destinada a combatir pesca ilegal y narcotráfico, o se habló de instalaciones del Homeland Security en Salinas o Manta. Más allá de estas variaciones en la retórica oficial, lo concreto es que existen condiciones formales para el ingreso de personal militar estadounidense a Ecuador y a las Galápagos en particular.
La evidencia es reciente y explícita. En diciembre de 2024, el gobierno de Ecuador aprobó la resolución del “Proyecto Integral de Seguridad en la Región Insular” y su instructivo de implementación, activando los acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos, SOFA y SHIPRIDER, anteriormente mencionados para habilitar la instalación de personal militar, buques, aeronaves, submarinos y armamento estadounidense en el archipiélago para operaciones contra “actividades marítimas transnacionales ilícitas”. Por su parte, militares estadounidenses han expresado directamente, en una publicación reciente de Military Review, su interés en establecer una base en Galápagos para contrarrestar a China y Rusia.
Los intereses de Estados Unidos sobre las Galápagos no son nuevos. En 1911, Washington intentó arrendar el archipiélago por 99 años. En 1942 construyó la base aérea de Baltra y desplegó 2.474 tropas durante la Segunda Guerra Mundial. La importancia estratégica del archipiélago es histórica y atraviesa distintos momentos del orden internacional.
En la actualidad, las Galápagos cumplen una doble función para los intereses estadounidenses: ofensiva y defensiva. Desde allí se puede cubrir militarmente Mesoamérica y el nuevo Corredor Transístmico de México, el Canal de Panamá y el Puerto de Chancay en Perú, una pieza clave de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Al mismo tiempo, el archipiélago opera como una extensión complementaria —aunque no oficial— del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (QUAD) y de la Estrategia del Indo-Pacífico, conectando el Pacífico oriental con la arquitectura de seguridad diseñada para disuadir a China.
Ecuador y el polígono de seguridad de EE.UU. en el Asia Pacífico
Fuente: Lajtman, García Fernández y Romano (2025)
La consulta popular sobre la instalación de bases militares, en este sentido, no es un episodio aislado, sino un punto de inflexión en un proceso de inserción profunda de Ecuador en la estrategia de seguridad de Estados Unidos. La combinación de lawfare, militarización y reformas constitucionales abre la puerta a la consolidación de un rol subordinado en el entramado geopolítico regional, debilitando la soberanía en un escenario de inminente guerra convencional en el Gran Caribe.