Por Juan Proaño Salgado*
Nos encontramos ante una encrucijada histórica: en las próximas elecciones estaremos optando entre dos proyectos antagónicos de sociedad, una vez más: por un lado, aquel que propone el neoliberalismo de guerra contra la sociedad, gestor del Estado en función de los intereses de las oligarquías locales, foráneas y del FMI –antipopular, antinacional y neocolonial—, representado por Daniel Noboa; y, por otro, la alternativa plurinacional y popular de soberanía política e independencia económica, que procura reconstruir las capacidades del Estado social –planificación, regulación, control y redistribución— en función de las necesidades del pueblo, garantizando derechos y generando condiciones socioeconómicas para una vida digna y segura, representado por Luisa González.
O decidimos permanecer atemorizados e inmovilizados por la violencia y el miedo; abatidos por la pobreza, la migración y el desempleo; humillados por el autoritarismo, el abuso de poder y la injusticia rampantes; defraudados por la mercantilización y degradación de la democracia y el Estado; o, caso contrario, resolvemos colectivamente erigir una sociedad de paz con justicia social, solidaria, inclusiva e igualitaria; de bienestar con salud, educación, trabajo y vivienda dignos y de calidad; restituyendo, conjuntamente, una democracia sustantiva, con un Estado y una justicia comprometidos con el bien común y la emancipación social. Por lo tanto, la elección será entre un proyecto de guerra, muerte y miseria, versus un proyecto de paz, vida y bienestar.
En este breve texto, expondremos algunos datos relevantes e ideas fuerza que nos permitirán llegar a una conclusión categórica: Ecuador debe acabar, en las urnas, con el neoliberalismo de guerra. Lo dicho es válido tanto para el “afuera”, es decir, como reflexión/acción ineludible sobre la dirección que deseamos que tome la realidad social, política y económica que nos rodea y de la que formamos parte; así como para el “adentro”, no en un sentido esotérico, sino para el ejercicio pleno del pensamiento crítico y autodeterminado que, conscientemente, permita poner un obstáculo definitivo a la manipulación de nuestras emociones, a través el miedo y el odio, fabricada por la desinformación y las mentiras dadas por las guerras neoliberales que se nos libran desde el 2017 hasta el presente, y que serán expuestas al final de este documento. La pregunta que guía nuestro trabajo es: ¿quiénes se han beneficiado o se benefician con la continuidad de la guerra neoliberal y quiénes pierden con ella?
Datos sin marketing político
Ecuador precisa un cambio urgente de orientación política, económica, social y cultural, que bregue por eliminar las causas y consecuencias de las guerras neoliberales que nos han traído hasta este trágico presente: casi 26.955 muertes por homicidios desde el año 2017 hasta enero de 2025, donde el 83% de estas (22.430) sucedieron entre el 2021 hasta la actualidad, durante los gobiernos del banquero Guillermo Lasso y el bananero Daniel Noboa. Al respecto, el reciente informe de Human Rights Watch (HRW) –Observatorio de Derechos Humanos— es devastador: confirma que “tras la decisión del presidente Daniel Noboa de anunciar que el país se encuentra en un ‘conflicto armado interno’, las fuerzas de seguridad cometieron graves violaciones de los derechos humanos (…) incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y malos tratos”, donde la desaparición forzada, tortura y asesinato, en manos de dieciséis militares, de los niños Saúl, Josué, Ismael y Steven del barrio Malvinas en Guayaquil, terminó de signar la macabra “guerra en las calles”, en palabras de Noboa, extendida ya no solo como guerra contra el “narcoterrorismo”, sino una “guerra contra el pasado”, donde el candidato/presidente incluye, indeterminadamente, a “grupos (…)[de] la esfera política”, acusando, incluso, a los votantes y representantes de la Revolución Ciudadana de tener conexiones con grupos delincuenciales —copiando la burda, pero no por ello algo efectiva estrategia comunicacional erigida por Lasso en 2022—. Para Noboa, “uno sabe cuándo inicia una guerra, [pero] uno no sabe cuándo la termina”; y agrega: “tiene que haber la actitud real, colectiva, que estamos en una guerra (…); el que logra eliminar al enemigo, es el que gana la guerra”.
