Iván Orosa Paleo
Las turbulencias surgidas de la crisis del capitalismo de 2008, junto al agotamiento del bipartidismo como fórmula de estabilidad del sistema político y legal español, generan ciclos cada vez más cortos y precarios de renovación de los acuerdos básicos para garantizar la gobernabilidad del sistema.
La semana pasada, la política española pasó, en cuestión de días, de vivir un momento de estabilización aparente a embocar una nueva fase llena de incertidumbre. Y todo ello, gracias al éxito inesperado de la moción de censura del atribulado líder del PSOE, Pedro Sánchez, a la sazón prácticamente ausente del debate público desde que el Rey le llamara al orden en su discurso del día 3 de octubre, dos días después de la brutal represión policial en Cataluña.
A finales de mayo, todos los fantasmas de la corrupción sistémica coparon titulares de prensa con el ingreso en prisión de Eduardo Zaplana, hombre fuerte del PP de Valencia durante 20 años y hombre de la máxima confianza de Aznar, acusado de lavado de activos. Antes aún, reventaban las expectativas de renovación tranquila del PP y de éxito electoral en Madrid, con la dimisión de Cristina Cifuentes, Presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, por un tristísimo asunto de compra de influencias para obtener un master de manera irregular.
Y en esto, llegó la sentencia de la Gürtel, la chispa adecuada para incendiar la situación.
En un texto durísimo, la Sala Segunda de la Audiencia Nacional consideró probado que sí hubo una caja B en el PP (hecho mil veces negado por todos los dirigentes del partido), a la que empresarios corruptos aportaban dinero (negro) a cambio de tratos de favor (concesiones de contratos públicos, licitaciones de obras, etc.), y cuyos fondos se destinaban a llenar los bolsillos de los dirigentes populares, o a financiar campañas electorales al margen de la ley.
Mariano Rajoy nunca pensó en dimitir. El taciturno gallego no soportaba la idea de acabar su vida política como cabeza de turco. Fíjense lo que llega a decir este proceder de todo un Presidente del Gobierno, con 37 años de carrera política a cuestas, sobre la (ausencia de) cultura democrática en España.
Pedro Sánchez no es un líder fuerte dentro del PSOE, partido donde conviven al menos dos almas (la reformista y pragmática de la dirigencia, la izquierdista y obrerista de las bases). Sánchez es cercano a la militancia y mal avenido con figuras prominentes del aparato. Desde que fue defenestrado por su rotundo «no es no» a la investidura de Rajoy en 2016 (obstaculizando una grosse koalition a la ibérica), navegó las aguas subterráneas hasta volver a conquistar el poder gracias al impulso de la militancia. Sigue sin controlar lugares clave, como Andalucía, Extremadura o Asturias.
Pedro Sánchez ha tomado la decisión de gobernar solo, sustentando en la más exigua mayoría de la democracia (85 diputados de 350). Y además, se comprometió a ejecutar los presupuestos del PP, duramente contestados por el PSOE y por Podemos. La formación de Pablo Iglesias se ha mostrado firme en la exigencia de acciones concretas para revertir cuanto antes las políticas antisociales del PP.
En el frente de Cataluña, a pesar de que la toma de posesión del nuevo President Torra y de su Gabinete cierra el capítulo de la suspensión de la autonomía decretada por Rajoy, la crisis está lejos de cerrarse. Aún persiste el conflicto en torno a la situación de los políticos presos y los que están fuera de España, entre ellos Carlos Puigdemont, tema en el que la prensa de derechas (la Brunete mediática) no dará tregua.
De otra parte, Ciudadanos continuará apostando a incendiar el debate, apelando al sentido nacionalista español y exigiendo más mano dura contra el independentismo. Hasta ahora, ello le ha dado buen resultado en términos de intención de voto, tanto en el resto de España como en las recientes elecciones catalanas (donde fue primera fuerza política).
La actuacion en torno a la moción de censura de su joven e impulsivo líder, Albert Rivera, ha abierto dudas en aquellos sectores del poder en la sombra sobre la solvencia de Ciudadanos, en quien confiaban para reemplazar al PP. En una semana vertiginosa, los inexpertos cuadros del partido naranja cometieron errores de bulto, privados de la pausa para consultar los sondeos.
Respecto del Partido Popular, cabe esperar que el proceso de descomposición que ya se ha iniciado en su seno se acelere, como consecuencia de su desalojo del poder. Más de 440 altos cargos ya han abandonado sus puestos en la Administración. La sede de la calle Génova parece una agencia de desempleo. Los frágiles equilibrios de poder tejidos con mimo por Rajoy han saltado por los aires y ya se han desatado feroces luchas intestinas. A la espera de nuevas sentencias judiciales adversas, algunas voces llaman a un proceso de refundación, por considerar imposible reflotar el partido, incapaz de digerir tanta podredumbre.
Asistimos a la aceleración del tiempo político en España, inmersos de lleno en el desarrollo de una crisis sistémica con tres elementos fundamentales. según Pablo Iglesias: un componente institucional, generado por la profunda erosión de las estructuras del régimen del 78; un componente territorial, donde las tensiones centrífugas encuentran una respuesta represiva y no política del Gobierno central; y una tercera dimensión manifestada en la situación de emergencia social que padecen los sectores más desfavorecidos, consecuencia de las políticas antisociales de austeridad.
En este momento histórico, es fundamental reactivar la lucha organizada, en la calle. El decaído ciclo de protestas y movilización popular iniciado por el estallido del 15-M en 2011 parece haberse reactivado recientemente, en torno a las demandas de las personas jubiladas por unas pensiones dignas, así como a través de la histórica movilización de las mujeres el pasado 8 de marzo.
Existe un listado de demandas exhaustivo e inmediatamente exigible: aumento del salario mínimo y de las pensiones, apuesta por la educación y la sanidad pública y de calidad frente a la privatización, derogacion de la Ley Mordaza, reforma de la Justicia, derogación del impuesto al Sol y diseño del plan de transición energética, derogación de la Ley Orgánica de Educación y la última reforma laboral,… estas demandas deben continuar articulando las luchas de los sectores organizados de la sociedad, en la que deben participar de manera activa las fuerzas progresistas con presencia institucional (Izquierda Unida, Podemos, asì como los partidos independentistas de izquierda).
Una salida estructural parece plantearese, necesariamente, en clave de refundación del sistema político. Pero esa refundación, ¿responderá a lo que Íñigo Errejón caracterizaba como el «cierre oligárquico» de la crisis, implicando una involución en los derechos y el bienestar de las clases trabajadoras, junto al desmantelamiento total del Estado del Bienestar en España? O, por el contrario, ¿asistiremos a una transformación de las estructuras políticas y económicas del país y a la construcción de un nuevo acuerdo social, materializado en un nueva constitución que consolide un Estado plurinacional, republicano y radicalmente democrático?
Ante las urgencias de una coyuntura en combustión, no es probable que las prioridades se orienten al esfuerzo de construcción teórica de la alternativa, sino a la acumulación de fuerzas para acometer el proceso en las mejores condiciones en un futuro mediato. La tarea pendiente es fortalecer esa acumulación, incluyendo a las fuerzas populares que no necesariamente quieran disputar el poder institucional. En la medida en que se fortalezca el contrapoder desde las organizaciones populares, desde la lucha en la calle, la salida constituyente será más viable.