Orlando Pérez
No ocultan su felicidad. Sienten el goce pleno. Y ese goce ni siquiera nace de su propia cosecha. Les llega de quien les ganó en las elecciones con otro programa y con un plan que, supuestamente, daría continuidad a la defensa de los derechos alcanzados, las conquistas sociales plasmadas y, sobre todo, el respeto a la Constitución legitimada en dos consultas populares.
Ya hubo problemas con la democratización de la comunicación en el gobierno anterior. Hasta hoy no se entiende por qué no se dio paso al concurso de frecuencias. ¿Qué pasó con el Cordicom? ¿Qué pueden decir de su inoperancia, inmovilidad y/o irresponsabilidad los consejeros que pasaron por esa instancia estatal con obligaciones concretas? ¿Fueron presionados para no hacer o solo para hacer lo que era formal y políticamente correcto y con eso no afectar a los grupos mediáticos?
Ahora los gremios empresariales de la comunicación audiovisual aplauden una decisión ni siquiera legal. Por la fuerza de los hechos y de la supuesta “opinión pública” el concurso de frecuencias, como ordena la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), por orden constitucional, ha quedado anulado, con claros beneficios para quienes ahora apoyan al gobierno y reciben de él este beneplácito.
Una lucha de décadas, que solo pudo concretarse en la década pasada, tras la aprobación de la Constitución de Montecristi y la LOC. Una lucha, además, continental de los movimientos sociales, por efecto de esa concentración de medios y frecuencias para favorecer a grupos empresariales y en contra de unos postulados originados en las disposiciones y sugerencias de organismos mundiales como la Unesco y la misma ONU.
Entonces, ¿dónde quedan las radios comunitarias y su legítimo derecho a una distribución democrática de las frecuencias para el desarrollo local, territorial, social, regional y sobre todo para el impulso de los procesos culturales? ¿Seguirán siendo medios de tercera, sin apoyo ni estímulo estatal para someterse a las grandes corporaciones y de familias en pueblos y ciudades anclados a los poderes financieros y comerciales? Pues, ahí tendrán la palabra sus organizaciones sociales, que todo este tiempo han permanecido ausentes en el debate político.
Y qué decir de los medios públicos. Quedarán en el olvido y gracias a la Secom ni siquiera obtendrán una garantía para su supervivencia, apenas si podrán seguir como órganos oficiales de difusión gubernamental.
Por lo pronto entonces queda claro: quienes perdieron las elecciones, los mismos que criticaron ácidamente el proyecto de Alianza PAIS, son los ganadores de este proceso de desgaste y erosión de la Constitución para favorecer una lógica empresarial, mercantil y privada que fue la tónica hasta el año 2006, donde la partidocracia se imponía por la fuerza de los hechos, aunque en su discurso decía favorecer la democratización. Chau concurso de frecuencias y chau democratización…