Frente a esta retórica y acción guerreristas, donde Noboa también propone una reforma parcial a la Constitución para eliminar la prohibición de que en Ecuador funcionen bases militares extranjeras –aunque, de facto, en Galápagos ya se permite el ingreso de militares estadounidenses— y pide formalmente que fuerzas especiales extranjeras “participen” del conflicto armado interno declarado por él, cabe preguntarse: ¿la guerra de Noboa ha solucionado el problema que dice combatir o lo está agravando, tanto como sus nefastos corolarios sociales? ¿Todos quienes no comulgan con su gobierno son “narco-terroristas”, enemigos a eliminar? ¿Es la continuidad indeterminada de la guerra la solución a la crisis integral que vive el país? Porque, siguiendo con el informe de HRW, “(…) hasta septiembre [de 2024], la policía habría recibido más de 2.000 denuncias por secuestro y más de 10.700 por extorsión [alrededor de 20.000, según datos actualizados]. Uno de cada tres ecuatorianos reporta haber sido víctima de la delincuencia, la cifra más alta de la región. De igual modo, las denuncias por desapariciones involuntarias se ubicaron en alrededor de 7.000 por año, es decir, unas 14.000 personas fueron declaradas en ese estado entre el 2023 y el 2024, de las cuales cerca de 1500 aún no aparecen, y donde el delito de desaparición forzada muchas veces está oculto. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), en su reporte “Desapariciones forzadas en contexto de la militarización en la costa en Ecuador”, señala que ascienden a 27, entre ellas 9 menores de edad, las personas detenidas-desaparecidas por patrullas de las Fuerzas Armadas del Ecuador en el contexto de la militarización decretada por el gobierno de Noboa.
En este sentido, y tras 250 días de estados de excepción y la aplicación del supuesto “Plan Fénix” de seguridad, los resultados de la guerra son casi nulos, ya que “la falta de control estatal, el hacinamiento y las malas condiciones penitenciarias han permitido al crimen organizado controlar las cárceles”, mientras “las instituciones democráticas, en particular el sistema de justicia, siguen siendo frágiles, [y] están marcadas por señalamientos de corrupción y cuentan con escasa capacidad para combatir la impunidad y el crimen organizado”. Lo expuesto, en conjunto con las probadas conexiones entre la mafia albanesa y el gobierno de Guillermo Lasso, redunda en lo que el diario inglés The Economist ha catalogado como el “narcoestado más nuevo del mundo”, donde Ecuador pasó de ser un país de “éxito latinoamericano” (durante el periodo 2007-2017) a “zona de guerra” agudizada entre el 2021 hasta la actualidad, donde tres ciudades ecuatorianas se encuentran entre las 15 más violentas del mundo en 2024, sumado el lavado de cerca de $ 4.000 millones de dólares del narcotráfico que representaría el 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB). En relación con esto último, vale subrayar que los principales bancos ecuatorianos han tenido utilidades récord en un contexto de grave crisis económica, ¿casualidad? Tales falencias en la capacidad de las autoridades civiles, militares y policiales para enfrentar la crisis de seguridad han afectado no solo a las instituciones, sino, principalmente, a la economía y la vida cotidiana de la población, que sobrevive aterrada por extorsiones, robos y sicariatos.
