Por Roberto Marchán
La noche del 11 de septiembre del 2001 el 43 presidente de Estados Unidos, George W. Bush se presentaba ante las cámaras de televisión para dar un mensaje al pueblo estadounidense y al mundo, este mensaje se motivó por los ataques que, haciendo uso de aviones civiles, impactaron contra el World Trade Center de la Ciudad de Nueva York y el Pentágono en Washington D.C, generando miles de muertes en su mayor parte civiles, y que más que su valor militar para sus autores, tenían un enorme valor simbólico puesto que estaban encaminadas a generar un ambiente de inseguridad en el pueblo estadounidense en su propio país.
En su discurso Bush dijo:
“Estos ataques deliberados y mortales que fueron llevados a cabo contra nuestro país, fueron más que actos de terrorismo fueron actos de guerra. Esto requerirá que nuestro país se una en una determinación y firmeza inalterables. La libertad y la democracia están bajo ataque”.
Sobra hacer un repaso sobre las consecuencias que se derivaron de esta encendida retórica donde se unen los conceptos de terrorismo y guerra, y van definiendo como el “enemigo” a derrotar al extremismo islámico poniéndole como equivalente del terrorismo. Todos sabemos lo que significó para el mundo está retórica bélica, si hacemos un ejercicio midiendo sus costos en términos de desestabilización de Estados, destrucción de infraestructura básica y muertes de millones de vidas alrededor del mundo, en especial en Irak, Siria y Afganistán y África.
Ahora bien, el tema que hay que tener presente es que el terrorismo es una acción no un sujeto un grupo o persona. El uso del terror es una acción que tiene como propósito intimidar o ejercer coerción a gobiernos o poblaciones con la amenaza de la violencia (ONU); por tanto, es una pavorosa estrategia que puede ser utilizada por cualquier grupo u organización de cualquier orientación, que usa el terror como medio de coerción a una sociedad para obtener sus fines. Es interesante cuando se estudia el fenómeno del terror, descubrir que esta estrategia ha sido utilizada por muchas organizaciones de diverso origen y orientación política en determinados momentos para obtener sus fines. Por lo tanto, el uso del terror no es consustancial a una corriente política, social o religiosa.
Por otra parte, la guerra y el terrorismo, si bien tienen características similares en cuanto al uso de la extrema violencia, sus motivaciones políticas e ideológicas, corresponden a ataques deliberados, y significan una degradación de los derechos, en especial el derecho a la vida, por tanto los dos fenómenos son actos de lesa humanidad. También son diferentes en especial porque la guerra tiene determinadas reglas que están establecidas en el derecho internacional humanitario y el derecho de la guerra, lo que generalmente significa la identificación clara de un enemigo contra el que se va a combatir y finalmente destruir, algo que en el caso del terrorismo es difuso puesto que es una acción que puede ser realizada por cualquier individuo o grupo, incluso por el mismo Estado.
Es en este punto se visualiza el enorme riesgo que existe cuando se pretende equiparar los términos terrorismo y guerra, forjando la idea de que la utilización de tácticas terroristas se constituye en una declaración de guerra y por tanto se justifica el uso de fuerzas y tácticas militares. De esto sobran pruebas de destrucción indiscriminada alrededor del mundo en nombre de la “guerra contra el terrorismo” lanzada por Estados Unidos y sus aliados a partir de ese 11 de septiembre.
El día 27 de abril del año 2023, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE), que es el máximo organismo de toma de decisiones en el ámbito de seguridad en nuestro país, emitió un comunicado donde establece cuatro puntos:
1. Declarar al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a su seguridad integral, como está concedido en la normativa internacional y la legislación ecuatoriana.
2. Declarar que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme, con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 de la Constitución de la República.
3. Recomendar al Presidente de la República expedir un decreto ejecutivo, estableciendo medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano.
4. Levantar la reserva sobre esta resolución.
Este documento fue precedido por el nombramiento en funciones estratégicas del Estado, Asesor de Seguridad y Secretario de Seguridad, de dos generales en retiro de las Fuerzas Armadas, con un alto perfil y prestigio en el ámbito militar y académico, uno más que el otro. Por lo tanto son dos hechos que están íntimamente relacionados, por lo que es necesario detenerse un momento en analizar las características del pensamiento alrededor de estos dos personajes.
En el Ecuador, como en el resto de América Latina, a partir de la década del sesenta del siglo pasado, se estableció de la mano de los Estados Unidos, inmerso en su lucha ideológica, política y militar en contra de la Unión Soviética (URSS), una serie de conceptos doctrinarios en relación a la defensa que se conocieron como la “Doctrina de la Seguridad Nacional”. En muy breves términos, esta doctrina trajo consigo dos ideas fundamentales: por un lado la noción de que sin seguridad no puede existir desarrollo, lo que significó que las Fuerzas Armadas asuman para sí labores de “desarrollo” que no son de su naturaleza; y por otro lado, la noción de que además de existir un enemigo externo al que combaten las fuerzas militares, como cuando otro Estado afecta a la seguridad nacional, también puede existir un “enemigo interno” el cual simplemente es aquel que intenta desestabilizar el equilibrio interno de un Estado.
