Por Jorge Jurado
De segundo país más seguro en Latinoamérica a ser el principal exportador de cocaína a Europa
La letalidad de la crisis ecuatoriana
Desde el 10 de enero del 2024, el Ecuador se encuentra bajo estado de conflicto interno armado; situación declarada por decreto presidencial debido al brote de violencia organizada y coordinada por varios grupos criminales que desataron concretamente la mayor ola de violencia en el país de lo que se tiene historia. La violencia se ha expresado en una serie de asesinatos, detonación de bombas, incendio de vehículos, fuga de reclusos de alta peligrosidad, amotinamiento de los presos en las cárceles y el secuestro de cientos de guías penitenciarios, incluso el asalto al canal estatal de televisión TC en Guayaquil con el secuestro de varios periodistas. Toda esta situación se desencadenó de manera paralela en varias ciudades y provocó el pánico en la población, el cierre de negocios de diverso tipo, la suspensión del transporte público y de las actividades del sistema educativo. El detonante para esta violenta reacción en cadena habría sido provocado aparentemente por el intento de reubicación de centros penitenciarios a dos de los principales criminales líderes de las bandas más peligrosas del país. Uno de ellos desapareció literalmente de la cárcel días antes del estallido de la violencia. Este contexto revela la debilidad absoluta del Estado para controlar la actividad ilícita al interior de las penitenciarias.
El escenario descrito es la consecuencia de varios años en los que se ha ido desmontando la capacidad institucional del Estado al haberse aplicado las recetas neoliberales, debilitando el diseño e implementación de políticas sociales al haber recortado drásticamente los presupuestos operativos anteriormente existentes sobre todo durante la pandemia de COVID-19 y la postpandemia que devastó la sostenibilidad de las actividades económicas de la pequeña y mediana escala incrementando el desempleo. Desde el 2020 la economía no logró recuperarse de la caída de un 7,8% del PIB mientras que la extrema pobreza creció de 8,9% a 10,7% (Jurado, Jorge, FRACALASSO; Orlando Pérez, 2023) situación que arrojó a la pobreza y extrema pobreza a grupos humanos vulnerables como los niños y jóvenes que por ejemplo debieron dejar el sistema educativo o emigrar con sus familias por rutas de alta peligrosidad por escasez de recursos para evitar enfrentar una vida ausente de oportunidades y futuro.
Ante ello, los grupos criminales encontraron un campo fértil para afianzar su presencia integrando a la población de mayor vulnerabilidad en sus operaciones ilícitas lo que ha contribuido en el escalamiento de la conflictividad interna entre grupos criminales dedicados al comercio, transporte y exportación de cocaína proveniente de los países vecinos como Colombia y Perú, principalmente, cuyos carteles de la droga han buscado un tercer lugar de exportación y han aprovechado la posición estratégica del Ecuador tanto hacia el Pacífico como hacia la cuenca amazónica. Paradójicamente, los centros de reclusión fueron transformados en verdaderos centros de administración de las operaciones delictivas con la consiguiente lucha de poder al interior de estos recintos, lo que ha causado 413 víctimas en once masacres de inusitada crueldad en el período 23 de febrero de 2021 al 18 de noviembre de 2022 (Primicias, 2024). Lo cual ejemplifica la incapacidad del Estado de administrar las penitenciarias y de garantizar el derecho a la vida de las personas privadas de libertad.
Al mismo tiempo, la actividad ilícita del comercio y exportación de drogas exacerbó la corrupción en prácticamente todos los ámbitos de la debilitada institucionalidad estatal muy particularmente en el involucramiento de efectivos de las fuerzas del orden en escándalos de lavado de activos, narcotráfico y violencia de género según la experta Carolina Andrade (Fracalasso, Orlando Pérez 2023). Los intereses del narcotráfico han podido penetrar a varios poderes del Estado, como el ejecutivo y el sistema judicial pero también a los gobiernos provinciales y municipales.
