Por César Paz-y-Miño
Por la experiencia al estar inmerso en el desarrollo científico del Ecuador y relacionado con el trabajo de intelectuales, académicos, educadores universitarios y científicos, y como producto de varias conversaciones y discusiones con personas del área, he recogido algunas ideas sobre las necesidades de desarrollo de la ciencia nacional y lo que se esperaría de un candidato presidencial ganador.
Estamos inmeros en una hegemónica “cultura de privilegios”, contruída en la prevalencia de la ideología de las élites, que falsea la realidad y estrangula la generación de una amplia conciencia colectiva a favor de los principios y valores humanistas de equidad, redistribución y justicia, recogidos en la Constitución de 2008.
Consecuentes con las necesidades de desarrollo de la educación superior, la investigación, la ciencia y tecnología, es ineludible apuntalar una propuesta que impulse a este sector estratégico del país, por los beneficios que su consolidación, autonomía, independencia, soberanía y progreso significan para el Ecuador y la región. En esta línea, es de esperar que exista una oferta política que refleje un compromiso hacia el colectivo de científicos e intelectuales, y a los intereses que nos identifican y que a grandes rasgos se fundamenta en:
1) Fortalecimiento del Estado y sus instituciones que sustentan la Educación, Ciencia e Investigación (E+C+I). Estamos claros que se debe privilegiar el sector público (Institutos públicos de investigación e Instituciones de Educación Superior públicas), con participación del sector privado alineado a los intereses sociales mayoritarios, que se traduzca en la resolución de problemas nacionales.
2) Las acciones deberían apuntar al fortalecimiento regional y fuerte asociación entre países con intereses similares para el desarrollo no dependiente de lo foráneo, y que por tanto, permita consolidar la E+C+I de interés público, abierto y libre.
3) Complacería que el nuevo gobierno se apegue al menos, al cumplimiento de la Ley Orgánica de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código Ingenios), que asegura inicialmente el desarrollo de la E+C+I, que deberá consolidarse con normativas urgentes y trasparentes. La Ley es clara al contemplar que al menos el 6% de los presupuestos de universidades deben orientarse a investigación, lo cual comprometerá a su incremento. En este sentido deberá instaurarse una vigilancia rígida de cumplimiento.
4) Será positivo un desarrollo de E+C+I a partir de una inyección directa de financiamiento a sectores o grupos científicos y académicos, claramente identificables porque se han destacado en su trayectoria y su productividad en la ciencia. Sumado a la proposición de proyectos concursables en áreas de interés nacional y regional que vigoricen las prioridades del país, recogidas ya en planes de desarrollo nacional.
5) Deberá respaldarse el desarrollo y despliegue de la tecnología para incentivar y mejorar la investigación en todas las áreas: ciencias básicas, aplicadas o sociales, y su articulación con una visión basada en la epistemología contemporánea que permita superar la compartimentación y fragmentación de las ciencias y sus actores.
6) Es urgente que el Estado contribuya a las ciencias, no solo con recursos destinados a la investigación y a la formación de investigadores, sino también mediante la permanente atención, vigilancia y formación de archivos, bibliotecas, repositorios digitales, museos y otros medios públicos de materiales, documentos, libros y bienes de distinto tipo, que sirvan como fuentes primarias para los investigadores, asi como el acceso amplio y popular a la ciencia.
7) Se requiere impulsar mecanismos de publicación y difusión de resultados para conocimiento de la ciudadanía, mediante vías idóneas de indización nacional que permitan reconocer y promover la calidad de la producción científica ecuatoriana y regional.
8) Las instituciones públicas deberían estar obligadas, sin restricciones ni reservas, a contar, detallar y abrir las bases de datos, estadísticas de todo tipo, documentos variados, información digitalizada, páginas web y documentos públicos de interés u obtenidos con dineros públicos, que sirvan para la indagación profunda sobre las realidades del país, con cuyos resultados incluso podrán orientarse mejor las acciones de gobierno y administración.
9) Es sustancial que se cumplan las leyes que obligan a que la información estatal sea de acceso y conocimiento público, con la meta de transformar un tradicional comportamiento en el país, caracterizado por la resistencia a que la información de utilidad social sea difundida y conocida, lo que abona a un entorpecimiento en las acciones de beneficio social. Se debería terminar con la burocratización de los procesos engorrosos del Estado para impulsar y desarrollar investigaciones.
10) Es imperativo que la política se aleje de la toma de decisiones que no se basen en el conocimiento científico.
11) Resulta esencial la revisión permanente del sistema de E+C+I en las metodologías, las orientaciones curriculares, las formas de evaluación y demás elementos constitutivos de la educación general y de la investigación, tomando en cuenta que es prioritario el desarrollo de la educación pública amplia y de calidad, así como la investigación de Estado.
12) Será clave la formación específica de personal de alto nivel con interés nacional y vinculación laboral real y oportuna, para desarrollar el sector E+C+I. Los programas de becas, intercambios científicos puntuales y redes de científicos y educadores, son un buen camino para el crecimiento nacional, si se priorizan áreas aplicables en nuestro medio. Los dineros públicos bien reorientados a las necesidades identificadas para apoyar su progreso, son urgentes.
Aunque esta lista es corta y general, se plantea como indispensable que se fortalezcan vínculos y redes profesionales que apunten a metas comunes de interés nacional mayoritario. La pandemia que estamos atravesando nos deja la enseñanza de que el Estado y sus instituciones son las llamadas a resolver las emergencias, fortaleciendo el sector público que por esencia tiene interés social, en contra a veces de intereses privados o peor aún particulares. La ciencia es el mejor camino para resolver los problemas del país de manera soberana, por tanto es obligación impulsar su auge.