Por Ben Norton
Los informes revelan que la Agencia Antidroga estadounidense (DEA) utilizó a conocidos delincuentes para espiar y desestabilizar a los gobiernos de izquierda de Venezuela, México y Bolivia.
Numerosos informes en los principales medios de comunicación han documentado cómo el gobierno de Estados Unidos ha utilizado la Administración para el Control de Drogas (DEA) con el fin de espiar y tratar de desestabilizar a los gobiernos de izquierda en América Latina.
Los planes de intromisión de la DEA han tenido como objetivo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
En estos escándalos, la DEA ha colaborado con conocidos delincuentes, incluidos narcotraficantes y blanqueadores de dinero, para lanzar operaciones encubiertas contra políticos de izquierdas.
Planes de la DEA en Venezuela
Associated Press reveló este mes de febrero que la DEA «envió agentes encubiertos a Venezuela para grabar subrepticiamente y construir casos de narcotráfico contra los dirigentes del país».
Conocida como Operación Tejón del Dinero, se puso en marcha en 2013 con el objetivo de atrapar a altos funcionarios venezolanos en escándalos de corrupción.
AP informó de que la DEA «autorizó transferencias electrónicas ilícitas a través de empresas ficticias y cuentas bancarias con sede en Estados Unidos». Señalaba que estaban implicados «narcotraficantes colombianos».
Como informadores, la DEA reclutaba a delincuentes. La AP escribió (énfasis añadido):
«El Grupo 10 de la División de Campo de Miami de la DEA reclutó a un informante de ensueño: un blanqueador de dinero profesional acusado de desplumar 800 millones de dólares del sistema de divisas de Venezuela mediante un esquema de importación fraudulenta. La actividad ilícita del informante en Venezuela le permitió ayudar a la DEA a reunir pruebas contra el principal objetivo de la operación unilateral: José Vielma, uno de los primeros acólitos del difunto Hugo Chávez, que en dos décadas de servicio a la revolución bolivariana pasó por varios altos cargos, entre ellos el de ministro de Comercio y el de jefe del Servicio de Impuestos Internos de Venezuela.»
El gobierno soberano de Venezuela, elegido democráticamente, había expulsado a la DEA, por lo que esta operación encubierta era una clara violación de la soberanía de Venezuela. Y el propio gobierno estadounidense reconoció que estas actividades violaban el derecho internacional, informó AP.
AP citó a un ex funcionario de la DEA que prestó servicio en Venezuela, quien se jactó: «No nos gusta decirlo públicamente, pero somos, de hecho, la policía del mundo».
La Operación Tejón del Dinero comenzó bajo la administración de Barack Obama, pero se amplió con el presidente Donald Trump.
La administración Trump lanzó un intento de golpe de Estado en 2019, presionando a países de todo el mundo para que reconocieran al golpista Juan Guaidó, nombrado por Estados Unidos, como el llamado «presidente interino» de Venezuela, a pesar de que nunca había participado en unas elecciones presidenciales.
El gobierno estadounidense impuso varias rondas de sanciones y un embargo económico a Venezuela, que devastaron la industria petrolera del país y privaron a Caracas de los ingresos por exportaciones que necesitaba para financiar programas sociales y de las divisas que necesitaba para estabilizar su moneda nacional, alimentando la hiperinflación.
En 2020, el gobierno estadounidense respaldó un intento de invasión de Venezuela. El ataque, conocido como Operación Gideon, fue dirigido por dos antiguos comandos de operaciones especiales del ejército estadounidense.
Uno de los principales golpistas venezolanos implicados en la fallida invasión reveló posteriormente que los golpistas habían estado en contacto con la CIA y otras agencias gubernamentales estadounidenses.
La chapuza de la invasión fue supervisada por una empresa de seguridad privada estadounidense llamada Silvercorp, con sede en Florida y dirigida por un ex comando Boina Verde del ejército estadounidense, Jordan Goudreau.
Goudreau había proporcionado seguridad a los mítines de Donald Trump. Y se reunió con funcionarios del gobierno estadounidense en el campo de golf de Trump en Doral, Florida, para discutir los planes de invadir Venezuela.
