Por Magdalena León T.
El prolongado conflicto que vive el Ecuador, recién expresado en un paro nacional de dieciocho días que lideró la CONAIE, ha puesto a la vista el grado de erosión de la política, de los mecanismos democráticos. Un gobierno errático en sus intervenciones durante esta crisis, con la única constante de una represión brutal[1], ha sido incapaz de encauzar una salida de diálogo y negociación, rol que finalmente fue endosado a la Conferencia Episcopal. De su lado, desde el frente político de oposición no se logró encaminar con éxito la destitución presidencial, mecanismo democrático contemplado en la Constitución y clamor del pueblo movilizado. Se perdió la oportunidad de una reconfiguración política que modifique la agenda económica, que permita retomar una línea que se enmarque en la Constitución del Buen Vivir. Habida cuenta de la magnitud de lo acontecido, queda un escenario de resistencia y negociación de mínimos en lo económico, pero queda sin duda mucho más en derivas sociales y políticas.
El paro no fue sólo movilización y agitación social en las calles como tiende a mostrarse en los medios internacionales. Se trató ante todo de una acción combinada de bloqueo de vías, especialmente en la región Sierra, para impedir toda circulación de personas y bienes, y de presencia en las ciudades, hacia donde en unos casos se desplazaron contingentes de indígenas y campesinos a los que se sumaron una variedad de organizaciones, grupos y población urbana. Sostener una acción de esta escala por tantos días muestra una fortaleza organizativa que no dejó de sorprender[2], al tiempo que un alto nivel de conciencia y compromiso social para resistir al neoliberalismo[3]. La movilización de recursos y energías sociales (en unos casos rozando el heroísmo), la activación de iniciativas solidarias de abastecimiento, alimentación, etc., con una lógica de cuidados colectivos, conforman un acervo de lucha, en buena parte de matriz femenina, que requiere registrarse y analizarse.
Así, esta jornada que fue planteada por la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN en términos de obtener resultados tangibles para las diez demandas de la Agenda de Lucha Nacional, tiene como primero y trascendental resultado una demostración de fuerza indígena y popular, que excede en unos casos los marcos formales de organización social, y que rebasa en mucho la capacidad política para proyectar esa energía social hacia una modificación de la política económica en las proporciones de su despliegue.
La aspiración de un resultado de aceptación de los diez puntos, tal como fueron planteados, tuvo que ceder en medio de las reticencias y maniobras del gobierno para dialogar que llevaron a un punto muerto y al riesgo de derrota. En este escenario la CONAIE solicitó a la Conferencia Episcopal -espacio en el que intervino también, Mauricio López, delegado del Papa- participar como instancia de mediación. El gobierno de su lado aceptó este rol de mediación otorgándole la facultad de definir la metodología, los temas, los actores y el lugar. En el acuerdo suscrito, llamado Acta por la Paz, constan resultados más bien escuetos[4] y la expectativa de lograr algún avance en las llamadas ‘mesas técnicas’ que operarán por noventa días[5]. Es notorio el empeño del gobierno por convertir en temas sectoriales ‘para indígenas’ los planteamientos nacionales de la Agenda de Lucha.
La debilidad del frente político tiene diversas expresiones pero remite a la configuración que busca el neoliberalismo en este plano, para que prevalezca el autoritarismo de mercado. La política sufre un asedio constante, la institucionalidad democrática se socava, lo público se captura en función de intereses del capital, los actores políticos relevantes son cercados y perseguidos por diversos medios. Estos rasgos comunes en contextos neoliberales, se conjugan en Ecuador con el singular fenómeno de un ‘anticorreismo’ de todos los colores, que ha implicado un ataque extendido, sistemático, perverso en tanto suma a sectores que se ponen a la cola de las élites y sus intereses[6], y que ratifica el potencial tangible de transformación que encarna la Revolución Ciudadana (hoy en términos electorales registrada como Unión por la Esperanza). En estas condiciones, que pese a tener una línea clara y consecuente con confrontación al neoliberalismo, evidente apoyo popular movilizado y un importante bloque legislativo, no logró plasmar la propuesta de destitución presidencial.
La conmoción de estos días cambia en muchos sentidos el escenario, abre perspectivas a mediano plazo, pero en lo inmediato en el plano económico supone la resistencia o el logro de modestos cambios, que el gobierno ve como compensaciones o concesiones. Un cambio de rumbo requiere la convergencia política de sectores que comparten intereses y objetivos, traducir la fuerza social en fuerza política con la capacidad de pasar de la resistencia a la transformación económica.
[1] El Informe Violación de Derechos Humanos en Ecuador en el marco del Paro Nacional 2022, señala una intervención exagerada de las fuerzas del orden con: 5 homicidios, 150 detenciones arbitrarias, torturas, tormentos y malos tratos, que llegan hasta configurar escenarios de crimenes de lesa humanidad. Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, jun.29 2022,
http://www.asociacionargentinadejuristas.org/pdf/Informe-preliminar-ecuador-2022.pdf
[2] No solo por el contexto pandémico, sino por las conocidas fracturas internas de la organización, que al parecer se atenúan bajo el liderazgo de Leonidas Iza.
[3] Este sentido común anti neoliberal afloró también en el estallido social de 2019. Ver León T., Magdalena, ‘Sobre el sentido común anti neoliberal y otros debates necesarios’, en Ecuador, la insurrección de octubre, CLACSO, 2020.
[4] El acuerdo en lo sustantivo define una reducción en los precios de los combustibles en 15 centavos, que representa un tercio de la aspiración inicial, la derogatoria del decreto ejecutivo 95 que ampliaba la frontera petrolera, la reforma del decreto ejecutivo 151 que contiene el ‘Plan de Acción para el Sector Minero del Ecuador’ para explicitar límites que ya están contemplados en la Constitución y otras leyes, la instalación de mesas de diálogo por noventa días para negociar otros aspectos de la agenda.
[5] https://www.telesurtv.net/news/ecuador-acuerdos-gobierno-conaie-20220630-0029.html
[6] El partido Pachakutik, brazo político de la CONAIE, ha basado en ese ‘anticorreismo’ su alianza con el actual y el anterior gobierno. En estos días sus asambleístas, en unos casos por convicción en otros por cálculo, convergieron en la demanda de destitución presidencial planteada por UNES.