Por Jimmy Herrera
La democracia se disuelve en una doctrina de persecución política
En memoria de Luis Vaca (+) y solidaridad con Susana Cajas y Javier Jarrín, protagonistas del primer juicio contra el Estado ecuatoriano por ser perpetrador de crímenes de lesa humanidad
Por Jimmy Herrera*
Cerca de 500 privados de libertad inmolados en los últimos tres años en las cárceles del país, donde los pertrechos de guerra circulan y el control de los pabellones está a cargo de los clanes del narcotráfico. Ubicar a Esmeraldas y Guayaquil en el listado de las ciudades más peligrosas de la región por los índices de crímenes violentos, la vacuna y la extorsión, hablan de un panorama de terror en casi todo el país, que revela lo complejo de la inseguridad y demanda la imposibilidad de improvisar sobre aquello.
A nivel institucional la cosa se convierte aún más áspera, por la dualidad de las trayectorias institucionales que aparentemente reman en la misma dirección: la democracia. El carácter político de las entidades resulta fundamental. Unos desconocen al opositor y lo reprimen, otros reconocen los disensos y su discurso es el diálogo. La institucionalidad del Estado es clave en un país heterogéneo: ¿política de bayoneta o política social y cultural?
En la hoguera bárbara (enero de 1912), cuando la muchedumbre quiteña conservadora asesinó a los Alfaro y sus líderes, las autoridades militares y políticas se hicieron de la vista gorda, incluso hubo misa luego del flagelo para apaciguar los ánimos caldeados desde los periódicos y los púlpitos; la horda y el complot funcionó en un esquema feudal para impedir que el liberalismo democrático canalice una ciudadanía laica. Por otro lado, en la masacre del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil, cuando jornaleros y trabajadores protestaron por sus derechos acompañados de sus familias y mucha gente del Puerto Principal; los dispararon a diestra y siniestra matando a centenares de personas, cuyos cadáveres fueron lanzados a la ría, y los gendarmes cumplieron órdenes en una cadena de mandos militares y políticos para impedir la organización social.
Ambos crímenes quedaron en la impunidad total. La memoria institucional convive con estos fantasmas de abusos.
En pleno siglo XXI, cuando se investigaron los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1984 y 2008 en Ecuador, por entidades de Naciones Unidas, gubernamentales y la sociedad civil, se reveló que la seguridad nacional instituyó doctrinas de terror de Estado con técnicas e instrumentos sofisticados para torturar, desaparecer, violar, matar y tantos horrores dedicados a la oposición política. Entonces, se evidenció que el tejido institucional fue entre políticos, militares, policías, sistemas judicial y penitenciario, más las embajadas de otros países como Estados Unidos, entre otras del Cono Sur y mafias de delincuentes de todo espectro, como fue la de Toral Zalamea en tiempos del febrescorderato[1]. Finas redes de acción, complicidad y encubrimiento, más impunidad.
El testimonio: verdad, justicia y reparación
Llevo 14 años en un juicio contra el Estado porque también fui torturado en marzo de 1986. Más de una década en la que la primera etapa de indagación previa ha cerrado. El mes anterior recibí una nueva notificación de avance del caso SIC 10, el nombre de la unidad policial especializada en cometer estos abusos durante el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988). Han pasado 37 años de aquel espanto, siendo parte de Alfaro Vive Carajo (AVC). Nuestra bandera de lucha fue la democracia con justicia social, soberanía nacional, participación y bolivarianismo. Intentaron matarme a palos, no solo a mí, al menos quinientas personas nos acercamos a dejar nuestro testimonio, como sobrevivientes, cuando se investigaron estas prácticas en amplio por la Comisión de la Verdad entre 2008 y 2010. Vale precisar que miles de denuncias más las recibieron los equipos de defensoría de derechos humanos, no solo de organizaciones no gubernamentales como la querida Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), sino también estatales. En mi caso, por ejemplo, el Tribunal de Garantías Constitucionales y médicos legales tomaron mi testimonio a la semana de haber sido detenido y aparecer destrozado en el penal García Moreno, junto a siete compañeros más, en similar o peores condiciones que yo.
