Por Danilo Paz Ballivián
Independientemente de la poderosa influencia que tienen las encuestas de opinión anteriores a la elección, en este caso de gobernaciones y municipios, particularmente de las ciudades del eje (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz), que inducen a la población a votar por una opción que tenga posibilidades antioficialistas, las clases sociales sub alternas sorprenden siempre con un voto por los representantes nacional populares.
La secular presión que ejerce la oligarquía nativa y el capital transnacional, a través de un sector de la clase media profesional, presente en las instituciones como medios de comunicación (conductores y analistas de radio, prensa, televisión y redes sociales), sistema educativo (maestros y docentes de primaria, secundaria y universidad), jerarquía de la Iglesia, comités cívicos, partidos políticos y asociaciones ciudadanas conservadoras y liberales, colegios profesionales (particularmente el de médicos), ONGs el invertido CONADE, los sectores subalternos se empoderan en las gobernaciones y municipios en distintos grados.
Por de pronto, el MAS gano en 3 gobernaciones (Cochabamba, Oruro y Potosí), quedando pendientes de una segunda vuelta 4 departamentos (Pando, La Paz, Chuquisaca y Tarija), en los que se enfrentaran otra vez el MAS con la oposición. A nivel de municipios el MAS gano en el 70% de ellos, sin embargo, pierde en 8 de las ciudades capitales, fenómeno que muestra el dominio territorial del MAS, por un lado, pero por el otro, que el discurso conservador y liberal de este sector de la clase media profesional logro cierta unidad de la oposición en torno a candidatos no deseados ni por ellos mismos, como veremos más adelante.
Esta clase media profesional, cuantitativamente mínima en relación a la clase media que vive de su economía, que con propiedad se denomina pequeña burguesía (Pierre Bourdieu), tienen el poder de influir en la opinión pública creando un discurso estereotipado sobre el régimen nacional popular que gobierna por una década y media Bolivia, con una interrupción de un año del régimen de facto, que pretendió liquidar lo avanzado en 14 años del Proceso de Cambio. Este discurso o narrativa de oposición, en síntesis, califica al gobierno del MAS como autoritario, centralista y corrupto, con el añadido de antiecológico, machista y de racista a la inversa, para justificar su accionar político antioficial y tratar de involucrar a otras fracciones de la clase media citadina.
Lo cierto es que esta clase media profesional de viejo cuño, que vive de sus conocimientos y especialidades y no de su economía (Pierre Bourdieu), estuvo relegada y perdió su poder de influencia política por más de una década, al mismo tiempo que fue sustituida progresivamente por una nueva generación comprometida con el Proceso de Cambio. La reacción de esta fracción de la clase media desplazada va cambiando en este largo proceso: Primero, el discurso opositor estaba centrado en señalar que no existió una verdadera nacionalización del gas, que se quebró la seguridad jurídica y en consecuencia se liquidó la posibilidad de la inversión extranjera. Por lo demás, el gobierno estaba en manos de inexpertos, por lo que su poder seria efímero (2006 – 2009).
Segundo, posterior a la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (2009), la narrativa opositora señala que la Constitución era del MAS y que el gobierno destruyo el Sistema de Partidos y el país paso a conformar el bloque del Socialismo del Siglo XXI, con los riesgos del bloqueo y el monopartidismo, en fin, el peligro de la venezuelizacion del proceso (2009 – 2016). Tercero, a partir del extemporáneo referendo de 2016, el discurso opositor se radicaliza y el portavoz sigue siendo esta clase media profesional. Sus consignas son la de inexistencia de la independencia de poderes, incluido el Tribunal Supremo Electoral, el incumplimiento del Art. 168 de la Constitución Política del Estado y, sistemáticamente se muestra solo los gastos “suntuarios” de la bonanza económica (Casa del Pueblo, museo de Orinoca, Avión Presidencial, Sedes Sindicales y las canchitas de futbol), sin mencionar que estos representan menos del 5% de las inversiones, ocultando que el 95% restante fue invertido en caminos, prospección e industrialización del gas, hidroeléctrica, agua para consumo y riego, infraestructura de educación y salud y subsidios a la producción nacional (2016 – 2019).
Cuarto, un año antes de las elecciones generales de 2019 el antioficialismo se extrema, aflora un anticomunismo parecido al de la década de los 60, con una lógica anterior a la caída del Muro de Berlín y, un racismo discriminatorio absurdo en un país de indios y mestizos, que no es denunciado por esta clase media profesional, al contrario son ellos los que magnifican el papel de las plataformas 21F, el bloqueo de “pititas” y la intervención de la juventud cruceñista y la resistencia cochala, al grado de atribuirles la caída de Evo Morales, cuando lo que ocurrió fue un golpe de Estado de los representantes de los Comités Cívicos de Santa Cruz y Potosí (Fernando Camacho y Marco Pumari) facilitado por las Fuerzas Armadas y la Policía.
El año 2019, no se centra en la discusión de propuestas electorales, se da por establecido que el MAS tiene para ello la Agenda 20 – 25 con una supremacía del Estado y, la oposición con variantes, el desarrollo del libre mercado con la supremacía de la inversión privada. La clase media profesional en cuestión, directa o indirectamente, abierta o veladamente, simulando una neutralidad o denunciando sin pruebas, difunde una narrativa antigubernamental más agresiva. Los calificativos de autoritarismo se elevan a dictadura, el centralismo a anti autonomista, la reelección a prorroguismo, la inversión pública a gasto discrecional, las empresas estatales a elefantes blancos, los poderes del Estado a serviles al gobierno, el padrón electoral a la base del fraude, en fin, que pese a la bonanza económica habríamos tenido una década y media perdida.
La contundente victoria del MAS del 18 de octubre del 2020, echa por tierra todo el discurso conservador y liberal de esta clase media profesional. El fraude del 2019 nunca existió, la dictadura, corrupción y prorroguismo se mostró al desnudo en el gobierno de Jeanine Añez, que ellos mismos contribuyeron a establecerlo. Una cosa lleva a la otra, ahora en pleno proceso de elección de gobernaciones y municipios, que por fin concluirá con la segunda vuelta en 4 gobernaciones el 11 de abril, esta clase media se ve obligada a mantener un discurso político que no creen ni ellos mismos. Contra toda lógica y evidencia empírica, siguen manteniendo que el año 2019 existió un monumental fraude y que el gobierno de Jeanine Añez es resultado de una sucesión constitucional. Como si esto fuera poco, tienen que reconocer que, hoy por hoy son representados por Jhonny Fernández, Manfred Reyes Villa e Iván Arias, minimizar las masacres de Sacaba y Senkata y callar sobre el separatismo de Fernando Camacho.