Así también se ha agudizado una indiferencia social por parte de las élites económicas y un aprovechamiento para fortalecer sus negocios que a su vez ha incrementado la desigualdad social. Para ejemplificar, durante la administración del expresidente Guillermo Lasso (mayo 2021- noviembre 2023) en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador, se nombró ministro a un individuo que según denuncias que están en fase de indagación previa en la Fiscalía General del Estado fue resultado de los acuerdos entre allegados al expresidente y los representantes de la mafia albanesa establecidos en el país. Esta maniobra permitió que se manipule procedimientos administrativos de regulación de producción y exportación bananera, así se registró de manera fraudulenta un incremento de superficie dedicada a este cultivo en 20.000 hectáreas y las correspondientes autorizaciones de exportación que fueron aprovechadas para la expedición de la droga al mercado europeo.
Hoy por hoy, la violencia desatada se expresa también en un nuevo hábito anteriormente inexistente, el de la extorsión a locales de ventas, a pequeños negocios, incluso micronegocios, pero ha llegado hasta extremos de extorsionar a transportes escolares y a escuelas todo bajo la amenaza de destruir estas actividades o de asesinar a los propietarios. En varias ciudades de la costa donde esta actividad se ha masificado ya se han perpetrado numerosos asesinatos a las personas que se han negado a pagar los rescates. Asimismo, el secuestro de personas ha incrementado con relación a períodos anteriores. Es evidente que la inseguridad se ha convertido en el principal azote de la sociedad lo cual se ratifica en varias encuestas realizadas.
El país todavía hace siete años reconocido internacionalmente como el segundo país más seguro de América Latina, el continente más desigual del mundo, (Revista América Economía, 17/11/2015) incluso por los EEUU según el ministro de turismo de entonces (Ponce de León, 11.01.2018); con una matriz energética basada en más de un 85% de energía hídrica renovable por lo tanto con un aporte sustancial a la desaceleración del cambio climático; con una importante exportación petrolera y de varios productos agrícolas y acuícolas como el banano y el camarón, el café y cacao entre varios otros y con un proceso de reducción de la pobreza que llegó a elevar a una clase media a más de un millón de personas en 10 años, entre el 2007 al 2017, se encuentra hoy sumido en la más grave crisis de su historia republicana que data ya más de 200 años.
Este país considerado como un ejemplo en el ámbito latinoamericano ha sido conducido a un deterioro mayúsculo en los ámbitos económico, social, administrativo, e institucional y con un agravado proceso paralelo de inseguridad ciudadana. El año pasado, 2023, con 7878 homicidios intencionales que corresponden a 46,5 asesinatos cada 100 mil habitantes lo señalan como el país más violento de América Latina incluso por encima de México y Colombia, países que hasta entonces se habían distinguido por esta característica encabezando las estadísticas latinoamericanas.
Hoy por hoy el Ecuador ha asumido el penoso rol de ser el principal exportador de cocaína a Europa. Varios factores han propiciado que el país se encuentre actualmente inmerso en este tipo de desarrollo, los principales polos de cultivo y elaboración de la hoja de coca y de su producto, la cocaína, son desde hace varias décadas sus vecinos, Colombia por el norte y Perú en el sur, por lo tanto, el Ecuador al encontrarse en medio de 2 mayores productores de droga se presenta como un territorio propicio para el transporte y la exportación de estas sustancias a los mercados de consumo, dadas las características de gran accesibilidad interna a puertos marítimos con amplia infraestructura para la estiba de mercancías de exportación. Al menos el 80% de la droga que sale por puertos de Ecuador va hacia países de la Unión Europea (UE), donde hay un «crecimiento importante del consumo», según su embajador en Quito, Charles-Michel Geurts. Desde mayo de 2021, el Ecuador ha decomisado más de 500 toneladas de estupefacientes.
