Por Daniel Kersffeld
La actual crisis entre Rusia y Estados Unidos amenaza con transformarse en un conflicto de más amplias proporciones y de un alcance internacional todavía no visto hasta ahora.
La actual política en Estados Unidos mantiene diferencias en torno a la posible designación de Rusia como país promotor del terrorismo a escala internacional. Mientras que en un tono patriótico y electoralista el Poder Legislativo asume directamente esta propuesta, el Poder Ejecutivo trata de esquivarla, apuntando en cambio a las fuertes consecuencias políticas y económicas de un nombramiento de estas características.
Por su parte, Moscú ya advirtió que cualquier iniciativa en ese sentido implicaría una total ruptura de relaciones con Estados Unidos.
En la actualidad, solo cuatro países están oficialmente etiquetados por Estados Unidos como patrocinadores estatales del terrorismo: Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria. La lista anterior había incluido a Sudán, Libia e Irak.
Dentro del Congreso el proyecto de ley tiene un amplio apoyo bipartidista y existen fuertes indicios de que será aprobado en septiembre. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, incluso dio su aval a la propuesta que, a su entender, “ya se había demorado demasiado”. En caso de que el Parlamento lo apruebe, le correspondería a Joe Biden sancionar la ley.
Antony Blinken, el Secretario de Estado, y quien debería llevar a la práctica la designación contra Rusia, ha minimizado el problema al sugerir que muchas de las sanciones previstas duplicarían las medidas que ya existen. Así, el gobierno estadounidense tendría una mayor conciencia sobre las graves consecuencias globales de una designación de esta naturaleza.
Los defensores de la iniciativa aseguran que desde que comenzó la invasión el 24 de febrero, los “crímenes de guerra” del ejército ruso en Ucrania han sido ampliamente documentados y actualmente están sujetos a una serie de investigaciones internacionales en curso. Pero la resolución va atrás en el tiempo y se refiere el “terrorismo ruso” en Chechenia, Siria y Georgia, hasta llegar al actual conflicto en Ucrania.
La inclusión de Rusia en la lista negra tendría importantes consecuencias. Para empezar, implicaría la incautación de todas las propiedades rusas en el territorio al que Estados Unidos pueda acceder. El capital ruso en el extranjero podría ser congelado, e incluso expropiado. Si la designación fuera adoptada por muchos países, Rusia perdería sus derechos de propiedad en el extranjero y su interacción económica se debilitaría al máximo.
De igual modo, se introducirían restricciones adicionales a la interacción económica de EE.UU. con Rusia, así como también se ejercería presión sobre las organizaciones no gubernamentales y las empresas internacionales que aún realizan negocios en Rusia, que se verían afectadas en su “buen nombre” por comerciar con un “Estado terrorista”. Por último, los familiares o las víctimas de “ataques terroristas” podrían demandar a Rusia en los tribunales estadounidenses.
Antes de que se apruebe en Estados Unidos, ya otros gobiernos se apresuraron en sancionar similares designaciones, lo que demostraría que existe una estrategia internacional en curso para reforzar el aislamiento de Rusia. Así, en Letonia y recientemente en Lituania, se aprobaron leyes anti rusas, en tanto que en diversos países se está discutiendo la prohibición del otorgamiento de visas de turista para ciudadanos rusos en toda la UE.
En caso de que esta designación se concrete, los efectos para Rusia serían durísimos, y más graves que el conjunto de las sanciones económicas aplicadas hasta ahora.
Lo primero que se puede afirmar es que, sin duda, Moscú encontrará esta designación profundamente insultante, sobre todo porque se considera a sí misma a la vanguardia de la lucha contra el terrorismo.
Sin embargo, aún más preocupante sería la posibilidad de que el presidente Vladimir Putin pueda considerar este movimiento como un llamado abierto a un cambio en el gobierno de Rusia, particularmente, debido a que uno de los caminos para dar marcha atrás esta designación implica una alteración en la dirección política del país señalado.
Por otra parte, incluir a Rusia en esta categoría también obstaculizaría la cooperación internacional en la gestión de crisis y conflictos globales, impactando de lleno en cualquier diseño de política multilateral. A la par, se abriría un interrogante en torno a la dinámica del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en estos momentos seriamente afectado por el deterioro de las relaciones entre las grandes potencias.
De igual modo, tal medida probablemente debilitaría a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, un organismo que ha sido fundamental para contener los conflictos que estallaron después de la disolución de la Unión Soviética.
Otros procesos de diálogo y pacificación en lo que era el territorio soviético también se verían afectados, como son los casos de las conversaciones que actualmente se siguen sobre Moldavia, Georgia y Nagorno-Karabaj. Al mismo tiempo, impactarían duramente en aquellos complejos procesos dirigidos por las Naciones Unidas en conflictos abiertos en Libia, Siria y Malí. Y desde ya, agravaría las estratégica negociaciones en torno al enriquecimiento de uranio en Irán.
Más allá de los efectos políticos, la calificación de Rusia como Estado promotor del terrorismo agravaría la fragilidad del actual sistema económico global.
Distintos análisis advierten que los principales socios de Rusia en la Unión Económica Euroasiática (Armenia, Bielorrusia, Kazajstán y Kirguistán) ya muestran su preocupación por la posibilidad de que el bloque finalmente colapse. Se prevé incluso que la crisis también impacte en algunos miembros de la Unión Europea cuyas economías tienen fuertes vínculos con Rusia, transformando así su crisis en una debacle internacional.
Por último, y en caso de que esta iniciativa finalmente avance, está claro que América Latina no podrá permanecer al margen. En efecto, los lazos económicos y políticos construidos con Moscú en los últimos años demandarán claros posicionamientos internacionales por parte de los gobiernos de la región, en tanto que se profundizarán las presiones diplomáticas y económicas operadas desde Washington con el objetivo manifiesto de sumar alineamientos a esta controversial iniciativa
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