Por Virgilio Hernández Enríquez & Fernando Buendía G.
INTRODUCCIÓN
Desde el ascenso al gobierno del expresidente Lenin Moreno (mayo/2017), han transcurrido seis años y medio de un desordenado retroceso de los avances en derechos, institucionalidad y desarrollo, alcanzados durante la década anterior (2007-2017), producto de catorce victorias electorales consecutivas.
El reflujo empezó con el sorpresivo cambio de Moreno, que ganó la presidencia como progresista el año 2017, y a continuación impulsó una agenda oculta fundada en una inconstitucional consulta popular, la persecución judicial a líderes de su movimiento y la aplicación de políticas de ajuste estructural, regresivas de derechos. Esta actuación fue cubierta por una continua campaña mediática que instaló una polarización política en la sociedad. Entre otros efectos contraproducentes, esta política generó un proceso de desinstitucionalización que permitió que grupos vinculados al narcotráfico penetren las más altas esferas del Estado y controlen extensas zonas del territorio.
A pesar de todo, a lo largo de este período se mantuvo un alto nivel de respaldo al “correísmo”, quien actuó como principal fuerza de oposición, particularmente durante el Gobierno de Guillermo Lasso, a quien llevó a juicio político. Para evitar su destitución, el primer mandatario recurrió a la convocatoria a elecciones generales anticipadas, mecanismo introducido en la Constitución de 2008, conocido como “Muerte Cruzada”, que permitió una salida democrática a la crisis que vive Ecuador.
Cambio de curso y discurso de la campaña en primera vuelta
Con el antecedente favorable de las elecciones seccionales de febrero/2023, las elecciones generales -efectuadas el 20 de agosto y 15 de octubre pasados, se presentaron desde un inicio auspiciosas para la candidata de la Revolución Ciuadadana, Luisa González, única representante del progresismo en estas elecciones. A dos semanas de los comicios, varias encuestas le otorgaban la victoria en primera vuelta. Entre los siete binomios restantes tres se disputaban el segundo lugar Otto Sonnenholzner; Yaku Pérez y Jan Topic, mientras que más retrasados en las intenciones de voto aparecían disputando el quinto lugar, Fernando Villavicencio, Daniel Noboa, Xavier Hervas y Bolívar Armijos.
El criminal asesinato de Villavicencio ocurrido once días antes de la primera vuelta, cuyas primeras investigaciones, a pesar de la torpeza con la que aparentemente se han llevado, demuestran que fue una operación planeada con anticipación y que contó con la “negligencia” de la seguridad oficial del candidato, modificó el tablero electoral, pues, a los minutos de ocurrido el crimen, las redes sociales fueron inundadas con mensajes que culpabilizaban al correísmo del asesinato, mientras que los canales de televisión se conectaban en directo durante varias horas, y se difundían mensajes elaborados para exacerbar la matriz de odio contra el correísmo. Más allá de que no existió ninguna evidencia ni remota de esta acusación, el efecto medido a través de la encuesta diaria de “tracking” mostró la caída de más del 10% del apoyo a la candidata González entre el 9 al 14 de agosto, cuando empieza recuperarse lentamente.
El atentado criminal impactó en el voto blando de González, quien frente al recrudecimiento “mediático” de la confrontación correísmo-anticorreísmo, optó por cambiar su inicial apoyo a la candidata progresista y se inclinó por Daniel Noboa que “aparecía” como no contaminado y que venía desarrollando una campaña millonaria para posicionarse para el 2025 -según sus declaraciones-.
Pasados los días, González tuvo una significativa recuperación para alcanzar el 34% y triunfar con más de 10% de los votos, para disputar el ballotaje contra el binomio Noboa-Abad que llegó con el 23%; además, la RC obtuvo el 38% de asambleístas.
LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL
Al iniciar la campaña de segunda vuelta, la candidatura de Daniel Noboa empezó con una intención de voto cercana al 60% -medido en las encuestas-, con el apoyo de las élites económicas y políticas, incluido el presidente Lasso y el expresidente Moreno, pero empezó a declinar conforme transcurrieron los días, principalmente por su mala actuación en el debate presidencial y por su agenda continuista con las políticas regresivas de derechos de los anteriores gobiernos; pese a su millonaria campaña en redes sociales, activaciones territoriales que incluían la entrega de víveres, regalos y dádivas, lo que está expresamente prohibido por el Código de la Democracia (Art. 204) e incluso, propaganda subliminal de la “avena quaker” con el famoso deportista de UFC, Marlon Chito Vera, en plena veda electoral. La tendencia de caída acercó las distancias entre los candidatos, hasta el punto de empate técnico, una semana antes de las votaciones.
Sin embargo, nuevamente, el acto terrorista perpetrado contra siete sicarios, responsables del asesinato de Villavicencio y la visibilización mediática de un falso testimonio, de un “testigo protegido” de la fiscalía que insinuaba responsabilidad del correísmo, activó nuevamente el miedo, sobre todo en indecisos, facilitando, otra vez, la reconfiguración del tablero electoral.
Más allá de la necesaria evaluación que debe realizarse de la campaña electoral y del análisis de los datos de la última elección sobre la derrota presidencial de la candidata del progresismo, hay factores estructurales que no pueden ignorarse, para comprender la pérdida del partido Revolución Ciudadana en segunda vuelta, a pesar de ser el Movimiento más estructurado, con presencia territorial en todo el país y que será la primera minoría en la Asamblea Nacional con 53 de 137 asambleístas, en la próxima legislatura; entre estos factores señalamos:
a. El sistemático asedio con la estratagema de “judicializar” a la revolución ciudadana y mantenerla en el fango de lo litigioso, que alimenta la idea del conflicto y la opacidad; no se puede olvidar que, en la campaña del 2021, incluso el Fiscal General de Colombia, viajó a Ecuador a entregar información d una supuesto financiamiento ilegal del ELN a la campaña de Andrés Arauz a la Fiscal General del Ecuador y que, en esta campaña han vuelto a poner en escena diferentes casos como el Singue, Dhruv, Gabela; que, independientemente de cómo se resuelvan, generan preocupación, distracción y colocan la idea en el elector, que RC busca el poder para resolver problemas propios y no los de la gente.
b. La intervención y penetración de las mafias en las altas esferas del Estado y en el proceso electoral. El asesinato de Fernando Villavicencio, cambio el curso y discurso de la campaña electoral en la primera vuelta y posteriormente, una semana antes de las elecciones de segunda vuelta, el asesinato de 6 personas en diferentes cárceles del país, relacionadas con el caso Villavicencio, incidieron en el voto de los indecisos y en la incertudumbre hacia la Revolución Ciudadana (RC).
c. En los últimos seis años se ha ido construyendo una fuerte pulsión cultural anti progresista, apoyada por una campaña sistemática de desprestigio a la RC que inunda los medios de comunicación y las modernas redes sociales, para “impedir” el regreso de los “correístas”. Esta lógica viene acompañada de un discurso en el que se mezclan desde el anticomunismo, la retórica anticorrupción, la criminalización de la protesta o la cantaleta de la pérdida de las libertades, empujando a la sociedad hacia una “derechización” y también hacia la apatía y el hartazgo, especialmente de los más jóvenes y los más pobres. Este cambio cruza a todos los sectores de la sociedad, incluidos aquellos de los que se esperaría “conciencia de clase”, como obreros o indígenas. Solo por mencionar un dato que debe ser analizado cabe preguntarse ¿hacia donde fue el voto nulo del 16% de las elecciones del 2021 frente al 7,8% de las actuales?, lo que a su vez confirma, que en las elecciones prevaleció la polarización con criterios de selección distintos a la identidad social, étnica, de género o peor aún, de lo que se entiende por clase social.