El próximo mes se cumplen ocho años del sabotaje a la justicia para sancionar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad en la detención, tortura, violación y desaparición de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, alfaristas apresados por militares en Esmeraldas, el 10 de noviembre de 1985. Cajas y Jarrín aparecieron 15 días después de la detención, pero Vaca, tres años después de la privación su libertad. Los tres acusaron al Estado en un proceso largo, engorroso y amenazante. Estos ex AVC, lograron que el 12 de marzo de 2014 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronuncie “a favor del procedimiento y procedibilidad”, de la acusación. Esto permitió formular cargos contra 13 integrantes de la fuerza pública de los más altos rangos, once militares y dos policiales, e implicó la aplicación de medidas cautelares contra ocho de los imputados: cinco con arresto domiciliario y tres con prisión preventiva.
Sin embargo, todo lo avanzado jurídicamente correcto, no sirvió de nada porque se suspendió la instalación de la audiencia de juzgamiento, el 9 de noviembre de 2015, debido a que la plana mayor de oficiales militares y policiales en servicio activo y pasivo, incluyendo al Ministro de Defensa de entonces, visitaron la sala judicial vistiendo sus galas institucionales y manifestándose solidarios sobre los imputados. Desde entonces, se han intentado cinco llamados más para dictaminar la sentencia y la Sala Especializada de lo Penal de la CSJ mantiene este juicio en el limbo procesal, hasta el presente.
Entonces, el general Paco Moncayo, hizo eco del Frente de Defensa de Militares y Policías que adujo que actuaron en cumplimiento del deber. Este militar incluso se manifestó ofendido frente a lo que llamó una campaña sostenida de desprestigio contra las FFAA:
- Es indispensable que haya una Comisión de la Verdad, pero que sea imparcial. El informe es antineoliberal y tiene una gran cantidad de verdades a medias. He estado 40 años en el Ejército y nunca me enseñaron a torturar. Tengo derecho a admirarme de que en 40 cuarteles se torturaban. ¿En dónde estuve? ¿Fui tan bobo que no pude ver nada de eso?
Paco Moncayo declaró así al periodista Santiago Estrella.[2] Y en la misma entrevista, cuando el reportero le comentó:
- Conque haya un torturado por represión ya es un problema serio…
Enseguida Moncayo flexibilizó su ceguera:
- Sí, es un problema de DD.HH., pero en la Convención de Roma un crimen de lesa humanidad se comete como parte de un ataque generalizado y sistemático a una población civil.
- Se afirma que sí, fue sistemático con Febres Cordero.
- Supongamos que fue sistemático. Fue contra un grupo que declaró la guerra al Estado.
Paco Moncayo también fue diputado (1998 – 2000), alcalde de Quito en dos periodos (2000 – 2009), y asambleísta nacional (2009 – 2012), importante político e incluso lideró cierta oposición, y nadie lo persiguió, dirá que no hubo razones. La verdad es que este general se ha mantenido como rostro de la seguridad hasta ahora, incluso fue asesor de seguridad del actual presidente Guillermo Lasso.
Moncayo se equivocó y minimizó siempre el abuso de poder estatal, para él la detención, tortura, violación y desaparición de Vaca, Cajas y Jarrín se trató de un caso aislado, contra tres subversivos que supuso deben ser tratados de esa manera. Grave filo de la navaja en el que se puso junto a sus contertulios. Filo sobre el que caminó nuevamente, al advertir, en su carta de renuncia en junio pasado, que la inseguridad del país radica en la oposición política; la rancia doctrina del enemigo interno del terrorífico Plan Cóndor. Dentro de sí, navega entre fantasmas, ojalá los esquive.
