Para combatir necro/narcopolítica de los gobiernos neoliberales se requiere que caminemos juntas las fuerzas sociales y políticas. Si se analiza con detenimiento la concordancia entre la resolución de la CONAIE y el Programa de Gobierno de la Revolución Ciudadana del binomio Luisa González y Andrés Arauz es de un 99%. A continuación, se presenta un análisis de las afinidades, coincidencias o puntos en comúnentre ambas agendas políticas.
¡Que nos una la lucha compartida por un Ecuador digno, soberano y sin odio!
Palabras de la candidata a la Presidencia Luisa Gonzáles sobre la Resolución de la CONAIE: https://twitter.com/DanielGranjaEc/status/1701230958106538379?s=19
Punto 1:
Resolución de la CONAIE:
Exigir al Estado ecuatoriano el cumplimiento inmediato de las disposiciones emanadas por las Consultas Populares que dieron la victoria a la preservación del Yasuní y el Chocó Andino, una vez proclamados los resultados oficiales por el Consejo Nacional Electoral y conforme a lo establecido en el dictamen No. 6-22-CP/23, emitido por la Corte Constitucional.
Plan de Gobierno de la RC:
Plan de Medio ambiente
253.Fortalecer el Ministerio del Ambiente para que cumpla efectivamente su rol como garante de los principios ambientales y los derechos de la naturaleza.
254.Realizar un Plan de Emergencia para recuperar nuestro patrimonio natural y potenciar la biodiversidad.
255.Potenciar la ejecución de una Estrategia Nacional de Cambio Climático, articulando en el territorio las intervenciones para la adaptación y mitigación.
256.Elaborar políticas de Estado para combatir el cambio climático y sus impactos, tanto a nivel de país como en ámbitos internacionales.
257.Conservar y asegurar el uso sostenible del aire y la biodiversidad del país, del mar territorial y los territorios ancestrales.
258.Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas, lo que comprende, entre otras acciones, la administración de bosques, combatir la desertificación, y detener y revertir la erosión de la tierra y la pérdida de biodiversidad.
259.Fortalecer la acción del país en la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible, e impulsar agendas para el Buen Vivir como parte de las alianzas regionales e internacionales.
260.Promover la reducción de emisiones de gases que contribuyen al cambio climático.
261.Fomentar la sustitución, mediante productos ecuatorianos, de derivados del petróleo, plásticos y productos petroquímicos.
262.Promover la reducción del consumo de derivados del petróleo plásticos y productos petroquímicos.
263.Promover bienes y servicios ecosistémicos para sustituir las materias primas de exportación por productos con valor agregado.
276.Trabajar en conjunto con los Pueblos Originarios para garantizar en sus territorios de manera completa e integral, tanto sus derechos del Buen Vivir, como los derechos de la naturaleza.
Nota: La candidata a la presidencia de la Revolución Ciudadana se ha manifestado explícitamente que hará respetar la voluntad del pueblo sobre su pronunciamiento a la consulta popular sobre el Yasuní y el Chocó. Se adjunta video sobre el primero.
Punto 2.
Resolución de la CONAIE
Establecimiento de políticas estatales y reformas legales que limiten el modelo extractivista, como fuente principal de ingresos públicos, y preparen las condiciones económicas para transitar a un modelo productivo basado en el desarrollo integral de la población y el respeto a la naturaleza, teniendo como base la agricultura.
Programa de Gobierno de la RC
Transición energética
289.Garantizar a todos los ecuatorianos el acceso a energía confiable y sostenible como un derecho humano fundamental.
290.Avanzar en el cambio de la matriz energética y productiva del Ecuador enfatizando en la demanda de energías alternativas para incentivar el cambio de patrones de consumo.
291.Recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas como un sector estratégico del Estado.
292.Intervenir en viviendas para promover la eficiencia energética y la reducción de la factura de electricidad. Entre otras acciones, fomentar la instalación de cocinas a inducción, sistemas de agua caliente eficientes e iluminación de bajo consumo.
293.Establecer un Plan Nacional de Movilidad Alternativa, que establezca políticas para incentivar la movilidad con energías limpias y tecnologías alternativas, con criterios de inclusión social.
294.Establecer líneas de ayudas directas a la inversión en pequeñas y medianas instalaciones renovables.
295.Establecer líneas de inversión público-privadas de alto impacto para desarrollar nuevas tecnologías que apoyarán la implantación de autos eléctricos o que funcionen con energías alternativas, como baterías y motores, tecnología del hidrógeno, redes inteligentes e innovaciones sociales para favorecer la movilidad.
296.Implementar ayudas y estímulos para la compra de vehículos eléctricos, híbridos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles.
297.Crear redes inteligentes de infraestructuras de recarga.
298.Construir infraestructura pública de movilidad para energías alternativas, como un tren eléctrico para el transporte de carga y de pasajeros que conecte a todas las capitales provinciales.