La dolarización de la economía como factor que facilita los negocios ilícitos
Otro factor de indudable importancia es que el Ecuador asumió al dólar como moneda en el año 2000 y por lo tanto es el único país formalmente dolarizado en América del Sur. La economía ilícita del mercado de la cocaína se beneficia importantemente al operar directamente en una moneda dura y de libre acceso sin tener que pasar por las cortapisas propias de un cambio monetario entre diferentes divisas. Tomando en cuenta que este mercado también opera internamente en términos del lavado de las divisas conseguidas que según la CELAG representa del 1 al 5% del PIB de Ecuador, es decir un promedio de 3.500 millones de dólares por año, en una economía dolarizada con alta posibilidad de llevar a cabo inversiones por medio del sector financiero hacia diversos segmentos de la economía como el inmobiliario, el de producción y exportación agrícola y últimamente en el de explotación minera ilegal, entre los principales.
Este factor económico ha tenido una incidencia capital en la apertura de un mercado interno de la cocaína dado que, como varios analistas lo mencionan, buena parte del costo del transporte y exportación de la droga ya no es solventado monetariamente, sino que es pagado en especie, esto es con una cierta cantidad de cocaína que necesariamente tiene que ser comercializada internamente en el país para poder alcanzar la liquidez monetaria que necesitan los traficantes al haber sido subcontratados por grupos criminales internacionales. Este aspecto, ha hecho que se promueva un mercado interno antes inexistente y que por el cual se ha desatado buena parte de la lucha territorial con las consiguientes características de gran violencia. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el promedio de consumo de estas sustancias ilícitas, en América Latina, es del 24%. Sin embargo, según la secretaria de Seguridad del Municipio de Quito, en Ecuador el consumo sobrepasa la medida de esta oficina de las Naciones Unidas en 11.41%.
Con la declaratoria de “conflicto armado interno” y el estado de excepción por 60 días, el ejecutivo suspende/limita el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, a la libertad de tránsito, a la libertad de asociación y reunión, además de la libertad de información, entre otros, en los términos que señala la Constitución. Por otro lado, con la declaratoria de conflicto armado interno se le otorga a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de considerar a los grupos criminales como grupos terroristas y por lo tanto objetivos militares a fin de controlar la actividad delictiva de los diversos involucrados.
La responsabilidad de los países más desarrollados
Los fenómenos de la violencia provenientes de una serie de actividades ilícitas relacionadas con la producción, comercio, tránsito y exportación masiva de drogas solo pueden explicarse con la existencia cada vez más creciente del consumo de cocaína en las sociedades de los países más desarrollados del planeta, principalmente la de Estados Unidos y de la Unión Europea. La interrelación entre la apetencia al consumo de la cocaína con la violencia desatada en el Ecuador por esta misma causa solamente puede ser agudamente ejemplificada con la relación establecida por Eduardo Galeano escritor uruguayo que dijo: “mientras ellos ponen las narices nosotros ponemos los muertos”.
Es evidente que existe una clara responsabilidad por parte de los Estados de los países de mayor desarrollo, de su estamento político, de su sector financiero y de sus élites en los diversos poderes fácticos cuyo esfuerzo para luchar contra la intromisión de la droga en sus territorios resulta penosamente insignificante frente a la magnitud del negocio involucrado, mientras que sus políticas permanentemente apuntan a exigir todo tipo de acciones en los países productores y exportadores incluso con el flagrante irrespeto a su soberanía. Por lo tanto, mientras no exista la genuina voluntad política de diseñar un abordaje global para contrarrestar el comercio ilícito de las drogas se seguirá manteniendo otro proceso de dependencia político económica de los países del sur global tal como lo desarrolló perversamente el imperio británico por medio de una empresa privada, la East India Trading Company, en los albores de la fase mercantilista del comercio cuando introdujo el opio desde la India a la China para garantizar así su dependencia comercial causando dos guerras imperiales.