El viernes 14 de junio ocurrirá la primera huelga general al gobierno Bolsonaro. Antes han ocurrido tres manifestaciones importantes: dos oponiéndose a los cortes presupuestarios en la educación, del orden del 30%, y una apoyando al gobierno. Las dos primeras fueron manifestaciones de los estudiantes, básicamente universitarios y profesores; fueron masivas, en todas las capitales y sorprendieron a todos. Sumado las cifras daban algo como un millón de personas en la primera manifestación, convocada por los profesores y funcionarios de la educación y algo menos en la segunda, convocada por los estudiantes. La tercera manifestación, que ocurrió un domingo entre las dos manifestaciones, fue pequeña o no tan pequeña, según quien la describa, probablemente fue bastante inflada por las fotos y por el discurso de las redes y de los periódicos, algunos de los que son bastante fieles al gobierno, por la publicidad. Ya algunos comentaristas se asustaron por el tamaño que alcanzó en Río de Janeiro o São Paulo pues significaba el apoyo al proyecto proto-facista de Bolsonaro de un grupo pequeño pero radicalizado. Este el escenario principal de la nueva fase del conflicto social y político en Brasil.

En medio, lo que está en juego ahora, es la propia continuidad del plan del gobierno Bolsonaro, que es el pleno re-establecimiento de las reformas neoliberales en Brasil. La primera victoria ocurrió esta semana cuando el Supremo Tribunal de Justicia autorizó la privatización de todas las subsidiarias de las empresas estatales, lo que es un eufemismo para la venta de las mismas, sin que el gobierno tenga que pedir autorización al Congreso. Y el gobierno no perdió la oportunidad para anunciar rápidamente la privatización de la empresa de correos, la misma que cuenta con aproximadamente 500.000 empleados, ¡un nada! Teniendo en cuenta la impresionante incapacidad del gobierno para establecer cualquier negociación en el Congreso, incluso teniendo una mayoría de apoyadores entre los diputados, esta autorización del tribunal es un pase libre para que se ponga en venta el Brasil.

La más esperada de las reformas del gobierno es la reforma de la seguridad social, reforma que incluye un radical proceso de transformación del régimen de jubilación que pasaría del actual, que es de reciprocidad, donde trabajadores activos pagan a los trabajadores pasivos, a un régimen de total capitalización, donde los trabajadores depositan mensualmente una suma que es administrada por bancos o aseguradoras y reciben lo acumulado. A más de eso un proceso de negociación para los que aún estarían sobre el anterior régimen de jubilación, con nuevas reglas para la edad de la jubilación, donde básicamente hace imposible jubilarse con un porcentaje alto del salario y con una edad inferior a los 65 años, edad que iría aumentando conforme aumente la esperanza de vida de las personas, esto es cada año.

Entre los comentaristas sobre los males que traería esta reforma de la seguridad social, una de las más esclarecedoras es la experta Maria Lucia Fatorelli, que ya participó de la auditoría ciudadana de la deuda externa del Ecuador y de Grecia. Para Fatorelli, el grave problema de este plan es que por detrás se halla el proceso de crecimiento de la deuda interna del Brasil. Este proceso que comenzó el año 2016 con el golpe a la expresidenta Dilma Rousseff, o un poco antes con las manifestaciones del año 2013, tuvo como efecto el aumento brusco de las tasas (llamadas SELIC) que paga el Banco Central por los títulos de la deuda interna del Brasil, en la medida de que estos aumentaron de 7,2% al año en 2012 para un máximo de 14,25% en 2016, el año del golpe, hasta el nivel actual de 6,5%. El efecto que ha tenido esta política fiscal es que la deuda pública pasó de 60% del PIB en 2013 a 83% del PIB en 2019. Así lo que está ocurriendo es un proceso financierización que prácticamente ha devorado el capital industrial y productivo del Brasil transformándolo en un país de rentistas y haciendo que desaparezcan a velocidad impresionante las industrias brasileñas. Por ejemplo, entre 2014 y 2017 se perdieron 12,5% de los empleos solamente en la industria.

Así, tras las mil máscaras y horrores diarios del gobierno, que no le han servido más que para hacer del presidente de Brasil un personaje rechazado en todo el mundo, tal como se evidenció en su última vista a la Argentina, se esconde una de las mayores transferencias de renta que se han producido en América Latina, parecida a la que está ocurriendo en la Argentina. En esta hora se juega Brasil su viabilidad como país, como nos advierte Fatorelli. Lo grave de retirar del Estado brasileño a los bancos esos recursos es la vuelta de las temidos efectos sobre la población más pobre, basta ver las cifras publicadas por el Atlas de la Violencia (a semana que pasó) sobre el aumento de los asesinatos, 4,6% de aumento en 2017, que corresponden a 180 muertos por día, de los cuales 65% eran jóvenes negros.
La huelga general está siendo convocada para el viernes 14 de junio, y parece que va a superar las expectativas de los organizadores. Resta ver si será suficiente como para detener un gobierno que, tal vez, esté en sus últimos momentos.

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