Jacques Ramírez
Durante la última década hemos sido testigos del incremento de inmigrantes que llegan a Ecuador, país que ha acogido a colombianos, españoles, peruanos, estadounidenses, chinos, cubanos, haitianos y ahora venezolanos. Si bien no hay dudas del incremento de inmigrantes estos representan alrededor del 3% de nuestra población total.
La presencia más visible de los venezolanos se dio desde el año pasado y con ella un rebrote de xenofobia no solo en nuestro país sino en la región que ha sido el principal destino de dicha migración. Según un reciente estudio de Consultores 21 aproximadamente el 70% de los inmigrantes venezolanos tienen como destino algún país de América Latina y el Caribe lo cual confirma la tendencia del incremento de la movilidad intrarregional. Según dicho estudio aproximadamente el 13% de la población ha emigrado, unos cuatro millones de personas. Otras fuentes señalan que casi 3 millones de venezolanos, el 10% de la población han abandonado el país en las últimas dos décadas.
Ecuador no está dentro de los principales países de destino. Nuestro país es utilizado principalmente como tránsito para dirigirse a otros, sobre todo a Perú, Chile y en menor medida a Argentina. La mayoría de venezolanos que llegaron el año pasado –año que se triplicó los arribos de dicha población- entran por la frontera norte y salen por la frontera sur a través del paso fronterizo de Huaquillas. Solo una quinta parte de los venezolanos que llegaron al país se han quedado, en términos absolutos dicha población bordea las 90.000 personas en los últimos tres años según los datos del Ministerio del Interior.
A diferencia de otros países de la región donde han tenido que implementar mecanismos de emergencia para permitir la estadía de dichos migrantes, en Ecuador existían mecanismos que facilitaban su regularización. En el 2010, en los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez, se firmó el Estatuto Migratorio entre la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela conocido como la “visa Convenio”, y con la puesta en marcha de la nueva Ley de Movilidad Humana se contempla la regularización con pocos requisitos para los ciudadanos suramericanos en lo que se conoce como la “Visa UNASUR”. A estos dos mecanismos hay que sumar las visas profesionales y de trabajo que también otorga la Cancillería y que ha servido para que las y los venezolanos puedan establecerse en nuestro país.
Un tema que ha captado debate entre las personas que trabajan el tema de la migración es definir si dicha migración cae en la categoría de migrantes económicos, son refugiados o es una migración mixta. En algunos casos se observa más una mirada ideológica por encasillar a dicha población como ‘perseguidos políticos’ y por ende otorgar el estatuto de refugiados o asilados. Los datos del estudio anteriormente citados demuestran que la mayoría, el 70% ha migrado por la situación económica del país; el 22% por la situación política y un 8% para aprovechar oportunidades profesionales o de estudio.
Más allá de las causas vinculadas principalmente a la crisis y mal manejo económico, tener altos porcentajes de población migrante es un indicador de la situación que se vive en Venezuela. Preocupa el rechazo a los venezolanos en los países de destino y sobre todo preocupa la doble moral de ciertos gobiernos de la región que critican al gobierno de Maduro pero que cierran las puertas o no dan facilidades de regularización a dichos migrantes.