299.Aplicar en el sector público y apoyar en el sector privado las actividades productivas y de aprovechamiento de los recursos naturales con el uso de las mejores prácticas y tecnologías disponibles para el cuidado ambiental, considerando alternativas de diseño eco-eficientes que optimicen el uso de agua, energía e insumos y manejen las emisiones y residuos generando procesos y productos más limpios.
300.Implementar estrategias de reindustrialización verde y economía circular, para crear empleo en industrias con impacto positivo sobre el entorno y actividades de gestión de la contaminación, los recursos y la biodiversidad, con prioridad en las zonas con problemas de empleo.
301.Regular los oligopolios energéticos, cambiando las condiciones de la subasta de manera que las energías renovables (más baratas) tengan una retribución estable y marquen el precio, y no las energías más caras, como sucede actualmente.
302.Reivindicar el derecho humano a un ambiente sano regulando la contaminación del aire y la acumulación de sustancias tóxicas, sancionando la polución, realizando planes de salud ambiental y estimulando medios de transporte no contaminantes.
Punto 3.
Resolución CONAIE
Solicitar al Estado la Moratoria inmediata y Auditoría integral, con la participación de la Corte Constitucional y una veeduría ciudadana especializada, a todas las concesiones mineras otorgadas en suelo ecuatoriano, verificando el cumplimiento del marco constitucional, derechos colectivos, derechos de la naturaleza, y daños ambientales ocasionados.
Programa de Gobierno RC
135.Auditar y, en los casos necesarios, detener y revertir los procesos de concesión, privatización y venta de activos públicos en los sectores caracterizados por monopolios naturales (p. ej. telecomunicaciones, transporte aéreo, sector postal, etc.). En estos sectores, el Estado deberá siempre intervenir de forma activa mediante la regulación o la participación directa a través de empresas públicas.
Punto 4
Resolución CONAIE
Establecer una Comisión Plurinacional de la Verdad y Justicia, junto a organizaciones de pueblos y nacionalidades, trabajadores, mujeres, jóvenes, diversidades, que investigue las violaciones a DDHH a la población durante los levantamientos indígenas y populares de 2019 y 2022.
Programa de Gobierno RC
115.Establecer mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en la gestión de la seguridad ciudadana, asegurando que las violaciones a los derechos humanos sean investigadas de manera exhaustiva y que los responsables sean llevados ante la justicia.
Punto 5
Resolución CONAIE
Exigir al Estado la recuperación, repotenciación y financiamiento del sistema de salud pública. No toleraremos ningún intento de volver un derecho adquirido en mercancía. La Salud seguirá siendo pública, contará con los recursos y personal profesional y especializado. Requerimos la regulación y control en el precio de las medicinas y servicios de salud privados (incluidos los seguros médicos), como también la regulación de los procesos precontractuales y contractuales en la adquisición de medicinas e insumos para el sistema de salud pública.
Programa de Gobierno de la RC
58.Ampliar el presupuesto para la atención a la salud como obligación superior del Estado. Garantizar planes presupuestarios para que las casas de salud ya existentes puedan recuperar sus funciones con calidad.
59.Reincorporar al personal sanitario de medicina y enfermería y al personal asistente que fueron despedidos ilegalmente en los pasados años, y asignar salarios dignos para el personal de salud.
60.Garantizar el derecho a la salud como un deber primordial del Estado, que debe proveer a los ciudadanos las oportunidades para mantener un grado máximo de salud.
61.Fortalecer las políticas que son determinantes para el mantenimiento de la salud, como la infraestructura sanitaria, el acceso a medicamentos y servicios médicos, asegurar el agua potable para todos, el alcantarillado, la seguridad alimentaria, la educación, la cultura física, el trabajo, el ambiente sano, el hábitat saludable y la vivienda adecuada, etc.
62.Apoyar a los GAD, para lograr la dotación universal de agua potable o segura, alcantarillado, recolección de basura, adecuado tratamiento de desechos sólidos; y potenciar acciones de promoción como propiciar la actividad física, la recreación y los hábitos saludables, a fin de contener y disminuir las enfermedades prevenibles.
64.Desarrollar una estrategia multidisciplinaria e intersectorial hacia la erradicación de la violencia intrafamiliar, la violencia de género, y todas las formas de violencia en los ámbitos privados y públicos.
65.Consolidar el Sistema Nacional de Salud, teniendo como base la Atención Primaria de Salud, dando verdadera prioridad a la promoción y prevención, al logro de acceso equitativo, universal, oportuno, continuo, en base a las especificidades étnicas, culturales, por ciclo de vida, de género y territoriales, consolidando la articulación intersectorial y la participación ciudadana, en los diferentes niveles de atención. Esto implica la atención gratuita y también la constitución de redes integrales de atención que incluyan los diferentes niveles de complejidad, involucrando todos los recursos existentes tanto públicos (MSP, IESS, FFAA, otros) como privados, bajo la rectoría y regulación de la Autoridad Sanitaria Nacional.
66.Incluir a las unidades de salud privadas como prestadoras de servicios médicos a través del Estado y bajo un sistema único de salud, respetando criterios de eficiencia y transparencia.