En intrínseca relación con lo mencionado, durante el gobierno de Daniel Noboa la violencia y el deterioro de las condiciones de vida se han exacerbado, además de una serie de flagrantes violaciones a principios constitucionales y a los derechos del Buen Vivir garantizados en la carta política del Ecuador. Sobre esto último, podemos destacar que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, la pobreza a nivel nacional aumentó 2 puntos porcentuales (del 26,0% al 28%); así como la pobreza extrema se incrementó en casi 3 puntos (del 9,8% al 12,7%); mientras que en el área rural se acrecentó tanto la pobreza (del 42,2% al 43,3%), como la pobreza extrema en más de tres puntos (del 23,7% al 27%). En este sentido, la desigualdad aumentó –medida en términos del coeficiente de Gini— pasando de 0,457 a 0,463. En relación con la tasa de empleo adecuado, hubo una disminución de 2,9 puntos porcentuales (del 35,9% al 33%), mientras que el subempleo aumentó 3,3 puntos (del 21,2% al 24,5%). La población con empleo en el sector formal disminuyó en 2,9 puntos porcentuales (del 41,3% al 38,4%), contrariamente al empleo en el sector informal que aumentó en 2,3% (del 55,7 al 58%), es decir, la precarización y vulnerabilidad del pueblo trabajador es radical. En relación con lo expuesto, la canasta básica tuvo un incremento de 1,48%, colocándose en 798 dólares en diciembre de 2024 respecto del 2023, con un Salario Básico Unificado (SBU) de US$ 470 mensuales, que no permite cubrir la misma. Finalmente, la economía decreció tres trimestres seguidos durante el 2024, sin contar el último y más crítico que, debido a la crisis energética, generó pérdidas millonarias para las economías locales y el sector privado, donde un 50% de pequeños y medianos empresarios, de 563 empresas consultadas, reportaron haber sido “severamente afectados”, mientras un 47% adicional experimentó afectaciones moderadas.
De igual manera, Ecuador ocupa el tercer lugar en Suramérica con la mayor prevalencia de hambre, afectando a 2,5 millones de personas, según el Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición de la ONU. Las infancias han sido unos de los sectores sociales más afectado por la violencia estructural generada por el neoliberalismo de guerra, donde los homicidios contra niños, niñas y adolescentes aumentaron 700 por ciento. Según UNICEF, se evidencia un aumento mayor de asesinatos contra niños de 0 a 4 años de edad (248 homicidios) y en adolescentes de 15 a 19 años (468 homicidios). Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas resaltó que “Ecuador retrocede profundamente en derechos de los niños” afectados, principalmente, por la inseguridad y el racismo de aquellos menores que habitan en zonas marginadas o de escasos recursos.
Asimismo, el número de feminicidios y muertes violentas de mujeres (robos, sicariatos, secuestros, violaciones) son extremadamente alarmantes: casi 1600 entre el 2022 y el 2024. De igual modo, alrededor de 80.000 estudiantes abandonaron la escuela durante el 2024 y se estima que los recortes del presupuesto para educación y salud fueron de alrededor de 2.000 millones de dólares. Hacia finales de 2024, se conoció que 1.000 pacientes habían fallecido por falta de pagos del Estado a clínicas de diálisis y otros 24.000 enfermos estaban en riesgo. A todo esto, el gobierno de Noboa subió el IVA del 12% al 15%; violentó y hostigó, de diversas manera, a su vicepresidenta elegida democráticamente; ordenó el asalto a la Embajada de México con fuerzas especiales pisoteando el derecho internacional; activó acciones de represión contra la comunidad de Palo Quemado, Cotopaxi, en defensa de las actividades mineras; incrementó el precio de los combustibles; generó una crisis eléctrica sin precedentes por más de tres meses, con cortes de luz de hasta catorce horas diarias, todo en el marco de un nuevo programa de ajuste estructural con el FMI firmado en mayo de 2024 –los otros son de 2019 y 2020 (en medio de la pandemia Covid-19, generando catastróficas consecuencias)—, lo que explicaría a cabalidad el proceso de destrucción del país y la configuración de un “Estado Fallido” en Ecuador.
