Por Roberto Marchán
El Ecuador está viviendo una situación crítica, posiblemente nunca vista en los últimos tiempos, la que nos regresa a momentos de la historia que pensamos haber dejado atrás hace mucho tiempo, cuando el país estaba aún en proceso de construcción y consolidación. Hoy el estado ha sido retado por grupos delincuenciales fuera de la ley, que han puesto a prueba su capacidad para ejercer el control de la población y del territorio, lo que nos ha convertido de manera dramática en uno de los países más violentos del mundo, cuando hace poco éramos uno de los más seguros sobre la base de un estado fuerte y con visión estratégica.
Lejos de la discusión por entender las razones que nos han hecho llegar a esta situación en pleno siglo XXI, lo que es parte de otro relato, mi intención ahora es proponer algunas ideas para intentar comprender los alcances y las consecuencias de las últimas decisiones del Gobierno Nacional, que se muestran como recurso extremo y tal vez desesperado para enfrentar esta realidad que nos ha tocado vivir, pero no solo desde la perspectiva política, sino también desde una perspectiva relacionada con la seguridad y en particular desde la visión militar.
Ante los últimos hechos que han deteriorado de manera dramática la seguridad del país y su población agobiada por un sentimiento de desamparo de la mayoría de ecuatorianos, el gobierno ha decidido dar un paso que es: extremo, insólito, e inédito en el Ecuador y la región, y que muestra además una dudosa y compleja viabilidad jurídica si se mira en base al entramado legal del país. Más aún si se considera que ni siquiera Colombia o México que han tenido episodios dramáticos de inseguridad motivada por los carteles de narcotráfico han tomado decisiones como el nombrar a los grupos delincuenciales como “terroristas” (con todas las implicaciones que conlleva) y de declararlos “enemigos del estado”, cuyo propósito se circunscribe a viabilizar la incursión de FFAA en la lucha directa en contra de estas organizaciones. Esta situación también nos convierte en el primer país de la región, donde se declara legalmente y más allá de la retórica, al crimen organizado como “organizaciones terroristas”; y por tanto, también nos convierte en un espacio de experimentación regional.
El Decreto Presidencial 111 emitido por el Presidente de la República establece en su primer artículo lo siguiente:
“Reconocer la existencia de un conflicto armado interno, sobre la base de la parte considerativa del presente Decreto y la normativa vigente aplicable”
Declarar que existe un “conflicto armado interno” (guerra), implica, en principio retomar una figura típica de la ”Guerra Fría” que se la implementó en el marco del conflicto ideológico entre dos visiones sociales doctrinarias diferentes, que caracterizaron ese período histórico, la disputa entre el capitalismo y el socialismo real. Cuando en el afán de preservar el estatus social y el sistema imperante, se inventó la figura de la “guerra interna”, diseminada por Estados Unidos y acogida con complacencia general y hasta cierto entusiasmo por las Fuerzas Armadas de la región. Esta figura tuvo el propósito de viabilizar el uso de la fuerza letal militar en contra de las disidencias sociales, y las consecuencias todos las conocemos, sobre todo en los países del cono sur de Sudamérica donde su implementación fue la más radical.
Hoy no son las disidencias sociales ideológicas y doctrinales las que ponen en jaque al estado, son los grupos armados delincuenciales que han adquirido el suficiente poder para poner en entredicho la capacidad del estado para controlar el crimen, el territorio, incluso la acción social del estado y ponen en peligro a la población de diversas maneras tanto por la violencia que generan como por la posibilidad de cooptación por parte de dichos grupos. Son muchas las preguntas que nos deberíamos hacer para que nos ayuden a entender con claridad por qué hemos llegado a esta situación y las respuestas seguro que son diversas y complejas; sin embargo, una de estas razones fundamentales (no la única), es la sistemática destrucción de las capacidades del estado en función de una visión ideológica que pondera una supuesta libertad individual, donde el estado obstaculiza y la acción social colectiva es indeseable. Donde también estorban aquellas personas menos favorecidas, catalogadas en esta visión perversa como “perdedores” y por lo tanto seres desechables, los que en una sociedad terriblemente inequitativa como la nuestra son la mayoría.