67.Fortalecer a las unidades de salud, tanto hospitales como otras unidades de salud en general, en cuanto a infraestructura, personal, equipamiento, provisión de insumos y medicamentos según su nivel de complejidad; y retomar el cumplimiento de estándares internacionales de calidad.
68.Establecer presupuestos anuales y plurianuales para mantener los equipos e instalaciones hospitalarias, que al momento están en casi completo abandono y deterioro. No a los contratos de adquisición de equipos médicos sin presupuesto de mantenimiento preventivo y correctivo durante la vida útil de los equipos.
69.Invertir especialmente en el primer nivel de atención, para lograr que cada unidad operativa tenga la capacidad de conocer, adscribir y cuidar a los individuos, familias y comunidad que están a su cargo de manera participativa; y que esta sea reconocida como la puerta de entrada al sistema de salud. Las unidades operativas de primer nivel deben poder garantizar la obtención de coberturas máximas en acciones de promoción y prevención que tienen bajos costos y gran efectividad, como las inmunizaciones, el control prenatal, la planificación familiar, etc..; pero también en atención, vigilancia e intervención comunitaria e intersectorial, para garantizar el cumplimiento de metas en salud en sus zonas de cobertura.
70.Blindar cualquier posibilidad de privatización de los hospitales del Estado.
71.Atender con prioridad la salud sexual y salud reproductiva, que involucra a la calidad de vida de toda la población (temas como muertes maternas, VIH, embarazos no planificados, embarazo precoz, violencia contra la mujer, etc.)
72.Priorizar la implementación de estrategias para la atención en salud inclusiva de grupos poblacionales diversos en términos de edad, etnia, género, condición económica, privación de libertad, discapacidad. El análisis de las necesidades específicas de cada grupo determina una mayor sensibilización y conocimiento de la realidad de la vida de las personas y esto favorece el avance en la calidad de la atención en general y la cobertura universal.
73.Constituir un equipo de estudio y planificación con técnicos experimentados del MSP, que no estén en el día a día de la gestión de salud y que se dediquen exclusivamente a definir estrategias efectivas para contribuir a su implementación, en el ámbito nacional, el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural, cuyo desarrollo sufrió un retroceso en la actual administración.
74.Retomar la formación de personal de salud de acuerdo con las necesidades de atención de la población del país y al Modelo de Atención Integral de Salud, dando especial atención a los Direcciones Distritales, instancias fundamentales en la organización del trabajo para operativizar el modelo de atención integral de salud, a nivel territorial.
75.Impulsar la producción de medicamentos genéricos a través de industrias nacionales en el campo de la integración regional.
Punto 6
Resolución CONAIE
Exhortamos la urgente implementación de una política pública para erradicar la desnutrición infantil, para la nación es esencial garantizar y proteger el futuro de los niños, niñas y adolescentes.
Programa de Gobierno de la RC
63.Priorizar el desarrollo de una estrategia intersectorial eficiente y efectiva para luchar contra la malnutrición.
76.Priorizar la inversión de los niños y niñas durante la primera infancia, para lo cual se creará el Ministerio de Desarrollo Infantil Integral y se declarará la emergencia de la niñez: articulando un sistema integrado de atención a la primera infancia y organizando redes de gestión que mejoren las acciones estatales y amplíen las políticas públicas sociales, culturales, de salud, educación, cuidado y vivienda.
77.Declarar la emergencia alimentaria y nutricional, lo que incluye aumentar el presupuesto de los programas alimentarios del Estado y el presupuesto para los comedores y huertas escolares, comunitarias y familiares; implementar una canasta básica de primera infancia.
Punto 7
Resolución CONAIE
Recuperación y Fortalecimiento del sistema de educación público, comunitario e intercultural en todos los niveles. Determinación de políticas estatales que hagan de la educación un derecho fundamental de la población, no una mercancía. Recuperación de la infraestructura pública de las unidades de educación a nivel nacional. Dotar a la educación intercultural y educación intercultural bilingüe pública de herramientas acordes a las nuevas tecnologías de la informática y comunicación.
Programa de Gobierno de la RC
Ciudadanía con educación
33.Cumplir con la preasignación presupuestaria constitucional para la educación e incrementar la inversión educativa.
34.Garantizar el derecho de los estudiantes a una educación pública, de calidad y gratuita en todos los niveles educativos, desde el inicial, educación general básica, bachillerato y tercer nivel universitario.
35.Garantizar los derechos de los docentes ecuatorianos para mejorar la calidad educativa, fortalecer su trabajo mediante la regulación de la carrera docente y el escalafón, que reivindique derechos y responsabilidades como:
i.Política salarial con una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos en todos los niveles educativos.
ii.Estabilidad docente en todos los niveles y modalidades.
iii.Promoción, movilidad y alternancia docente.
iv.Profesionalización, actualización, formación continua para el mejoramiento personal, pedagógico y académico.
36.Fortalecer e incrementar los Institutos de Educación Superior.
37.Revisar los modelos pedagógicos para incentivar el pensamiento crítico en los estudiantes.