Por su parte, Trump se jactó de haber intentado «apoderarse» de Venezuela y saquear sus enormes reservas de petróleo.
En una convención del Partido Republicano en 2023, Trump declaró: «Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos habríamos apoderado de ella; habríamos llegado a todo ese petróleo; habría estado justo al lado».
El asesor neoconservador de seguridad nacional de Trump, John Bolton, se jactó igualmente en una entrevista de 2022 en la CNN de haber «ayudado a planear golpes de Estado» en Venezuela y «otros lugares».
Mientras tanto, el líder golpista Juan Guaidó, respaldado por Estados Unidos, y sus cómplices fueron ampliamente acusados de corrupción extrema.
Incluso los antiguos partidarios de Guaidó en la oposición de derechas de Venezuela se volvieron contra él, acusando a Guaidó y a sus aliados de gastar enormes sumas de dinero de la ayuda humanitaria en clubes nocturnos caros, hoteles, coches, ropa, comida y alcohol.
Los aliados golpistas de Guaidó también utilizaron los bienes públicos que EEUU, Reino Unido y la UE robaron al gobierno y al pueblo venezolano para pagar sus enormes costas judiciales.
Planes de la DEA en Bolivia
Venezuela no fue, ni mucho menos, el único país latinoamericano objetivo de la DEA para la desestabilización.
En 2008, el presidente socialista de Bolivia elegido democráticamente, Evo Morales, expulsó a la DEA.
Morales fue el primer presidente indígena de un país donde la mayoría de la población es indígena.
Acusó a agentes de la DEA de espiar a su gobierno y de colaborar con grupos violentos de la oposición de derechas.
«Había agentes de la DEA que hacían espionaje político (…) financiando a grupos criminales para que actuaran contra autoridades, incluso contra el presidente», dijo Morales, en declaraciones recogidas por Reuters.
En aquel momento, los funcionarios estadounidenses rechazaron las acusaciones de Morales calificándolas de disparatada teoría de la conspiración.
Pero en 2015, el Huffington Post reveló que, de hecho, agentes de la DEA habían estado espiando a Morales y al Gobierno boliviano, como parte de una operación encubierta llamada «Operación Rey Desnudo».
Para justificar su intromisión, la DEA acusó engañosamente a Morales de apoyar el narcotráfico, porque legalizó la producción de coca, una planta que puede utilizarse para fines no relacionados con las drogas, como en infusiones y medicinas.
Muchos campesinos pobres, especialmente en las zonas de mayoría indígena de las que Morales era originario y a las que representaba, dependían de la producción de coca.
Vice News informó en 2016 de que, después de que Morales legalizara la coca, «hay menos violencia, menos cocaína e incluso menos coca en Bolivia que antes».
Morales criticó el doble rasero de la DEA, señalando que compró 45.000 kilos de coca en 1992.
«Durante nuestro Gobierno, el modelo de lucha contra el narcotráfico fue aplaudido y reconocido por la ONU y la UE», tuiteó Morales en 2020.
«Ahora se someten a la CIA y a la DEA en beneficio de los intereses geopolíticos de EEUU», añadió, condenando al entonces gobierno de la ultraderechista no electa Jeanine Áñez por «sumisión» y «corrupción».
En 2019, Morales fue derrocado en un violento golpe de Estado. Con el apoyo de Estados Unidos, llegó al poder un régimen de extrema derecha no elegido, dirigido por extremistas cristianos que discriminaban sistemáticamente a la mayoría indígena de Bolivia.
El régimen golpista de Bolivia, respaldado por Estados Unidos, también pretendía privatizar las enormes reservas de litio del país sudamericano. Bolivia es uno de los principales productores mundiales de litio, un material esencial para la fabricación de baterías.
Cuando un usuario de Twitter criticó al multimillonario CEO de Tesla, Elon Musk, en 2020 por su apoyo al golpe de Estado en Bolivia, el oligarca respondió: «¡Golpearemos a quien queramos! Acéptalo».
En 2021, Morales afirmó que «para la CIA y la DEA la llamada ‘guerra contra las drogas’ es una excusa para atacar a los gobiernos progresistas y antiimperialistas. Es una pantalla para cubrir sus intereses geopolíticos».