La noción del “enemigo interno”, se afianzó de tal manera en el pensamiento militar latinoamericano que sobre esta base se construyó un entramado ideológico donde todo aquel que se oponga de alguna manera al Estado, se constituía en un enemigo al que las fuerzas militares debían combatir con medios y tácticas militares de guerra (incluso el uso del terror de estado). Como era de esperar en el escenario de la Guerra Fría, se calificó como“enemigo interno” a todos aquellos que se oponían a la realidad social y económica predomínate, generalmente eran grupos de izquierda y en particular al socialismo y al comunismo. Esto dio víalibre para realizar los peores actos de represión en contra de las personas que piensan diferente y que se sucedieron en Latinoamérica durante el siglo pasado.
A partir de la década del noventa y en especial durante este siglo, se ha luchado desde fuera y desde dentro de las instituciones miliares para erradicar la idea del “enemigo interno”, bajo la noción de que las disputas políticas e ideológicas dentro de un Estado no se solucionan con acciones militares, sino que son el ámbito de acción de las fuerzas policiales y de una visión basada en la seguridad ciudadana, donde debe primer la idea de que los ciudadanos NO son enemigos, sino que son sujetos sociales que requieren ser juzgados en función de una estructura jurídica y legal.
Es cierto que la situación de seguridad en la que se encuentra el Ecuador, y que se desató a partir de que se desmontó la institucionalidad alcanzada en el ámbito de la seguridad a partir del gobierno de Lenin Moreno bajo la excusa de la reducción del tamaño del Estado, con el dogma de “menos estado más libertad”, puede ser considerada dramática, y que se ha instalado en la sociedad ecuatoriana la apremiante idea de que bienes básicos de una sociedad como son la paz, la tranquilidad e incluso la vida, se encuentran amenazados. Esta realidad se ha convertido en una presión social que exige un gobierno, de pocas luces, una actuación decidida para superar esta realidad. La situación de inseguridad es tal, que la sociedad está en unescenario donde toda acción del gobierno que aparente encaminarse a una respuesta decidida en contra de esa realidad será aplaudida y festejada, como en efecto parece que sucede en estemomento.
Sin embargo, esta presión social no puede significar una vía libre para que el gobierno implemente acciones y políticas que van en contra de lo que seha avanzado en seguridad, tanto en los conceptos como en las acciones para garantizar una mejor convivencia dentro de la sociedad. Cuando ya habíamos dejado atrás la idea de la seguridad nacional y pasado a los conceptos de la seguridad humana y a la seguridad integral, volvemos con las ideas del “enemigo interno” que son consustanciales a las acciones que se están llevando a cabo. Esto significa un retroceso fundamental para retornar hacia momentos que se pensaba que habían quedado superados en el tiempo.
Es evidente que el declarar al “terrorismo” como amenaza al Estado, abre el camino para que a corto plazo se declare a ciertos grupos como “terroristas” por parte del gobierno, los que al inicio serán los grupos de delincuencia organizada. Esto a su vez abre la puerta para que las el gobierno declare la “guerra” contra esas organizaciones y habilite el uso de la fuerza letal y las tácticas militares en contra de todo aquello que parezca que forma parte de esos grupos. Y digo “parezca” puesto que una de las características de este tipo de grupos, es que no usan uniforme o algún tipo de distintivo que permita identificarlos con claridad como tales, por lo que estamos a puertas de dar inicio a un momento donde las víctimas de esta guerra puede ser cualquiera a los que las fuerzas militares o los agentes del Estado, crean o consideren que es un“terrorista”.
Otra de las graves posibilidades es que en adelante, cualquier grupo u organización social puede llegar a ser considerada como “terrorista” por parte del Estado, basta un decreto del gobierno y esto en un ambiente de polarización y conflicto social como el actual, es la mejor manera para viabilizar la represión violenta a las diversas formas de protesta social legítima.
La respuesta a la realidad que vivimos, no debe estar exclusivamente en el ámbito de la militarización de la seguridad, rescatando viejas doctrinas superadas en el tiempo. Se requiere de la acción decidida de todo el Estado partiendo de una política de publica que en un ámbito multidimensional privilegie la posibilidad de rescatar a los ciudadanos de caer en las garras del delito y para eso se requiere una decidida acción policial, judicial y social que implica inversión y recursos humanos, tecnológicos y económicos. Sin este tipo de acción y confiados de solo dar una respuesta militar,estamos condenados a deteriorar aún más la realidad social y de seguridad del país.
Como vemos, de la misma manera en que aquella noche del 11 de septiembre del 2001 un discurso abrió un camino obscuro de muerte y destrucción en el mundo; el 27 de abril del 2023, se ha abierto una puerta que puede tener terribles consecuencias parala paz y en la estabilidad del país, lo que solo el tiempo nos dejará apreciar, ojalá que me equivoque.