38.Revisar el Plan Decenal educativo para el fortalecimiento del sistema educativo nacional.
39.Garantizar la cobertura universal de la oferta educativa pública a nivel nacional, bajo los principios de equidad social, territorial y regional.
40.Implementar políticas para facilitar el acceso universal a los diferentes niveles de la educación, con facilidad de movilidad entre las regiones geográficas.
41.Fortalecer las Unidades Educativas del Milenio (UEM) para garantizar el acceso de la población escolar de las zonas rurales usualmente excluidas de los servicios educativos.
42.Distribuir los recursos para la educación con criterios de equidad social, poblacional y territorial para eliminar brechas y desigualdades étnicas, de género, urbano rural y por condición física.
43.Requerir la rendición de cuentas sobre resultados educativos y gestión de recursos públicos de parte de las instituciones fisco-misionales, artesanales y comunitarias para que, con el financiamiento estatal, estén garantizados los principios de gratuidad e igualdad de oportunidades.
44.Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital.
45.Desarrollar modalidades formales y no formales que permitan oportunidades educativas para personas adultas y la superación del rezago educativo.
46.Enlazar la educación con las necesidades económicas, productivas, sociales, culturales y ambientales del territorio.
47.Mejorar la infraestructura y equipamiento físico y tecnológico de las instituciones educativas.
48.Reducir la brecha tecnológica y de conectividad entre lo urbano, urbano-marginal y rural, mediante la cobertura universal de energía eléctrica, telecomunicaciones e internet en todo el territorio nacional.
49.Recuperar los infocentros como un mecanismo democrático y equitativo de acceso a la tecnología, y mejoramiento educativo de la población rural y urbana de escasos ingresos económicos.
50.Incorporar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el proceso educativo.
51.Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo, y velar por su integridad física, psicológica y sexual de los y las estudiantes.
52.Brindar atención psicopedagógica oportuna y adecuada de todos los estudiantes con capacidades y necesidades especiales del país.
53.Adaptar el sistema de educación rural a la realidad y necesidades territoriales, para potenciar el desarrollo de las capacidades de niños y jóvenes hombres y mujeres rurales, y así generar oportunidades en territorio y garantizar las mejores condiciones para el ejercicio de su derecho a la libre movilidad.
54.Establecer un sistema nacional de evaluación que fomente su mejora continua.
55.Fortalecer y ampliar el Bachillerato Técnico y de los Institutos Técnicos y Tecnológicos Superiores, tanto en calidad como en su pertinencia con las necesidades y potencialidades de los territorios.
56.Mejorar el sistema de nivelación y admisión para el ingreso a la educación superior pública, con criterios de accesibilidad, equidad y justicia social.
57.Establecer mecanismos regulados de becas, créditos, cobros, cuotas de ingreso u otros que permitan la equidad social en el ingreso a la educación superior particular.
Justicia, educación y salud interculturales
243.Incluir progresivamente en los currículos educativos al menos una lengua ancestral y las dimensiones plurinacionales y diversidad cultural e interculturalidad.
244.Fortalecer el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y sus materiales didácticos, con autonomía educativa y financiera, garantizando su producción y distribución en coordinación con los gobiernos comunitarios en los territorios de pueblos y nacionalidades indígenas.
245.Utilizar la lengua de la nacionalidad respectiva como principal en la educación y el castellano como idioma de relación intercultural en la educación intercultural bilingüe.
246.Apoyar e integrar en el ámbito de salud las prácticas de los pueblos. Incentivar la investigación de esas prácticas, valorando el conocimiento ancestral que esta tras de estas, así como los principios activos y recursos de la biodiversidad que se usan.
247.Estimular el desarrollo de teoría jurídica y metodología en la aplicación de la justicia indígena, para articularla de manera congruente con el sistema judicial vigente.
248.Crear la institucionalidad apropiada para la justicia indígena, y formar y capacitar al personal de justicia, particularmente a los jueces que están involucrados en conocer los casos en segunda y tercera instancia.
249.Consolidar los espacios de interlegalidad entre la justicia ordinaria y la justicia indígena como medio para fortalecer los dos ámbitos de realización de la justicia, en la experiencia intercultural.
250.Favorecer la coordinación y cooperación entre justicia indígena y justicia ordinaria, por diversos medios institucionales y jurisdiccionales.
251.Incentivar los espacios de encuentro y formación intercultural a través de la educación formal y alternativa, la cultura y las artes, la acción institucional y la acción ciudadana.
252.Abrir espacios de participación de las nacionalidades en la toma de decisiones respecto a los territorios, con orientaciones hacia el nuevo modelo ecológico y sostenible.
Punto 8.
Resolución CONAIE
Cumplir con la institucionalización de la Universidad Amawtay Wasy acorde a la norma vigente, ratifica el acuerdo.
Programa de Gobierno RC
32.Recuperar las Universidades públicas y las Universidades emblemáticas del país, el programa de becas en el exterior, la excelencia y calidad.
