Por Fernando Carrión
De 2010 a 2017 hubo un promedio de 10 personas privadas de la libertad que perdieron la vida por año, sea por amotinamiento o por ajuste de cuentas. Desde este momento, se incrementaron sustancialmente los asesinatos anuales, como lo testifican las cifras siguientes: en 2018 subieron el 50% (15), en 2019 el 113% (32), en 2020 el 62% (52) y en el 2021 el 387% (254).
El 2021 ha sido el más complejo y sangriento. Empezó en febrero 23 con un amotinamiento simultáneo en cuatro cárceles de tres provincias distintas (Azuay, Cotopaxi, Guayas), que dejaron 79 personas fallecidas. Fue en un acto que reveló el nivel de organización, la existencia de inteligencia criminal, la acción planificada, la presencia tecnológica, los grados de comunicación y el arsenal de armas presentes. La saña fue notable, no solo por el decapitamiento y descuartizamiento de varios PPL´s, sino también por la grabación y difusión de los hechos violentos; lo cual les convirtió en “asesinatos mensaje”, dirigidos hacia el Estado, los otros grupos criminales y la sociedad en general.
Luego vino un feroz amotinamiento en la penitenciaria del Litoral con 119 asesinatos (28 septiembre 2021). La misma saña y el mismo conflicto con el Estado para redefinir su relación, como también entre los Choneros, Lagartos, Tiguerones, Cubanos, Latin King, Gorras y Lobos que operan de forma tercerizada con los grandes holdings de los carteles globales (Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Primer Comando de la Capital, Clan del Golfo). Luego fueron suicidados colectivamente, en dos tandas de 7 personas, además de un hecho adicional donde fallecieron 22 PPL´s. Un amotinamiento distinto ocurrió en la cárcel de Quevedo (5 julio, 2021), cuando 7 PPL´s fueron ajusticiados alrededor del caso conocido como Big Money, una plataforma tecnológica de captación ilegal de dinero.
El problema de las cárceles no se explica por si mismo. Ecuador vive una oleada expansiva de inseguridad ciudadana, por la confluencia de la violencia común (patrimonio, personas), de los mercados ilegales (narcotráfico, trata de blancas) y de la discriminatoria (género, fútbol, racismo, xenofobia). Este fenómeno se expresa en el incremento del número de delitos a partir del mismo año 2018, en que fueron asesinados 985 personas; mientras al finalizar el año 2021, se superarán los 2300. Esto es, más del doble de homicidios en tres años.
El incremento de los asesinatos en las cárceles y en el país coinciden con el cambio de su marco institucional. La política del Estado mínimo condujo a la desaparición de los ministerios Coordinador de la Seguridad (2017), de Justicia (2018) y del Interior (2019). En su reemplazo se creó el Ministerio de Gobierno (2019), que adicionó a la desaparecida Secretaría de la política (2019). Con ello, la seguridad y las cárceles redujeron los presupuestos económicos y la jerarquía administrativa.
La infraestructura carcelaria cuenta con 53 recintos, unos construidos para este fin y otros adecuados. En su conjunto no forman un sistema, dado que cada uno opera por separado y no cumplen con la finalidad constitucional de la rehabilitación. Los nuevos recintos carcelarios son antitécnicos, en tanto no responden a la lógica del delito actual: la Penitenciaría del Litoral tiene 12 pabellones para 5 mil reclusos, en los que están cerca del doble PPl´s. Los pabellones 8 y 9 se confrontan con el 5 y 6, porque la clasificación de detenidos no es por recintos carcelarios sino por pabellones. En general hay un hacinamiento del 33% y cerca del 40% de los PPL´s no tienen sentencia. Esto es consecuencia de la aplicación del Código Orgánico Integral penal (2014), que incrementó el número de PPL´s.
A ello debe sumarse el hecho de que no existe control estatal de las cárceles. El número de Guías Penitenciarios no llega al tercio de lo requerido. La cárcel ya no es una escuela o universidad del delito, sino una fábrica del crimen, porque la relación del adentro con el afuera se modificó considerablemente: desde la cárcel se organiza y dirigen buena parte de las acciones criminales del país. Por eso, en su interior hay más recursos económicos que afuera; lo cual explica la corrupción, el acceso de armas, la provisión de drogas, y la existencia de drones para inteligencia y abastecimiento, entre otros.
Las cárceles no son administradas por el Estado. Antes el Caporal era el mediador del Estado con los PPL, en tanto manejaba la ubicación de los presos dentro de la cárcel, el acceso de comida o drogas, los permisos para visitas y el control de los mismos. Hoy la mafia lo sustituye, pero revierte la relación con el Estado. Eso es lo que está en disputa. De allí que la cárcel sea una institución pública que está al margen de la ley.
Tomado de la Voz del Ecuador