La guerra contra los grupos delincuenciales que ha declarado el gobierno, también es una guerra en contra de los más empobrecidos y desamparados de la sociedad, que son aquellos que generalmente son la carne de cañón de las acciones delincuenciales; y por lo tanto, serán el objetivo principal de las fuerzas militares, puesto que las acciones violentas ejecutadas por FFAA son en el territorio y en este no suelen estar expuestos los cabecillas. La acción puramente militar siempre estará lejana y no actúa en contra de aquellos que mueven los hilos de la delincuencia, ya que no se exponen en el campo de batalla; por tanto, deberían ser el objetivo de otras instituciones del estado como la UAFE y la investigación criminal de la Fiscalía.
El artículo Nro. 5 del Decreto establece:
“Ordenar a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares, bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos, para neutralizar a los grupos identificados en el artículo 4 del presente Decreto Ejecutivo”
Esta frase establece la misión que el gobierno asigna a las FFAA, que implica disponer el inicio de operaciones de guerra en contra de los objetivos delimitados en el artículo 4 (los grupos delincuenciales organizados identificados), y que se los ha sido calificado como “terroristas”. Para ejecutar esta misión dispone que se dé inicio a “operaciones militares” que no son más que todas las actividades que deben realizar las FFAA en caso de guerra, e implican sobretodo: identificar, localizar, combatir y destruir (eliminar), a la fuerza enemiga. Precisamente es aquí donde empezamos a encontrar los grandes problemas que tiene esta misión para las FFAA, puesto que no se va a combatir a un grupo que se identifica como tal con claridad, sino que está mimetizado y en ocasiones en convivencia con grandes masas de población, inmersos dentro del tejido social, generalmente en lugares empobrecidos y también racializados como ocurre en nuestro país, profundamente inequitativo y racista.
Esta orden del gobierno, implica que las FFAA dejan de mantener una posición estratégica defensiva cuyo objetivo sobretodo buscaba ser disuasiva y que evita la confrontación directa, para pasar a tener una actitud estratégica ofensiva, que se debe materializar con la ejecución de acciones que en el ámbito militar se conoce como “operaciones militares” para buscar, identificar, combatir y destruir a los grupos señalados en el decreto en todo el territorio nacional. Esto evidentemente involucra el uso de la violencia militar del estado para abatir a esos grupos. Algo a lo que jamás deberíamos haber llegado si se habrían implementado acciones a tiempo y las que no se deberían ejecutar si es que aún quedan acciones de otra naturaleza que se pudieran desarrollar.
Por lo tanto, más allá de las arengas patrióticas y simbólicas, los jefes y los mandos militares en todos sus niveles, se enfrentan ante una difícil coyuntura que tiene mayores complicaciones que aquellas que se relacionan con una guerra convencional e internacional entre dos estados. La
“guerra interna”, como nos demuestra la triste historia latinoamericana, nunca ha terminado bien, más bien ha sido un factor preponderante para aumentar los niveles de división y deterioro de la realidad social; y por lo tanto, un deterioro del estado en sí mismo. Por otra parte ha sido siempre un ecosistema adecuado para que se produzcan grandes y profundos crímenes en contra de la población civil y donde las FFAA nunca han terminado con bien; siempre el resultado ha sido todo lo contrario, destruidas en su credibilidad social y en su cohesión interna.
Es claro que no debimos llegar a esta situación, pero estamos aquí por responsabilidad política, del sistema de justicia y de la Policía Nacional a los que la sociedad debería pedir una rendición de cuentas. Pero ya estamos en esta situación y el gobierno ha dado un paso extremo. En principio, para enfrentar esta nueva realidad, es necesario que se tome en cuenta en primer lugar la importancia y lo determinante que es contar con un sistema de inteligencia lo suficientemente estructurado y eficiente que permita alcanzar este objetivo. Sin ello, se multiplicarán los errores y las operaciones que se desarrollen, por más meticulosas y bien planificadas que sean, si se basan en una inteligencia errada serán inevitablemente un fracaso con grandes costos humanos y materiales; por otra parte, para cumplir con su misión, indudablemente los planificadores militares deberán echar mano de algunos de los “principios de la guerra” que no son más que ideas y doctrinas generales que guían la planificación de operaciones militares de guerra.
Entre ellos:
- Principio de Objetivo: Implica que en cada nivel (táctico, operacional, estratégico y político), deben existir objetivos claros que guíen la acción de las fuerzas militares. En especial es fundamental que los objetivos del nivel político sean claros, medibles y alcanzables y que involucren no solo a las fuerzas de seguridad sino también a todo el estado en su conjunto, puesto que a la delincuencia no se combate solo con acciones de fuerza, más bien estas deberían ser la excepción , que es realizan solo cuando otras acciones han fracasado o no son factibles.