Punto 9
Resolución CONAIE
Exhortar al Estado el establecimiento de políticas y reformas legales que garanticen la propiedad comunitaria y titularización de los territorios ancestrales y la erradicación de políticas que promuevan la acumulación de la tierra productiva en pocas manos. No queremos un Ecuador lleno de “Clementinas”, sino una Reforma Agraria Productiva, Comunitaria y Plurinacional que ponga límite a la acumulación de la propiedad de la tierra en pocas manos.
Programa RC
227.Reconocer y remediar las injusticias históricas cometidas contra los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras minorías, incluyendo la restitución de tierras y recursos, así como la reparación de daños materiales y simbólicos.
264.Ejecutar políticas para reducir drásticamente la inequidad en la distribución de la tierra productiva, de la tierra para vivienda, del agua para la producción, del agua para los hogares.
Punto 10
Resolución CONAIE
Políticas estatales y reformas legales que establezcan incentivos y ayudas fiscales al desarrollo del sector agrícola y ganadero del Ecuador, especialmente para la agricultura familiar y campesina que sostiene la soberanía alimentaria del país. Políticas que determinen protecciones especiales a productos agrícolas que puedan ser afectados por el comercio internacional, análisis de medidas arancelarias y fitosanitarias para defender la producción nacional.
Programa de Gobierno RC
11.Impulsar la soberanía alimentaria fortaleciendo a los productores de la economía popular y de la agricultura familiar que producen buena parte de los alimentos del país. Financiar la producción y las redes de comercialización. Priorizar por parte del Estado la compra de alimentos a organizaciones de la agricultura familiar y la economía popular.
12.Reactivar políticas públicas para la producción agrícola con los precios de sustentación, mediante la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) como medio de protección a los pequeños agricultores.
Punto 11
Resolución CONAIE
Exigir al Estado el establecimiento de políticas estatales y reformas legales que limiten el abuso de los bancos privados: a) transparentar el costo y utilidades de la banca privada, b) reducción de la tasa de interés del sistema bancario, c) reestructuración y condonación de deudas para los sectores populares y productivos, y d) definición de tributos especiales a las ganancias extraordinarias de la banca privada. Se exija la condonación de las deudas en base a la ley
Programa de Gobierno RC
8.Apoyar a la economía, dando prioridad al sector social y solidario: créditos sin interés, acceso preferencial a las compras públicas, aplicación de las Resolución 014 de la Superintendencia de Control de Mercado (que obliga a las cadenas de supermercados grandes a que al menos del 25% de sus compras sean productos de la EPS), mecanismos de liquidez a través de las instituciones de Finanzas Populares, diferimiento de pagos, apoyo al desarrollo de herramientas virtuales para promover espacios de negocios en los que entren en contacto directo productores y consumidores, apoyo a los productores de la EPS para incorporar mecanismos que aseguren altos estándares de calidad, apoyar procesos de incorporación de valor agregado, etc.
9.Cuidar particularmente la sostenibilidad productiva y financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas, y empresas de la economía popular y solidaria, estableciendo incentivos tributarios adecuados y mejorando sus condiciones de acceso en el mercado nacional, promoviendo así la sostenibilidad del empleo que genera este sector.
10.Elaborar planes de vinculación científico-tecnológica aplicada para la economía social y popular, que permitan la articulación de diferentes dispositivos tecnológicos y el financiamiento de investigaciones aplicadas y en territorio.
11.Impulsar la soberanía alimentaria fortaleciendo a los productores de la economía popular y de la agricultura familiar que producen buena parte de los alimentos del país. Financiar la producción y las redes de comercialización. Priorizar por parte del Estado la compra de alimentos a organizaciones de la agricultura familiar y la economía popular.
120.Democratizar el acceso a los recursos financieros mediante un fortalecimiento de la banca pública y las finanzas populares como motor de la inversión nacional.
121.Disminuir de manera generalizada las tasas de interés activas en el país, en todos sus segmentos, con especial énfasis en los créditos a las microempresas que desempeñan actividades productivas, en detrimento del crédito de consumo suntuario.
122.Proteger a los sectores articulados a la economía popular y solidaria y fortalecer su posición en el mercado.
Punto 12
Resolución CONAIE
Depuración de las instituciones de seguridad pública y del Estado, establecimiento de politicas estatales para la lucha contra el narcotráfico, las mafias locales e internacionales, las bandas de delincuencia común y lucha contra el terrorismo, dejando de lado la estrategia para deslegitimar la protesta social y la burda y falas estrategia de vincular a las organizaciones sociales y la protesta social con financiamiento ilegal o irregular. Fortalecimiento de la institucionalidad estatal vinculada a la seguridad, con determinación de mando y coordinación y fortalecimiento del sistema de inteligencia para enfrentar a los grupos narcotraficantes y mafias. El sistema de inteligencia no debe servir para perseguir a los dirigentes sociales y políticos.
Programa de Gobierno RC
Ciudadanía en paz
83.Restituir el Ministerio Coordinador de Seguridad y del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y cultos
84.Reestructurar los Ministerios del Interior y de Gobierno.
