Orlando Pérez
El aparato mediático conservador tiene su mejor expresión en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que desde su creación, a cargo de la CIA, carga con un estigma imborrable: defender los intereses de las empresas mediáticas, anclados a los grandes intereses corporativos regionales y amarrados a la política exterior de la mayor hegemonía política y militar del planeta.
No es precisamente la entidad defensora de la libertad de expresión ni mucho menos de los derechos a la información y a la comunicación de la ciudadanía. Bastaría con revisar todos sus pronunciamientos y, sobre todo, sus silencios. Nunca dijeron nada cuando el diario El Mercurio recibió más de dos millones de dólares para desestabilizar al gobierno legítimo y democrático de Salvador Allende y con ese dinero contribuyeron a su derrocamiento y muerte, sin descontar su activa colaboración con la dictadura sangrienta de Augusto Pinochet.
Mucho menos es la institución con la que los periodistas se identifican. Me refiero a los periodistas comprometidos con la verdad, sus pueblos y el desarrollo democrático, soberano y humano de sus sociedades, porque hay algunos que han plegado a la SIP por sus claras inclinaciones políticas y nada profesionales.
Y, por supuesto, en la entidad y grupo de dueños de diarios que ponen por delante sus negocios, garantizan a sus miembros la efectiva realización de “emprendimientos” societarios, proyectos comunes y acciones conjuntas para permanecer como el espacio de realización económica.
Por eso resulta extraño que un gobierno, cualquiera sea este, reciba en el despacho presidencial a la plana mayor de la SIP. Si no es extraño, al menos es sospechoso cuando esa plana mayor se instala casi como una cofradía, con todos sus rituales, en un espacio de poder y al mismo tiempo, de dientes para afuera, se proclaman el contrapoder y -con tantas pompas- la oposición a todo régimen porque se autodenominan un “factor ético”.
Si es cierto lo que dicen sobre ese encuentro sostenido la semana pasada de que pusieron algunas condiciones para la compra de los medios incautados, como aquello de que solo serán negociables donde no existan acciones de los trabajadores, queda claro que el propósito no es ni siquiera “coadyuvar” a la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Por todos es conocido que ni la SIP, ni la AEDEP, ni la AER ni la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador, aceptan una ley, se rigen por el principio de que “la mejor ley es la que no existe”. ¿O será que llegaron con el mensaje de que si aprueban una reforma, para “dorar” la LOC significará un claro reto a todos estos gremios con sus consecuentes efectos políticos? ¿Podrán contemplar al menos un mínimo de regulación o será que aceptarían unos mínimos a cambio de buenos contratos de publicidad y un sostenido apoyo financiero (vía exención de impuestos a la importación de papel y otros insumos), además de un pacto político con base en algunas normas ya sustanciadas en otras leyes?
Para todos es conocido que las reuniones de la SIP jamás acarrean buenos resultados para los gobiernos que complacen en recibirlos en sus despachos. ¿O ya olvidamos lo ocurrido con Lucio Gutiérrez que, al apuro y casi a empujones, tuvo que firmar la Declaración de Chapultepec en un hotel de Guayaquil y a las pocas semanas recibió la andanada de presiones y luego contribuciones de la prensa “libre e independiente” para su derrocamiento, a pesar de que la razón de fondo era que no podían abstraerse de la lucha callejera de los forajidos?
Y no está demás señalar que la SIP como un poder fáctico no contribuye precisamente a la democracia participativa y transparente porque al constituirse como tal no le rinde cuentas a nadie y solo vela por sus intereses. Por ahora, queda un amplio espacio de discusión para entender por qué vino al Ecuador esta organización y por qué los gremios de periodistas siguen anclados al aparato mediático conservador como si con ello tuviesen mejores condiciones laborales y de defensa de la profesión, que no vendrán precisamente de un acuerdo con la SIP ni con las empresas de comunicación. De hecho, el despido de periodistas, fotógrafos, camarógrafos, técnicos y todos los que hacen periodismo responsable es un hecho en Ecuador, que seguramente la SIP no habrá puesto en la mesa de Carondelet como una de sus preocupaciones.