Si los objetivos no está bien definidos, el resultado final será un escenario no buscado o no previsto, que en este caso seguramente implicará un baño de sangre que involucre una buena parte de la sociedad, un incremento descontrolado de la violencia del estado, o incluso una derrota estratégica, cuando el objetivo final, que es el de recuperar la paz y el estado de derecho, no se logre alcanzar a un plazo razonable.
- Principio de Sorpresa: Es la necesidad de no ser predecibles, lograr que las acciones se realicen con el mayor sigilo a fin de golpear en el momento y el lugar menos esperado. Este principio es el que ha sido más evidente en las acciones que ha desarrollado el crimen organizado, como las del 09 de enero y que pusieron a todo el país en una situación de pánico, logrando un gran golpe sobre la moral a toda la sociedad ecuatoriana. Implica alcanzar una capacidad real para negar información, lo que a simple vista es cuestionable por el nivel de filtración del crimen dentro de las instituciones del estado y de las mismas fuerzas de seguridad. Por lo tanto, implica la necesidad urgente de hacer una profunda depuración institucional, que debe ser realizada al mismo tiempo que se llevan a cabo las operaciones y por ello conlleva mayor dificultad.
- Principio de ofensiva: Implica obtener la iniciativa que hasta este día le ha correspondido a los grupos criminales, solo las acciones ofensivas permiten mantener la iniciativa, involucra dejar de lado las acciones puramente disuasivas y defensivas para empezar a una realizar acciones ofensivas; es decir, un cambio de estrategia que busca arrebatar la iniciativa estratégica a los grupos delincuenciales. En otras palabras, se dejará de ver a las FFAA solo patrullando ciudades o vías, para pasar a realizar operaciones letales en contra de estos grupos en cualquier lugar del país, con todas las consecuencias humanas y sociales que eso conlleva y con el riesgo permanente de cometer errores que seguramente se saldarán con muertes de inocentes, el desprestigio y deterioro institucional.
Como vemos, enfrentar una situación que ha pasado del ámbito de la seguridad ciudadana y por tanto de la acción policial, al ámbito de la “guerra interna” y por ello una acción donde la fuerza militar tiene el liderazgo de las operaciones, tiene implicaciones muy grandes, graves y complejas, principalmente porque está demostrado que una situación de inseguridad interna no se combate exclusivamente con el uso indiscriminado de la violencia del estado y peor con el uso de la más letal de ellas, la violencia militar. Lo único que nos queda es esperar que esta situación sea tratada con la mayor seriedad y compromiso que la realidad demanda, y sobretodo que sus acciones sean limitadas en el tiempo para que en el menor período posible volver a una situación de normalidad y si es factible más segura que la del pasado.
Pero me temo que todo esto es muy complicado puesto que las FFAA no están diseñadas ni doctrinal y estructuralmente para pelear una guerra donde el “enemigo” es difuso, se camufla, se mimetiza y finalmente es parte misma de sectores y grupos sociales; es decir, el “enemigo” no es un ser extraño o un ciudadano de otro estado, el “enemigo” es un ciudadano ecuatoriano al igual que los miembros de las fuerzas de seguridad. Mayor es la incertidumbre cuando la experiencia nos dice que su uso indiscriminado de la fuerza militar ha llevado a perpetrar masacres de civiles, falsos positivos, incluso genocidios y finalmente no ha logrado más que incrementar la fragmentación, el resentimiento y la violencia social. Por otra parte, también es una situación que desgasta profundamente a las FFAA, tanto en su relación con la sociedad como hacia su interior, ya que afecta y complica su cohesión interna la que es fundamental para el funcionamiento de una fuerza militar.
Por todo ello, y una vez que se ha decidido dar este paso cuyas consecuencias son inciertas, con el propósito de que esta decisión no sea solo un salto al vacío que nos lleve a una situación peor, me permito hacer algunas recomendaciones que no pretenden más que aportar en la búsqueda de la paz para nuestro país.
En el nivel político:
- El objetivo político debe ser claro e implica responder a la pregunta ¿Cuál es la situación final que desea obtener el gobierno después de la intervención? Y estos objetivos deben ser claros, medibles y alcanzables.
- Cuáles son los medios y recursos logísticos disponibles, incluyendo los obtenidos de los recursos propios o de los de colaboraciones internacionales, a fin de sostener las operaciones militares. Estos recursos deben ser sostenibles en el tiempo, no cabe hacer pequeñas inversiones y pretender que con ello basta. Una ”guerra” implica un gran esfuerzo económico del país.