85.Establecer un nuevo modelo de seguridad ciudadana, basado en la prevención, la reducción de la violencia y la convivencia pacífica con justicia, equidad y derechos humanos.
86.Prevenir el crimen con políticas y programas de prevención del delito que aborden las causas subyacentes, como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la exclusión social, con el fin de reducir las condiciones propicias para la comisión de delitos.
87.Mejorar la capacidad de investigación y persecución del delito. Fortalecer los sistemas de aplicación de la ley y de justicia penal para mejorar la capacidad de investigación, recolección de pruebas y persecución de los delincuentes, garantizando así una respuesta efectiva y oportuna ante el crimen.
88.Promover la cooperación y el intercambio de información sobre actividades criminales y patrones delictivos, entre las instituciones encargadas de la seguridad, tanto a nivel nacional como internacional con el objetivo de prevenir y combatir eficazmente el crimen transnacional y organizado.
89.Reducir la impunidad, garantizando que los delincuentes sean llevados ante la justicia y que se apliquen sanciones proporcionales y disuasorias a sus acciones. Esto incluye fortalecer los sistemas judiciales y penitenciarios, asegurando juicios justos y transparentes, así como implementar medidas efectivas para prevenir la corrupción y la impunidad.
90.Proteger a las víctimas, asegurar la reparación y la rehabilitación. Brindar apoyo y protección integral a las víctimas del crimen, asegurando que tengan acceso a servicios de apoyo emocional, asistencia legal y atención médica. Además, promover programas de rehabilitación y reinserción social para las víctimas que lo requieran.
91.Desarrollar estrategias de inteligencia y tecnología. Utilizar herramientas tecnológicas y análisis de datos para identificar patrones delictivos, anticipar tendencias criminales y fortalecer la capacidad de prevención y respuesta ante el crimen.
92.Educar y concientizar a la sociedad. Implementar programas educativos y campañas de concienciación para promover una cultura de respeto a la ley, los derechos humanos y los valores éticos, así como para sensibilizar sobre las consecuencias del crimen y la importancia de la participación ciudadana en la prevención y denuncia del delito.
93.Organizar la participación y la solidaridad ciudadana, así como los mecanismos de alarmas comunitarias junto con los GAD en todos sus niveles, para restituir y respaldar:
a)Asambleas comunitarias.
b)Botones de seguridad.
c)Alarmas comunitarias.
d)Reapropiación de espacios de encuentro ciudadano.
e)Diagnósticos locales comunitarios
94.Restituir las Asambleas comunitarias de seguridad ciudadana como elemento de información, prevención y veeduría cívica de la acción policial.
95.Promover la mediación y la resolución pacífica de conflictos como alternativas a la violencia, fomentando el diálogo y la construcción de consensos en la sociedad.
96.Sensibilizar y educar a la ciudadanía sobre sus derechos y responsabilidades en materia de seguridad, promoviendo una cultura de corresponsabilidad en la prevención y la solución de los problemas de seguridad.
97.Desarrollar el deporte, la música, las actividades de promoción de la igualdad de género, cultura de paz y el combate al machismo y a la violencia.
Ciudadanía con seguridad
98.Fortalecer el sistema integrado de seguridad Ecu 911.
99.Fortalecer los mecanismos de convivencia en los barrios, la solidaridad entre vecinos y el control por la seguridad.
100.Constituir una agencia especial para combatir los ciberdelitos (más allá de la ciberdefensa nacional).
101.Mejorar la seguridad vial, previniendo los accidentes de tránsito.
102.Establecer un Sistema de Formación en Derechos Humanos para la fuerza pública y guías del sistema penitenciario.
103.Recuperar la gratuidad en la preparación para el ingreso a las FFAA y la policía.
104.Establecer políticas y mecanismos para que las FFAA y la policía cumplan su rol de defensa y protección de los derechos humanos del conjunto de la ciudadanía. Tolerancia 0 con el uso excesivo de la fuerza, la represión de la legítima protesta y el terrorismo de Estado.
105.Garantizar la protección de los derechos y la seguridad de todos los ciudadanos, promoviendo una cultura de respeto a los derechos humanos en todas las actuaciones de las autoridades encargadas de la seguridad.
106.Fomentar la prevención del delito y la violencia a través de programas y políticas integrales que aborden las causas subyacentes de la inseguridad, como la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la falta de oportunidades.
107.Fortalecer las capacidades y la formación de las fuerzas de seguridad para que puedan responder de manera eficaz y respetuosa a los desafíos de seguridad, utilizando métodos basados en el respeto a los derechos humanos y en la aplicación de la ley de manera imparcial.
108.Recuperar la gratuidad en la preparación para el ingreso en las escuelas de la Policía Nacional y Guías Penitenciarios.
109.Impulsar una campaña nacional de renovación (dignificación) de la Policía Nacional como protectora de la población civil, en favor del Buen Vivir, la convivencia pacífica de la ciudadanía y de la defensa de la naturaleza.
110.Actualizar sueldos y salarios de la Policía acordes a la inflación y la realidad económica del país.