El ex dirigente boliviano, que fue espiado y objetivo de una operación encubierta de la DEA, señaló un escándalo similar destapado en México.
Esquemas de la DEA en México
A lo largo de décadas, la DEA se ha visto implicada en repetidas ocasiones en operaciones ilegales de espionaje en territorio soberano mexicano, dirigidas contra funcionarios gubernamentales y políticos, especialmente de izquierdas.
El pasado mes de enero, el medio de comunicación estadounidense ProPublica publicó un artículo en el que se afirmaba, sin pruebas concretas, que los aliados del principal político de izquierdas de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recibieron dinero de los cárteles de la droga para intentar ayudarle a ganar las elecciones presidenciales de 2006.
El informe reconoció: «La investigación no estableció si López Obrador sancionó o siquiera sabía de las donaciones reportadas por los traficantes».
Más tarde, AMLO ganó las elecciones de 2018, y desde entonces ha sido uno de los presidentes más populares del planeta, gobernando durante cinco años con el apoyo constante de alrededor de dos tercios de la población mexicana, según la firma estadounidense Morning Consult.
AMLO tachó el artículo de ProPublica de «vil difamación» y «propaganda», y sugirió que buscaba influir en las próximas elecciones mexicanas de 2024. La candidata Claudia Sheinbaum, del partido izquierdista Morena de AMLO, lidera todas las encuestas, con un amplio margen.
El artículo de ProPublica no ofrecía pruebas tangibles, sólo insinuaciones que intentaban vincular a AMLO con el crimen organizado. Pero sí reveló que, en 2011, en vísperas de las elecciones mexicanas de 2012, «agentes de la DEA propusieron una operación en la que ofrecerían 5 millones de dólares en supuesto dinero del narcotráfico a operativos que trabajaban en la segunda campaña presidencial de López Obrador».
Es decir, la DEA se inmiscuía descaradamente en la política interna de México para perjudicar al candidato de la izquierda, ante la proximidad de unas elecciones presidenciales.
ProPublica también admitió que «funcionarios del Departamento de Justicia de EE.UU. cerraron la investigación, en parte por la preocupación de que incluso un enjuiciamiento exitoso sería visto por los mexicanos como una atroz intromisión estadounidense en su política».
El periodista estadounidense radicado en México, Kurt Hackbarth, señaló que la «única revelación real en el artículo de ProPublica de esta semana es el complot de la DEA para inculpar a la campaña de AMLO en el período previo a las elecciones de 2012».
«A diferencia del Rusiagate, aquí hay un intento de buena fe de intervenir en unas elecciones extranjeras, admitido libremente», añadió.
En un hilo de Twitter de seguimiento, Hackbarth enfatizó: «Tomémonos un segundo y apreciemos las implicaciones de esto. En el preciso momento en que el Secretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genero García Luna, estaba coludido con el Cártel de Sinaloa -del cual la DEA no vio ni escuchó nada malo- en cambio estaban enfocados en esta estúpida operación encubierta contra AMLO».
Calderón, ex presidente conservador del partido derechista mexicano PAN, era un estrecho aliado de Estados Unidos, por lo que no se enfrentó a graves consecuencias por sus vínculos documentados con los cárteles de la droga.
AMLO, por su parte, es un líder de izquierdas independiente que ha criticado sistemáticamente a Estados Unidos por violar la soberanía de su país.
En 2023, el presidente mexicano envió al gobierno de Joe Biden una carta en la que condenaba formalmente el «intervencionismo» estadounidense en su país. En concreto, AMLO señaló que USAID estaba financiando a grupos opositores de derechas.
En otro discurso de ese año, AMLO condenó las críticas del Departamento de Estado como una «intromisión» hipócrita y afirmó: » Hoy hay más democracia en México que en Estados Unidos… porque aquí gobierna el pueblo y allá gobierna la oligarquía».
Asimismo, AMLO celebró un gran mitin en el que denunció a los congresistas republicanos que han pedido al ejército estadounidense que invada a su vecino del sur. Mientras honraba la nacionalización por parte del Estado mexicano de las grandes reservas de petróleo y litio del país, AMLO declaró: «¡México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos!».