Por Juan J. Paz y Miño Cepeda
América Latina no solo es la región más inequitativa del mundo, sino también la que cuenta con empresarios y millonarios que no quieren pagar impuestos y que, sobre todo, se resisten a los derechos laborales. Consideran que con ellos se agravan los “costos de producción” (aunque en realidad lo que se afecta es la tasa de ganancia) y normalmente son incapaces de pensar que gracias a los derechos sociales y laborales siempre se ha producido una mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras.
Históricamente los derechos laborales se han implantado con el avance del capitalismo, no solo por las luchas obreras y la acción de los intelectuales identificados con esas acciones, sino por intermedio de gobiernos que supieron comprender la necesidad de reconocerlos, a fin de que el estallido social no derive en revoluciones capaces de derrumbar al sistema económico de libre empresa. Durante el siglo XIX se lograron contratos individuales, jornadas máximas, salarios mínimos y se reconocieron sindicatos y huelgas. Durante el siglo XX a esos derechos se unió una constante ampliación: descansos obligatorios pagados, horas extraordinarias con recargos, permisos por salud y maternidad, seguridad social. Después de la Segunda Guerra Mundial en Europa se implantaron Estados de bienestar, con amplias garantías para los trabajadores.
Conquistar derechos laborales en América Latina siempre fue un drama en el siglo XIX, incluso por la generalizada existencia de países precapitalistas con regímenes oligárquicos. Sin embargo, la Revolución Mexicana (1910) marcó la reacción contra esas herencias y la Constitución de 1917 fue pionera en proclamar los principales derechos de los trabajadores. Con el avance del siglo XX los países latinoamericanos aprobaron Constituciones y códigos del trabajo que reconocieron similares derechos. En Ecuador los principios centrales se acogieron en la Constitución de 1929.
A partir de la década de 1980 esos derechos históricos comenzaron a sufrir el camino de la flexibilización en casi todos los países latinoamericanos, al imponerse la ideología neoliberal. Desde la siguiente década los derechos laborales no han importado, con tal de promover la “competitividad” del empresariado privado. Y la persistente presión empresarial por sujetar las relaciones laborales exclusivamente a sus intereses ha continuado hasta el presente, a pesar de la interrupción provocada por los gobernantes progresistas en las décadas iniciales del siglo XXI.
Con esos antecedentes es posible comprender que el presidente colombiano Gustavo Petro proponga una consulta popular de 12 preguntas, destinada a lograr una profunda reforma laboral (https://t.ly/FGGuz ; https://t.ly/5Vj7S). De una parte, se busca restaurar derechos que ya existían y que fueron suspendidos o eliminados por distintos gobiernos neoliberales del pasado (y violados o burlados por empresarios expoliadores), como la jornada máxima de 8 horas diarias diurnas (entre 6am y 6pm, para garantizar recargos por trabajo nocturno), que es una conquista universal nacida del movimiento obrero de Chicago del 1 de mayo de 1886; el recargo del 100 % al trabajo en días de descanso dominical o festivo; los permisos para atender tratamientos médicos y licencias por períodos menstruales incapacitantes; la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido. De otra parte, hay nuevos derechos: que las empresas contraten al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores; que los jóvenes aprendices del Sena y de instituciones similares tengan un contrato laboral; que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de la seguridad social; establecer un régimen laboral especial para los trabajadores agrarios, garantizando sus derechos y salario justo; formalización de trabajadores informales (trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, y otros), con acceso a la seguridad social; constituir un fondo especial para el bono pensional destinado a campesinos y campesinas. Se propone eliminar la tercerización e intermediación laboral; y lograr para las pymes tasas preferenciales e incentivos. Es el saludo de Colombia al 1º. de mayo, Día del Trabajo.
Ese conjunto de derechos existe en distintos países de América Latina. En Ecuador la jornada de 40 horas semanales se estableció en 1979; el recargo por horas suplementarias con el 50% de lunes a viernes y 100% en sábados, domingos y días festivos se dispuso en el primer Código del Trabajo expedido en 1938; la seguridad social se inauguró en 1928; es obligación empresarial afiliar a los trabajadores y constituye una infracción penal no hacerlo; existe el seguro social campesino; también las empresas deben emplear un número mínimo de personas con discapacidad; hay indemnizaciones por despido y otras; la Constitución de 2008 prohíbe el trabajo por horas y el tercerizado. Existen otros derechos: jubilación patronal, reparto de utilidades, sindicalización, huelga, contrato colectivo, derechos por maternidad, jornadas especiales, etc. Pero todos estos derechos han sufrido “flexibilizaciones” desde los años 80, impulsadas por la clase empresarial, que tiene propuestas muy imaginativas: cumplir las 40 horas en 3.5 o en 6 días; contratos eventuales u ocasionales, por emprendimiento o por proyecto; aumentar el tiempo en contratos a prueba; introducir el concepto de “trabajador plurifuncional”; no pagar indemnizaciones ni recargos, y otras tantas medidas que solo tienen en la mira la reducción de las responsabilidades patronales. Con los gobiernos empresariales sucedidos desde 2017 las flexibilizaciones laborales galopan y actualmente están en la mira el aumento de la edad de jubilación o la reducción de pensiones jubilares y hasta de salarios, bajo el argumento de que el país tiene el tercer salario más alto en Latinoamérica.
Ninguno de los derechos laborales ha frenado el desarrollo en América Latina ni ha impedido las inversiones empresariales. Desde luego afectan las intenciones por contar con trabajadores más parecidos a los esclavos o a los jornaleros de las viejas haciendas latinoamericanas en las que las relaciones laborales se sujetaban a la voluntad de los patrones. Garantías bajo Estados de bienestar, como las que tienen los países europeos nórdicos tampoco han impedido su progreso, sino que han mejorado la calidad de vida general. El bienestar que fue alcanzado desde el New Deal de Franklin D. Roosevelt (1933-1945) en los Estados Unidos, se perdió desde que Ronald Reagan (1981-1989) desarticuló ese progreso bajo la perversa idea de “libertad económica”, que también se expandió por América Latina. El reciente informe de la OIT sobre “Trabajo, empleo, protección laboral y social en América Latina y el Caribe, 1994-2024” (https://t.ly/Dn4Z7) da cuenta de algunos avances institucionales, pero no en todos los países, por lo cual los desafíos para mejorar la calidad del trabajo siguen presentes.
De otra parte, mientras en México se enrumba el progreso sustentado con políticas sociales, en Argentina retrocede la calidad general de la vida de los trabajadores por la ideología libertaria y Ecuador está en igual camino. De modo que la reforma laboral en Colombia responde al nivel de afectación que han tenido los derechos laborales en toda la región y que hay un clamor social retenido para revertir esa situación, restaurar las conquistas históricas y avanzar en nuevos derechos que garanticen el bienestar colectivo, favorezcan la redistribución de la riqueza e impidan la explotación humana, que son aspiraciones que todavía no logran consolidarse, en forma definitiva y para el largo tiempo, en América Latina.