111.Realizar un programa intensivo para el crecimiento de la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional
112.Fortalecer y/o crear unidades especializadas sobre lavado de activos, ciberdelitos, tráfico de migrantes, trata, protección de la infancia.
113.Fortalecer la equidad de género dentro de la Institución, con la creación de una Unidad de Mujeres Policías para la prevención, seguimiento e investigación de Feminicidios, Trata de Personas con fines de Explotación Sexual y Violencia contra la Mujer.
114.Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas de seguridad, así como en la supervisión y evaluación de las actuaciones de las autoridades encargadas de la seguridad.
115.Establecer mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en la gestión de la seguridad ciudadana, asegurando que las violaciones a los derechos humanos sean investigadas de manera exhaustiva y que los responsables sean llevados ante la justicia.
116.Fomentar la cooperación y el intercambio de información entre las instituciones encargadas de la seguridad, así como con otros actores relevantes, como organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales, para abordar de manera integral los desafíos de seguridad.
117.Establecer programas de rehabilitación y reinserción social para aquellos que han cometido delitos, fomentando su reintegración en la sociedad y evitando su reincidencia.
118.Evaluar de manera periódica y ajustar las políticas de seguridad ciudadana, basándose en datos y evidencias, para garantizar su eficacia y su adecuación a las necesidades de la sociedad.
Punto 13
Resolución CONAIE
Denunciaremos junto a las organizaciones de trabajadores, cualquier intento de reforma laboral que pretenda precarizar las condiciones de la clase obrera ecuatoriana y favorecer a los grandes capitales. No toleraremos intentos de reducir salarios, aumentar horas de trabajo, o mantener contratos sin estabilidad laboral, horaria o seguridad social, etc.
Programa de Gobierno RC
6.Establecer como principio irrenunciable para cualquier negociación con los acreedores de la deuda pública la prioridad del trabajo digno y el crecimiento inclusivo como condición necesaria para cumplir cualquier compromiso.
Ciudadanía con empleo digno, ingreso básico universal y seguridad social universal
21.Orientar la política laboral hacia la recuperación y mejoramiento de los niveles y la calidad de empleo, poniendo en el centro del modelo el respeto de los derechos laborales, tanto individuales como colectivos, la estabilidad en el trabajo, las condiciones laborales seguras y saludables, los salarios dignos, el tiempo de trabajo compatible con la vida personal, laboral y familiar de hombres y mujeres, los lugares de trabajo libres de violencia y acoso, la protección de la maternidad y el reconocimiento de padres y madres al tiempo para el cuidado y la crianza. Todo ello, vinculado al permanente diálogo social tripartito, con mano tendida de manera permanente a sindicatos y empresarios para fomentar la negociación colectiva.
22.Controlar a las empresas que utilizan plataformas digitales para asegurar que respetan los derechos laborales de las personas a las que emplean en régimen asalariado.
23.Crear el ingreso básico universal para garantizar derechos humanos que permitan una vida digna, y que también contribuya al propósito de reactivar la economía alentando demanda agregada.
24.Crear mecanismos y políticas para integrar a los y las jóvenes expulsados del mundo educativo y laboral. En este marco, se impulsará legislación para reivindicar el derecho al primer empleo joven, con plenas garantías laborales, estrategias de prácticas y formación dual y exenciones tributarias a las empresas que generen empleos formales para los y las jóvenes.
25.Establecer políticas de becas de terminalidad educativa, para la formación y la profesionalización; y créditos para emprendimientos que generen trabajo para los y las jóvenes.
26.Implementar políticas públicas para el sostenimiento simultáneo de las trayectorias educativas y laborales de las y los jóvenes, articulando necesidades y derechos.
27.Implementar políticas públicas contra la discriminación y los estigmas que pesan sobre las y los jóvenes, así como contra las situaciones de segregación y exclusión que condicionan sus vidas, visibilizando diferentes modos de ser joven y reconociendo derechos y diversidades.
28.Promover la economía social, garantizando créditos para maquinarias y herramientas, capacitación, seguimiento y acompañamiento. Fortalecer programa de microcréditos incorporando diferentes escalas y líneas de financiamiento, flexibilizando los métodos, para generar masividad y crear bancas de crédito local y regional con gobiernos locales.
29.Generar obras públicas comunitarias emergentes que vinculen a trabajadoras y trabajadores desempleados.
30.Establecer modelos de vinculación entre planes sociales y trabajo, facilitando que las personas beneficiarias de un plan se inserten en el mercado laboral formal.
Punto 14
Resolución CONAIE
Fortalecimiento de la Seguridad Social y defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. No a las reformas a la Seguridad Social con medidas como: subir la edad de jubilación, e incremento de las aportaciones de los afiliados. Prohibición a que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – BIESS- compre cartera de la banca privada. Que se establezca un plan de pagos de la deuda del gobierno nacional con el IESS.