En este contexto de crisis económica, social y de seguridad generalizadas, la migración ha sido una alternativa para muchos ecuatorianos/as, siendo el 2024 el tercer año con peor saldo migratorio consecutivo, esto es, más de 94.000 personas han salido del país y no retornaron, mientras que en el 2023 fueron más de 121.000, en 2022 casi 100.000 y en 2021 más de 81.000. En definitiva, alrededor de 400.000 personas, sobre todo jóvenes, han migrado forzosamente dada la crisis integral que vive el país. Revisando estos datos, no quedan dudas: el neoliberalismo se plantea no solo como régimen expulsor, excluyente, violento y empobrecedor, sino como uno de “limpieza social”, clasista y racista, que lleva a cabo una guerra contra la sociedad, mientras aparenta llevar adelante la “pacificación” (armada); sobre todo contra sectores o grupos vulnerables considerados como sujetos/clases indeseables. En suma, en los últimos años Ecuador se ha constituido en una sociedad estructuralmente violenta que, de manera urgente, debe modificar su devenir presente y futuro.
En otras palabras, dicha degradada e indignante realidad está señalando algo demasiado evidente: vivimos en una situación de guerra permanente direccionada de arriba hacia abajo, desde el 2017 hasta la fecha, que ha tenido como objetivo estratégico –en términos de proceso histórico— no solo reorganizar el neoliberalismo como proyecto de dominación política y económica de clase, sino destruir la Constitución de 2008. El régimen neoliberal de dominio y expolio, retomado por Moreno, desarrollado por Lasso y consolidado por Noboa, quiere seguir su curso chorreando lodo y sangre como nunca se ha visto en la historia reciente del Ecuador –teniendo como punto de inflexión y referencia la insurrección popular de Octubre de 2019, donde mostró brutalmente su política de odio y represión contra el pueblo movilizado—, pero ahora con mayor violencia, dado el “narco-neoliberalismo autoritario”, en tanto “opción distópica” reaccionaria de consolidación de un régimen necropolítico, antidemocrático y protofascista de “acumulación para la guerra”, que persigue mercantilizar la democracia y cooptar la institucionalidad para configurar un “narcoestado neoliberal”.
Ante este panorama devastador, ¿qué podemos hacer? Ante todo, dejar de ser cómplices con nuestro silencio u omisión o, peor aun, justificar o tergiversar las nefastas consecuencias del neoliberalismo de guerra por intereses mezquinos; tomando conciencia de que sí es posible elegir, con nuestro voto, una alternativa de paz y bienestar para transformar la sociedad ecuatoriana.
Neoliberalismo de guerra: objetivos y consecuencias
Finalmente, y si bien se requiere de una mayor exposición de conceptos e ideas fuerza, quisiéramos destacar algunas de ellas en relación con lo arriba expuesto, que nos permitan caracterizar de mejor manera al neoliberalismo de guerra, el para qué y contra quiénes se organiza, porque el enunciado “‘es como una guerra’, es una imagen que debe rectificarse de inmediato: ¡es una guerra!”, promovida desde el poder en contra del pueblo. En este sentido, retomamos los planteamientos de la socióloga mexicana María José Rodríguez Rejas, quien establece que la construcción de un orden social neoliberal se da a partir de la relación entre muerte, destrucción y sufrimiento, que adquiere dimensiones y formas propias de una situación de guerra que afectan la seguridad de la población. El neoliberalismo, entendido como capitalismo de guerra, para la autora implica:
a) un proceso de concentración de la riqueza a escala planetaria y nacional sin parangón que, necesariamente, requirió para su conformación del despojo de las arcas públicas, de los territorios y del despojo del territorio-cuerpo (prescindibilidad de la vida);
b) la legalización del despojo y la crueldad en nombre de la seguridad y el crecimiento;
c) impactos vitales y costos humanos de magnitud e intensidad propios de un conflicto armado;
d) la violencia de amplio espectro como ejercicio de poder, sin contención, desbordada, como sucede en la guerra;
e) la conformación de una cultura de guerra que permea la vida cotidiana y que se expresa en la crueldad, característica de una situación de guerra, como práctica sistemática e institucionalizada (políticas de ajuste, destrucción de las instituciones sociales del Estado, criminalización de la pobreza y de la protesta), en la normalización y banalización de la violencia y el sufrimiento, en el miedo y la amenaza como mecanismos de doblegamiento y la cesión de autonomía del sujeto a cambio de seguridad (física, económica, etc.);
f) la violencia social, económica e ideológica son las fases previas que anteceden a la violencia armada; g) desde el poder se administra el caos de la guerra;
h) la polarización social deriva en una guerra de clase que focaliza en los pobres la condición de (potencial) enemigo, sostenida en la ideología del no merecimiento de los pobres.