Otro Estado es fundamental
Las trayectorias democráticas dentro del Estado han sido víctimas de sus colegas de la muerte, en muchos casos, como le ocurrió al presidente Jaime Roldós Aguilera, asesinado en mayo de 1982. Otros gobiernos, como el de Rodrigo Borja (1988 – 1992) intervino con una comisión especializada con apoyo de entidades internacionales para revelar la farsa oficial sobre la detención, tortura, asesinato y desaparición de los hermanos Carlos y Andrés Restrepo Arismendi (14 y 17 años, respectivamente), en enero de 1987. La Policía Nacional y el gobierno adujeron que los chicos se accidentaron en una quebrada del río Machángara en Quito, cuando manejaban el auto de su padre y los cuerpos de los chicos fueron “desvanecidos por organismos fluviomarinos”. Seis años y medio después, la familia logró una sentencia ubicando a ciertos culpables. Sin embargo, el enfoque jurídico de entonces permitió a los imputados presentarse como excepcionales malos elementos policiales, además las sentencias prescribieron, y autoridades de las entidades comprometidas, como del Servicio de Investigación Criminal (SIC), quedaron liberadas de toda responsabilidad. El general Gilberto Molina que estaba al frente de la unidad policial en la detención de los adolescentes, fue sancionado como encubridor a dos años de prisión, quien permaneció detenido durante 13 meses en la Escuela de Oficiales de la Policía (con los privilegios del asunto) y luego se fugó hasta que proscriba la sentencia. Otros oficiales quedaron impunes y siguieron ascendiendo al más alto nivel de la Policía, como el entonces capitán de la policía, Edgar Vaca, jefe del SIC y que llegó a ser comandante de la entidad[3].
El mandato de Borja también dialogó con los movimientos sociales. Entre lo más emblemático constan los acuerdos que canalizaron la territorialidad de pueblos y nacionalidades indígenas, y la dejación de armas de AVC. Otro discurso.
El gobierno de Correa (2007 -2017) fue más legítimo aún, no solo por haber canalizado la Asamblea Constituyente que logró la Constitución más democrática del país y de la región, bajo la concepción de un Estado garantista e inclusivo desde el acceso a los servicios básicos de calidad, propiciador de dignidad en las condiciones laborales, sobre todo del sector público, generador de una infraestructura para la producción. Otro discurso que llevó al país a liderar referencias en lo social, económico y político.
En décadas de neoliberalismo planetario, resultan fundamentales las interlocuciones democráticas del Estado, porque se canalizan ciertas reivindicaciones y luchas de los movimientos sociales. La protesta y la exigencia de las organizaciones también requieren de condiciones para el diálogo y acordar sobre lo común y siempre seguir luchando. La estrategia de la farsa, como lo hicieron los gobiernos de Moreno y Lasso, al crear “mesas de trabajo” con representantes del movimiento indígena, luego de los estallidos masivos de octubre de 2019 y julio de 2022, fueron una burla y cinismo puro. Incluso revelar la inoperancia de esas “mesas” representaron luchas tenaces en el marco de políticas de persecución a la oposición.
La política neoliberal tiene muchas artimañas en contra de los movimientos sociales y partidos políticos que no se alinean a la desarticulación del Estado y la evasión tributaria de los clanes. El camino del candidato bananero de crear barcos carcelarios como parte de su sistema naviero, o improvisar contra los criminales, o mantener la impunidad al más alto nivel, o reforzar el chivo espiatorio de la oposición, violenta y polariza aún más.
La alternativa por la democracia sigue en las urnas y la candidata se ha comprometido públicamente con la agenda de la CONAIE que quiso tratar luego de los últimos levantamientos. Además, propuso cobrar los impuestos a los evasores, así compensar los ingresos fiscales provenientes de la explotación petrolera en el Yasuní y cumplir con quienes votaron por el Sí en la consulta popular última que realizó el demagogo Lasso.
*Jimmy Herrera es docente de la Universidad Central del Ecuador y estudia su doctorado de Arte en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina
1- Informe de la Comisión de la Verdad 2010. Ecuador. https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/59430
2-https://www.elcomercio.com/actualidad/pacomoncayo-derechos-constitucion-paz-democracia/
3- El oficial murió en enero de 2017, días después que un juez de la Corte de Nueva Jersey le otorgó el estatus de asilado político. Fue protegido por el gobierno norteamericano, desde junio del 2013 al ser demandado por la justicia ecuatoriana por estar involucrado en el cometimiento de crímenes de lesa humanidad.
Tomado de Nodal