Plan de Gobierno RC
31.Reformar a profundidad el IESS en favor de las personas afiliadas: cumplir con el aporte estatal; transparentar los cálculos actuariales y tomar los correctivos necesarios, en particular respecto de la estructura y el proceso de designación del Consejo Superior del IESS, para que sea dirigido y administrado por sus afiliados; modernizar la gestión para lograr servicios oportunos y de calidad. Mejorar la cuantía y dignificar las prestaciones.
Punto 15
Resolución CONAIE
Auditoría a la deuda pública incluyendo la deuda con multilaterales, con acreedores privados y con potencias extranjeras, exigir se recupere dineros y bienes de la corrupción y crimen organizado.
Programa de Gobierno RC
5.Realizar una auditoría integral de la deuda pública (externa e interna).
6.Establecer como principio irrenunciable para cualquier negociación con los acreedores de la deuda pública la prioridad del trabajo digno y el crecimiento inclusivo como condición necesaria para cumplir cualquier compromiso.
Punto 16
Resolución CONAIE
Rechazo de las privatizaciones de sectores estratégicos y servicios públicos, abandono total del modelo de austeridad impulsadas por el FMI y el neoliberalismo, reflejado en mayores impuestos para la población, que solo han servido para el pago de la deuda externa.
Programa de Gobierno de la RC
135.Auditar y, en los casos necesarios, detener y revertir los procesos de concesión, privatización y venta de activos públicos en los sectores caracterizados por monopolios naturales (p. ej. telecomunicaciones, transporte aéreo, sector postal, etc.). En estos sectores, el Estado deberá siempre intervenir de forma activa mediante la regulación o la participación directa a través de empresas públicas.
186.Reparar los derechos individuales y colectivos vulnerados por reformas normativas contrarias a la Constitución y a las normas internacionales y decisiones de carácter irregular como la designación irregular de funcionarios, el despido de empleados públicos y la reducción de sus sueldos y salarios.
187.Reivindicar la prohibición constitucional de privatizar bienes públicos y de los sectores estratégicos del Estado, activos y empresas públicas; y de ser el caso, restituirlos.
188.Defender la soberanía nacional y rechazar la aplicación de la extraterritorialidad de la ley: no a los Tratados de Asistencia Recíproca; no a la instalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio; no a la firma de Tratados Bilaterales de Inversión y denuncia de los firmados en los gobiernos anteriores.
Punto 17
Resolución de la CONAIE
Cobro a los grupos económicos que deben 2000 millones de dólares en pago de impuestos, según el Catastro de grupos económicos del SRI, (grupo Noboa debe 88 millones) e implementación de procesos de control ciudadano para garantizar la ejecución de este proceso y la equidad fiscal.
Programa de Gobierno RC
18.Luchar contra la corrupción fiscal y la evasión, estableciendo un sistema de transparencia definitivo para capturar el incremento patrimonial no justificado.
137.Establecer las limitaciones correspondientes para que las empresas dominantes de un mercado particular no puedan operar en mercados adyacentes, sobre todo en aquellos casos que involucren monopolios naturales.
138.Establecer un impuesto más alto sobre las ganancias de las empresas que hayan acumulado rentas monopólicas u oligopólicas durante un prolongado periodo de tiempo. La entidad reguladora del poder de mercado deberá establecer los mecanismos adecuados para la estimación de las rentas que no provengan de las actividades productivas o innovadoras.
Punto 18
Resolución CONAIE
Suspensión del trámite de firmas de tratados de libre comercio hasta que se transparente lo que se ha negociado y no firmar nada que afecte las economías campesinas, los saberes ancestrales de los pueblos, la salud y la producción nacional.
Programa de Gobierno de la RC
Comercio y acuerdos de comercio e inversión
352.Reestructurar el comercio exterior, considerando el escenario internacional: fomentar las exportaciones con criterios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, priorizar las importaciones adecuadas y pertinentes para impulsar el aparato productivo país, buscando el doble efecto de incentivar la producción y el mercado internos.
353.Trabajar en acuerdos comerciales para el buen vivir, que partan de las necesidades sociales que debemos solventar, atendiendo a criterios de complementariedad y cooperación.
354.Rechazar los Tratados de Libre Comercio y los Tratados Bilaterales de Inversión, y revisar los firmados, para asegurar su adecuación a las disposiciones de la Constitución y su compatibilidad con los intereses nacionales. Denunciar aquellos que incluyan condiciones de apertura de mercado asimétricas que benefician a las corporaciones transnacionales en materias como propiedad intelectual, compras públicas y protección de inversiones; y también mecanismos asimétricos de solución de controversias, como los mecanisos de arbitraje inversor-Estado y cláusulas de seguridad de inversiones unilaterales que benefician exclusivamente a dichas corporaciones. Insistir en la prohibición constitucional del arbitraje internacional inversor – Estado.
355.Definir una agenda en la OMC que se alinee a los intereses de los países en desarrollo y proyectándola hacia el futuro, limitando las intenciones de las corporaciones transnacionales de avanzar en sus propuestas sobre propiedad intelectual, protección de inversiones, y últimamente de monopolizar los beneficios de internet y la sociedad digital.