Por su parte, Pablo González Casanova señala que toda resistencia u oposición al sistema puede ser clasificada como “terrorista” por el neoliberalismo de guerra, defendiendo por las armas y la intimidación una política que ya no puede defender con las argumentaciones. Desde Francia, el Grupo de Estudios sobre el Neoliberalismo y las Alternativas (GENA), complementa estas ideas estableciendo que las guerras del neoliberalismo son, a la vez, guerras en favor de la competencia y en contra de la igualdad. Así,
El neoliberalismo, desde sus orígenes, es el resultado de una opción propiamente fundacional: la opción por la guerra civil. Y esta opción sigue siendo hoy, directa o indirectamente, la que dirige su orientación y sus políticas, incluso cuando estas no implican el uso de medios militares (…) mediante el recurso cada vez más explícito a la represión y a la violencia contra las sociedades, lo que hoy está teniendo lugar es una verdadera guerra civil (…). Desde esta perspectiva, la política puede aceptar perfectamente el uso de la violencia más brutal y que la guerra civil puede llevarse a cabo mediante el derecho y la ley.
De este modo, el neoliberalismo de guerra se organiza como una guerra contra el pueblo promovida desde el poder (económico, político, mediático, militar/policial) e implica un proceso de concentración de la riqueza, acompañado de despojo y privatización de bienes públicos y territorios, y una normalización de la violencia y la crueldad en nombre de la seguridad y el crecimiento. La coacción del orden neoliberal se presenta como una guerra sin contención que se manifiesta en políticas de ajuste, la destrucción de instituciones, la criminalización de la pobreza y la polarización social –al decir del millonario Warren Buffet, “hay una lucha de clases, claro, pero es mi clase, la clase rica, la que está haciendo la guerra, y estamos ganando”—, enfocada en disciplinar y estigmatizar a los sectores populares, generalmente antineoliberales, en tanto “enemigos” potenciales de un sistema que utiliza la fuerza jurídico-política del Estado para consolidar la desigualdad, la explotación y las jerarquías sociales. Se destaca que este modelo implica, también, una guerra cultural e ideológica sostenida por los medios de comunicación hegemónicos y espacios de producción de conocimiento e intelectuales orgánicos del poder neoliberal, que permea la vida cotidiana con el objetivo de crear un “sentido común” neoliberal en la sociedad, que normalice el sufrimiento e injusticia social, acepte la dominación/expoliación y ejercite un individualismo rapaz e indolente de la vida del prójimo.
Por tanto, el neoliberalismo es una opción por la guerra civil, que se perpetúa mediante la represión, persecución, censura e incluso el terror, sin el uso “directo” de medios militares. Es decir, no sigue la lógica de una guerra convencional, sino que opera a través de las instituciones estatales, creando y diseminando una cultura de guerra en la sociedad, donde la crueldad e impunidad se convierten en valores dominantes que buscan inmovilizar al pueblo. Así, esta guerra de cuarta generación busca el control social mediante la propaganda y la violencia, en la que el “enemigo” es interno y el cuerpo-mente de la población se convierte en un objetivo a someter y doblegar. La fase armada de la guerra es la culminación de las guerras económica, jurídica, política, mediática y psicológica.