- Se debe tener conciencia clara de que la pacificación del país no pasa por el solo uso de la fuerza y de la violencia del estado. Si no hay desarrollo social, educación, salud, empleo y oportunidades para la gente, en especial para los más pobres, nunca dejará de haber un espacio fértil para seguir alimentando a los grupos delincuenciales y la “guerra” será eterna. Por tanto al mismo tiempo que se desarrollan las operaciones militares, el Estado en su conjunto debe intervenir en los lugares donde se asientan en mayor medida los grupos sociales que sirven de base a los grupos de delincuencia organizada.
- No se logrará los objetivos si el gobierno no obtiene acuerdos políticos mínimos, que dejen atrás la fragmentación, la estigmatización y persecución a grupos políticos que tienen una alta representación en la población. Es urgente bajar los niveles de odio y la fragmentación que atraviesa la sociedad.
- Depurar y reconstruir el sistema judicial nacional, dotándoles de las herramientas y los recursos que requiere. Paralelamente, entablar una lucha sin cuartel en contra de la corrupción empezando por el ámbito político y social, privado y público, pero para ello se requiere alcanzar un importante nivel de legitimidad que al momento no tiene el sistema político y la justicia.
- Reconstruir a las instituciones de seguridad las mismas que tienen estructuras y doctrinas caducas y sin sentido en nuestra realidad. Se debe limitar el corporativismo interno que suele llegar a ser prebendario, para ello se debe establecer sistemas de control externos a las instituciones y un real control civil sobre ellas. Analizar y modificar la estructura militarizada de la Policía Nacional, crear una policía de investigaciones independiente y realizar una reestructuración profunda de las FFAA.
- Establecer una estrategia para combatir el lavado de dinero que se realiza sobre todo en el sistema financiero nacional y en la empresa privada.
- Establecer una política pública y un plan para salir de este estado de “guerra” al que nos han conducido. Para regresar a la normalidad, es fundamental saber cómo vamos a vivir luego de terminar con la situación de “guerra” que no puede durar para siempre, y que requiere construir una situación mejor de la realidad social que es la que nos ha llevado a esta situación.
En el nivel militar:
- Las FFAA deben actuar en estricto apego al Derecho Internacional Humanitario, para ello deben realizar las acciones que sean necesarias para limitar la posibilidad de desvíos, errores y crímenes.
- Para alcanzar el objetivo, es fundamental contar con una inteligencia suficiente, eficiente y a tiempo, ello implica reformar y fortalecer de manera continua las capacidades tecnológicas y humanas de la inteligencia y la contrainteligencia.
- Realizar una planificación donde además de la operación, se tome en cuenta los límites jurídicos de las acciones que se van a realizar, esta es la única manera de limitar las consecuencias de la acción en cuanto a la víctimas colaterales que siempre generará una acción militar.
- Fortalecer las capacidades de liderazgo operacional y táctico, implica promover a los más preparados y capacitados en todos los ámbitos.
- Dotar a las unidades especiales de intervención de cámaras corporales para seguir y evaluar las operaciones.
- Disponer de un sistema de mando y control táctico en tiempo real.
- Fortalecer las capacidades tecnológicas y humanas para realizar acciones quirúrgicas en un entorno urbano complicado, buscando el mínimo de impacto colateral.
- Realizar un seguimiento permanente sobre la situación psicológica del personal militar involucrado en estas operaciones.
- Desarrollar un plan adecuado de rotación y descanso de los miembros de FFAA.
Estas son algunas de la gran cantidad de acciones que deben ser llevadas a cabo para evitar que la decisión tomada por el poder político sea contraproducente en el combate al crimen en el país. Como podemos ver con claridad, estas acciones y otras requieren fortalecer las capacidades del estado, todo lo contrario al discurso neoliberal y a las acciones sistemáticas de destrucción del estado que se llevaron a cabo en los dos últimos gobiernos.
Ojalá podamos salir pronto de este laberinto al que nos han llevado los dogmas neoliberales, lo que si es cierto es que la salida será dolorosa, con mucha sangre y que la mayoría del sufrimiento será, como siempre, del lado de los más humildes. Esta situación, sea cual fuere su desenlace, ya es una tragedia que seguro se saldará con la vida de un contingente de jóvenes que la sociedad que hoy pide su sangre, nunca les dio la oportunidad para tener una vida digna.