d. Un factor central que no se puede ignorar es el empobrecimiento de gran parte de la población, pues, según la CEPAL, cerca de la mitad de los ecuatorianos se encuentra en condiciones de pobreza y extrema pobreza, cuya condición de precariedad genera una profunda desconfianza hacia el sistema político democrático y hacia los actores políticos; por lo que fácilmente sucumben en ilusionarse con las propuestas de “los candidatos nuevos” que no les recuerdan los problemas reales; o como diría el analista Antonio Ricaurte, simpatizar con los “candidatos medio cojudos” que no hablan como los políticos y por eso resultan atractivos o simplemente distraen, en el marco de la absoluta incredulidad que tiene este sector del electorado de que cualquier fuerza política o candidato, puedan resolver la situación concreta en que viven.
Ahora bien, estos apuntes, de ninguna forma, pretenden responsabilizar al pueblo por sus decisiones, ni a los jóvenes por su desinterés, sino por el contrario, nos interpela por la forma como se enfrentan estos problemas y aquellos derivados de la “espectacularización” de la política contemporánea.
Las votaciones de la segunda vuelta, tuvieron una asistencia del 81% y una reducción del voto nulo a la mitad de las elecciones generales del 2021 (7,8%), evidenciando la enorme polarización que existe. Aunque los resultados favorecieron al candidato Noboa por 4,02% de la votación sobre la candidata González, estos son mejores al anterior ballotaje 2021 para la candidatura progresista (en más de 300.00 votos).
Epílogo
En su cortísimo mensaje al país el día de elecciones, el nuevo presidente electo, no ha dado ninguna señal que indique el rumbo que tomará, por lo que la incertidumbre de los diversos sectores es alta, aunque la asistencia como jefe del equipo económico para la transición presidencial del ex vicepresidente Alberto Dahik, conocido por su ortodoxia neoliberal en la primera reunión de traspaso del poder, el martes 17 de octubre, con el actual Presidente Lasso, si puede indicar el rumbo para la economía y el país, que imprimirá el nuevo gobernante. Así mismo los primeros nombres de su gabinete, corresponden con personas del entorno de su empresa que carecen de experiencia en la gestión pública, por lo que necesitarán de tiempo de aprendizaje, del cual no dispone el nuevo gobierno. Habiendo sido elegido para gobernar dieciocho meses, el nuevo gobierno que debe posesionarse en los primeras semanas de diciembre o antes, tiene severos límites de tiempo y oportunidad política para cumplir con grandes objetivos como el de pacificar el país, que en estas circunstancias, no hacen referencia solo a la violencia verbal que caracteriza a la política ecuatoriana, ni siquiera al conflicto ejecutivo-legislativo agudizado en los últimos seis años, sino a la necesidad imperiosa de recuperar el poder del Estado para rescatar territorios que viven al margen del Estado de derecho y bajo las reglas que imponen los grupos mafiosos; de la misma forma, es fundamental desarrollar políticas redistributivas que permitan enfrentar la creciente pobreza y desigualdad social; así como políticas inmediatas para enfrentar emergencias, como la amenaza del Fenómeno del Niño, que según se ha anunciado, podría ser uno de las más rigurosos de los últimos años.
La Revolución Ciudadana ya ha anunciado, a través de Luisa González, que contarán con sus votos y apoyo, en todo aquello que signifique alternativas para enfrentar los problemas de inseguridad, la falta de reactivación económica o para la generación de empleos, pero que de la misma manera, se mantendrán vigilantes, de que se cumplan las promesas de campaña y que no se afecte los intereses del país o disminución de los derechos de las mayorías como precarizar más aún la situación de la educación, la salud o seguridad social; ahora le corresponde al nuevo Presidente Daniel Noboa optar por un programa que coadyuve a la unidad nacional o profundice la desintegración, la violencia y la desigualdad social.