Las guerras neoliberales en Ecuador
Para comprender cuáles son las distintas guerras neoliberales que se vienen llevando a cabo desde el 2017 hasta el presente en el país –y que quieren ser extendidas indefinidamente por Noboa—, destacamos el modelo de guerra de amplio espectro o dominación de espectro completo que, en palabras de Ceceña, refiere de manera muy precisa a la amplitud y pertinencia del ejercicio del poder, sus estructuraciones y herramientas, pero no restringido al ámbito militar. “(…) El planteamiento de guerra de espectro completo indica una multiplicación de medios, frentes, herramientas y estilos en una combinación que intenta agotar todas las posibilidades de defensa del contrario”. A continuación, enumeramos dichas guerras y describimos sus principales contenidos y objetivos, a saber:
- Una guerra política, a través de la captura del Estado mediante un gobierno obsecuente y representante de intereses reaccionarios, así como felón de las demandas y necesidades populares, liderado por Lenin Moreno. El expresidente llevó a cabo un proceso concatenado de, por un lado, desinstitucionalización del proyecto nacional popular, es decir, de la planificación, control y regulación estatal redistributivos para equiparar la correlación de fuerzas entre capital y trabajo; de múltiples derechos constitucionales y de la perspectiva Nuestroamericana de soberanía; en suma, el desmontaje del Estado social y la reconfiguración de un Estado neoliberal representante de las clases económicamente dominantes; y, por otro, la reinstitucionalización del proyecto oligárquico proimperialista de injerencia económica a través del Fondo Monetario Internacional desde 2019 e intervención estadounidense en política interna desde el 2018 hasta la actualidad –arresto de Julián Assange mediante—, sometiendo al Estado y la sociedad ecuatoriana al mercado, es decir, ordenando la estructura jurídico-política y social en función de los intereses de acumulación de las élites financieras y mercantiles locales y transnacionales, supeditando la autodeterminación nacional a objetivos geoestratégicos de la potencia del Norte. Al respecto, cabe destacar que la Consulta popular y Referéndum constitucional de 2018 viabilizaron no solo, según sus impulsores, la “des-correización” político-institucional, sino, sobre todo, permitieron capturar múltiples y estratégicos espacios estatales para avanzar raudamente hacia un “nuevo” modelo sociopolítico neoliberal, que hizo posible gestionar, sin demasiados obstáculos, las prerrogativas de ajuste estructural definidas por el FMI. Así, Lasso y Noboa han repetido y profundizado el guion de la guerra política desplegada inicialmente por Moreno.
- Una guerra jurídica (Lawfare), intensa y progresiva, sostenida por una masiva campaña comunicacional de “lucha contra la corrupción”, diseminada, sobre todo, por los medios hegemónicos de información, que operó y sigue operando contra el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y, al menos, otros diez colaboradores del gobierno de la Revolución Ciudadana. La Fiscalía General del Estado, en conjunto con los medios de comunicación y una serie de agentes estatales nacionales e internacionales (militares y policiales de inteligencia) y no estatales (intelectuales, periodistas, “influencers”, etc.), han ido construyendo –desde el ataque de Angostura (2008) en adelante— una serie de imaginarios, representaciones, relatos, narrativas y discursos, mayor o menormente elaborados, articulados con acciones concretas de denuncia (sin pruebas) sobre el “correísmo” como una organización política vinculada al “narco” y, más recientemente, con los grupos de delincuencia organizada; administrando e inoculando, en una porción relevante de la sociedad, el odio y el miedo político que favorece al proyecto neoliberal de las derechas ecuatorianas y los intereses geopolíticos/geoeconómicos de los Estados Unidos. Dicha estrategia, a pesar de no haber logrado su objetivo de “destruir” la fuerza política de la Revolución Ciudadana para evitar su participación en los procesos electorales (resistiendo, además, una serie de proscripciones, persecuciones y operaciones psicológicas en su contra), de un modo u otro ha terminado de horadar la confianza social sobre la posibilidad de organizar una alternativa política y social al proyecto neoliberal, confundiendo y orientando a un sector electoralmente volátil de la población, sobre todo juvenil. Justamente por sus “éxitos” coyunturales, posiblemente continuará el uso político del Lawfare en tanto estrategia de acumulación de poder político por parte de las derechas radicalizadas.
