Por Abraham Verduga
Politizar. Politizar el dolor. Convertir la tragedia en una pregunta política. Ahí empieza cualquier posibilidad de cambio.
La semana pasada España sufrió el segundo gran accidente ferroviario de 2026. Entre Adamuz y Urda, más de 110 personas han perdido la vida en dos tragedias ferroviarias en apenas nueve meses. Una barbaridad. Una anomalía que debería sacudir los cimientos de cualquier debate público.
Y entonces apareció Javier Barrio. Un hombre destrozado por la muerte de su mujer, Carmen, en el accidente de Urda. Era su último viaje de trabajo antes de jubilarse. Un hombre que lloraba delante de las cámaras y que, en medio de ese dolor insoportable, tuvo la lucidez de señalar al culpable político de fondo:
«Estamos viviendo la peor época del capitalismo con prisas».
No lo dijo un economista. No lo dijo un diputado. Lo dijo un viudo.
«Estos muertos son de todos, del tipo de sociedad en el que estamos viviendo», añadió. Y pidió algo elemental, casi revolucionario: «Tenemos que cambiar este mundo entre todos».
Hay que escucharlo.
Vivimos en un capitalismo que ha convertido la velocidad en una religión, la productividad en una obsesión y el beneficio en una medida universal de las cosas. Todo tiene que ser más rápido, más barato, más rentable. También el trabajo. También los servicios públicos. También la vida.
El problema aparece cuando la rentabilidad empieza a competir con la seguridad, cuando la eficiencia se convierte en una excusa para precarizar, cuando el mercado impone sus tiempos a las necesidades humanas.
¿Ha contribuido la liberalización ferroviaria a aumentar las tensiones sobre la infraestructura? ¿Qué consecuencias tiene multiplicar operadores, frecuencias y exigencias de rentabilidad sobre una red que debe garantizar, ante todo, la seguridad de sus pasajeros? Son preguntas legítimas. Preguntas que merecen una investigación rigurosa y un debate político a la altura de la tragedia.
Porque hay algo profundamente obsceno en una sociedad que celebra el abaratamiento de los billetes mientras se olvida de discutir el precio de la seguridad.
Y ahora aparece una palabra que durante décadas se ha presentado como una amenaza: nacionalización.
Iván Redondo, antiguo director del gabinete de Pedro Sánchez y un hombre bastante alejado de cualquier sospecha de radicalismo izquierdista, acaba de escribir en La Vanguardia que aprobaría la nacionalización del ferrocarril español. Su diagnóstico es contundente: «La privatización no ha funcionado». Y añade una frase que debería tatuarse en la frente de algunos ministros: «Cuando eso sucede el país mira al Estado».
¿El fantasma recorre Europa? Ojalá.
La vivienda ofrece exactamente el mismo síntoma. El pasado 7 de octubre falleció Maricarmen Abascal, de 87 años, después de ser desalojada de la casa en la que había vivido durante siete décadas. Su historia provocó una oleada de protestas. Una anciana expulsada de su hogar para recordarnos que, en esta sociedad, hasta el derecho a envejecer bajo un techo depende de la rentabilidad de un inmueble.
El problema es el mismo: hemos convertido derechos fundamentales en mercancías. La vivienda es un activo financiero. La educación, una oportunidad de negocio. La sanidad, un mercado. El ferrocarril, una competición de operadores. Y el ciudadano, un consumidor al que se le exige pagar cada vez más por servicios cada vez más deteriorados.
Las protestas que recorren Francia, Alemania, Italia y buena parte de Europa expresan esa angustia. Jóvenes que sienten que el futuro se les escapa, trabajadores que ya no llegan a fin de mes, familias que viven permanentemente al borde del abismo. Francia acaba de vivir su tercer fin de semana consecutivo de movilizaciones masivas contra el coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos.
A esta generación se la ha bautizado como la de la Gran Insatisfacción. Y cuidado: cuando la política institucional es incapaz de ofrecer respuestas, la extrema derecha aparece con sus explicaciones de mierda. Señala al inmigrante, al pobre, al diferente. Identifica culpables equivocados y receta soluciones todavía peores.
La vacuna contra esa barbarie tiene nombre: Estado de bienestar. Derechos. Servicios públicos. Redistribución. Solidaridad. Una sociedad donde la vida valga más que el beneficio. Donde el mercado tenga límites y la dignidad humana sea innegociable.
Ese es el verdadero debate de nuestro tiempo: Estado frente a mercado, democracia frente a dictadura del beneficio, política frente a resignación.
Y créanme, esto tiene muy poco de debate teórico. Se los dice un ecuatoriano que viene del (retro)futuro. De ese futuro distópico que siempre comienza con una advertencia pueril: «¡Cuidado con el comunismo!». Y termina con hospitales abandonados, carreteras destrozadas y un Estado convertido en esqueleto. Ecuador lleva nueve años de neoliberalismo y hoy lo gobierna Daniel Noboa, el hombre más rico del país, nacido en Estados Unidos. El resultado está a la vista: un invierno devastador, comunidades inundadas, inseguridad desbordada, servicios públicos debilitados y una crisis social que se agrava ante un Gobierno sin capacidad de reacción, incapaz de comprender la dimensión del desastre, como si la tragedia también fuera competencia del mercado.
Las crisis tienen esa maldita costumbre de desnudar a las instituciones. Ponen a prueba al Estado, exhiben su capacidad de respuesta y revela cuánto vale, en realidad, la vida sus ciudadanos. En Ecuador, el desastre también es un retrato del Estado que nos han dejado.
Noboa es la demostración empírica de lo que ocurre cuando se confunde un país con una empresa y a sus ciudadanos con clientes. Cuando se gobierna mirando balances y se pierde de vista a las personas. Después llega la realidad, esa incómoda empleada pública que siempre termina pasando factura: los hospitales no funcionan con discursos, las carreteras no se reparan con propaganda y la gente no come con balances empresariales.
El capitalismo nos quiere rápidos, baratos, productivos y obedientes. El Estado debería recordarnos que somos seres humanos.
Por eso, ante un accidente ferroviario, un desahucio o una inundación, la pregunta es política. Siempre lo ha sido.
Y la respuesta, aunque a algunos les incomode, sigue siendo la misma:
¡Es el sistema, estúpido!