- Una guerra económica, en términos del desguace de la capacidad del Estado de intervenir en la economía o de formar parte de ciertas áreas estratégicas, vía empresas estatales o inversión en proyectos de infraestructura, que ha posibilitado, en mayor o menor medida, el trasvase y concentración del proceso de acumulación en el sector privado o, peor aún, en función de la renta financiera de sectores minoritarios, nacionales y transnacionales, vinculados a la deuda externa. Sin duda, la “geopolítica del hambre” o la “miseria planificada” orientada por el FMI, ha hecho del Ecuador un país más dependiente de la “cooperación” extranjera en diversos ámbitos, con paupérrimos resultados en relación con la reducción de desempleo, pobreza, migración, seguridad, acceso a educación y salud, por mencionar algunos, en estos casi ocho años neoliberales. Todo lo contrario, el proceso de desinstitucionalización, ejecutado a través de un discurso economicista de “ajuste fiscal”, no solo ha sumergido, nuevamente, en una pobreza estructural a vastos sectores de la población, expulsando/excluyendo a muchos de ellos de la sociedad, sino ha abierto un proceso inédito de violencia estructural que, ni en los momentos más álgidos de la aplicación del modelo neoliberal, previo a la Revolución Ciudadana, se había experimentado.
- Una guerra psicológica o del miedo, que se estableció en el contexto del COVID-19, por el paupérrimo manejo de la pandemia (incluidos actos de corrupción y vacunados VIP) y el desmantelamiento del sector de salud (reducción de presupuesto y despidos), con el corolario de alrededor de 70.000 fallecidos en exceso hasta diciembre del 2021. Y, en el marco post-pandemia, por el incremento de muertes violentas, primero con las masacres carcelarias y luego con una violencia inusitada trasladada a las calles, como ya hemos analizado anteriormente. A este escenario de terror, se suma el incremento de extorsiones, llamadas popularmente “vacunas”, sicariatos y robos que han proliferado en extremo en ciudades grandes, medianas y pequeñas de todo el país. Este escenario dio paso a un proceso de intensa desmovilización social, provocando, entre otras cuestiones, que la ciudadanía no se oponga a las medidas del gobierno de decretar Estados de excepción persistentemente o sacar a los militares a las calles y declarar el conflicto armado interno.
- Una guerra mediática (cognitiva), activada permanentemente, pero, sobre todo, en período de elecciones, a través de la conjunción de distintos actores políticos, sociales, intelectuales, periodísticos y judiciales, que radicalizan sus operaciones en la opinión pública con diversas acciones e instrumentos coordinados de desinformación, para orientar e incidir en la decisión de los votantes. El objetivo no solo ha sido derrotar al binomio de la Revolución Ciudadana, sino, sobre todo, producir consenso social contra unos de los principales adversarios que tiene la continuidad del neoliberalismo en tanto proyecto de sociedad hacia el futuro. Es decir, la sociedad ha sido y es “bombardeada” a través de prensa, radio, televisión, redes sociales y aplicaciones de mensajería, con información y noticias falsas, sesgadas o descontextualizadas, mentiras, siembra de sospechas, denuncias espurias, escándalos, calumnias, rumores, difamaciones, censuras y terrorismo emocional de corte neofascista, para intentar confundir su capacidad crítica y de razonamiento, interviniendo en las subjetividades, distorsionando y manipulando los hechos y datos de la realidad según protervos intereses. Al respecto, cabe mencionar lo explicado por la socióloga argentina Susana Murillo, en términos de una compleja estrategia desplegada a través del tiempo, de mutación de valores y transformación cultural, incluso de colonización de las formas en que se expresan, resisten y piensan los actores, a partir del gobierno/manipulación de las subjetividades/emociones de sujetos y poblaciones, mediante una serie de tácticas-técnicas neoliberales que procuran “direccionar sus decisiones bajo la ficción de que estas son el producto de la libre elección de cada individuo”.
Conclusiones
La guerra híbrida de amplio espectro (económica, social, cultural/ideológica, psicológica, política, jurídica, mediática) está más manifiesta que nunca. Un nuevo Plan Cóndor está en desarrollo. Quienes dirigen y coordinan esta estrategia de gobierno del pueblo para domesticarlo, engañarlo, someterlo y expoliarlo, no son solo funcionarios/agentes locales, sean militares, policiales, mediáticos, intelectuales o judiciales, incluido el presidente; sino altos cargos militares foráneos que definen tácticas y estrategias –a través del miedo, el odio y la propaganda— que posibilitan mantener el control político y social de un pequeño territorio que brinda capacidad de organización y movilidad para recuperar lo perdido en la región (Brasil, Colombia, México, Venezuela, Chile, entre otros) y enfrentar los desafíos geopolíticos futuros del imperialismo estadounidense, tanto regionales como globales. La guerra de Noboa, finalmente, no es solo una contra “el pasado”, los “correístas” o el “narco-terrorismo” que, vale recalcar, está íntimamente vinculado a los principales sectores económicos del país, es decir, con la banca, mediante el lavado de activos en el sistema financiero, y con ciertos sectores de exportación de productos, donde sobresale el banano; sino, es una guerra civil para el control de la población que busca eliminar, desde el presente y hacia el porvenir, a las fuerzas sociales y políticas populares, al bloque histórico contrahegemónico y democrático compuesto por aquellas mayorías sociales que desean construir y vivir en un proyecto de sociedad alternativo al de las oligarquías neoliberales, locales y foráneas. En otras palabras, su guerra neoliberal “contra el crimen organizado” esconde objetivos de mayor calado: un proceso de militarización estatal y social que, en el marco de una práctica “democrática” formal y procedimental con férreo control del poder electoral (en realidad, una demodictadura), está orientado a organizar una forma ampliada de control social con medidas de terror y violencia, donde “todo aquello que se oponga a (o se interponga con) los ciclos ampliados de acumulación del capital y sus procesos conexos de concentración de la riqueza material”, terminará formando parte, sin distinciones, del “narco-terrorismo”. Porque la militarización de la sociedad y el fortalecimiento del Estado de seguridad amplían, cada vez más, la definición de las amenazas y, en algún punto, todos seremos sospechosos para el neoliberalismo de guerra.
De este modo, estamos evidenciado la fase político-militar del poder neoliberal, gracias a la impunidad de quienes ordenan, llenos de corrupción, alzar las armas contra el pueblo desarmado y noble. Noboa, y su política de la mentira, es solo una tosca herramienta más usada para los objetivos geoestratégicos de la potencia del Norte, hasta que ya no les sea útil. Es el Milei ecuatoriano, con muchas menos capacidades histriónicas, pero la misma petulancia autoritaria para llevar a cabo la estafa neoliberal. Entonces, la alerta constante y la respuesta definitiva y obvia a nuestra pregunta inicial es que el proyecto de guerra “interminable” de Noboa no ha tenido, ni tiene por objetivo beneficiar, en ningún sentido, a la sociedad ecuatoriana –como los datos expuestos arriba lo corroboran—, sino manipularla con las herramientas de la propaganda, el marketing político, el odio y el miedo, para llevar a cabo no un proyecto de país, sino un proyecto de negocios (legales e ilegales) de unos pocos que requieren de las guerras neoliberales para continuar con el proceso de acumulación por desposesión violento y que les permita seguir siendo los privilegiados de la sociedad, así estén sentados sobre escombros y esqueletos. La denuncia sobre la amenaza a la autodeterminación y vida de nuestras poblaciones debe ser tarea ineludible de los intelectuales y políticos críticos del sistema de dominación y explotación que quiere arraigarse, a través del neoliberalismo de guerra, en nuestra región y en nuestro amado país. Por esta razón urge la unidad del campo plurinacional y popular, para derrotar al fascismo neoliberal en ascenso, y así dirigirnos colectivamente, en comunidad, nuevamente hacia el horizonte de emancipación social.