Por Erika Sylva Charvet
Hoy se cumplen 98 años de la masacre obrera del 15 de noviembre de 1922. En su lucha por sus legítimos derechos, el pueblo ecuatoriano también fue reprimido con saña en octubre de 2019. Y, nuevamente, quienes mancharon sus manos de sangre fueron las mismas elites minoritarias de 1922, esta vez representadas por el gobierno de Moreno. Por todos los caídos y caídas de 1922 y 2019 escribo estas líneas, cuya memoria espero también sea honrada por los/as legisladores/as en el juicio político a la ministra Romo.
En el marco de la Carta de Intención firmada con el FMI en marzo de 2019, el 1 de octubre de ese año el gobierno de Moreno anunciaba un conjunto de medidas económicas, entre ellas, la eliminación del “perverso” subsidio a los combustibles, “que … beneficia a los ‘más pudientes, narcos y traficantes’” (El Comercio, 3-12-2019), añadiendo que va “a pedir que hagan un esfuerzo adicional… los que más tienen” (Confirmado.net, 2-10-2020). La respuesta popular a tal anuncio fue un “estallido social” a escala nacional resultante de la acumulación de golpes económicos a las clases populares originados por la política neoliberal adoptada desde mayo de 2017. Este se extendería hasta el 13 de octubre, cuando el gobierno se sentó al diálogo con la CONAIE –que lideraba la protesta- resolviéndose derogar el decreto 883 que ocasionó tal conmoción.
La invitación del gobierno al diálogo a las organizaciones indígenas, se dio en el marco de una intensa agresión simbólica, evidenciada en una estigmatización de los/as manifestantes como “fuerzas violentas”, acompañada de una identificación de los “grupos irregulares [colombianos] como el ELN y las FARC” de generar “gran violencia” (NTN24, 2019); culpabilizando a los “correístas” de “pagar a las bandas criminales de Quito para que salgan a asaltar” (Pichincha Universal, 18-10-2019), e imputando al “delincuente que se llevó $70.000 millones de este país” aliado al “sátrapa” de Maduro –Presidente de Venezuela- de tentativa de un fantaseado golpe de Estado (El Universo, 7-10-2019), todas acusaciones sin fundamento coreadas por la Ministra de Gobierno y los medios de comunicación empresariales aliados al gobierno.
Más allá de lo simbólico, la violencia física ejercida por los cuerpos represivos no tuvo parangón. Según el Comandante de la Policía, en diez días de manifestaciones, se utilizaron 38.500 bombas lacrimógenas, incluyendo las 18.870 que se prestaron de urgencia a Colombia (Rivadeneira, Pichincha Universal, 4-11-2019) y en cuyo total se contabilizaban también 6000 bombas lacrimógenas caducadas (Ibid.). Varias entidades de derechos humanos caracterizaron la respuesta del gobierno como “violenta”(ADH, 2020:18), diagnosticándose un “uso excesivo y arbitrario de la fuerza en contra de quienes no representaban una amenaza inminente para el Estado”, con “efectos desproporcionados en contra de “la integridad de las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y mujeres indígenas que acompañaban las manifestaciones (…), lo que vulneró el ‘derecho a la vida’ de las personas, por lo que ‘el Estado habría incumplido con sus obligaciones de respeto y garantía del derecho a la integridad personal, consagradas en la Convención Americana’”(ADH, 2020: 20, 26, 27). La conclusión de estos informes es que la represión al mando de Romo habría dejado como saldo entre 9 y 11 muertos, presumiéndose involucramiento de fuerzas policiales inclusive en “ejecuciones extrajudiciales”; 1507 heridos, decenas de ellos/as de gravedad, con mutilaciones, lesiones o fracturas permanentes; y 1330 detenidos/as (ADH, 2020:28,53,54,58,60).
El cinismo del gobierno en torno al origen y evolución del estallido social se manifestaría, primeramente, en el ocultamiento de los reales beneficiarios de las medidas económicas, no solo relativas a la eliminación de subsidios, sino, especialmente, a las reformas tributarias, laborales y fiscales planteadas- orientadas al enriquecimiento de las oligarquías y las transnacionales y el empobrecimiento de las clases trabajadoras (Oliva, 2019). Cuando el gobierno culpaba a ciertos grupos “violentos” del estallido social, se olvidaba de la solicitud de “comprensión” de las medidas, que pedía al pueblo el entonces Vicepresidente Sonnenholzner, unos días antes de dicho anuncio (Confirmado.net, 27-09-2019). Más aún, encubría las propias advertencias de la Carta de Intención en relación a las medidas “…sobre las afectaciones a corto y mediano plazo (…en) el nivel de vida de los ecuatorianos que [éstas] tendrán…”, recomendando como prioridad, “generar una estrategia comunicacional” (Pastor, 2019). De hecho, las alegaciones en torno al “correismo” como mentalizador de un supuesto golpe de Estado, serían desmentidas tan temprano como noviembre de 2019 por el propio ex Jefe del Comando Conjunto de las FFAA, Gral. Roque Moreira, quien al declarar ante una comisión de la Asamblea Nacional sostuvo que “en ningún momento inteligencia tenía conocimiento” de esto (Peralta, Pichincha Universal, 11-11-2019). En contrarresto de aquello, con gran cinismo la ministra Romo lo ha repetido un año después, sin prueba alguna, en el marco del juicio político que el legislativo lleva adelante en relación a su manejo de la crisis. (El Universo, 6-11-2020; Galarza, Pichincha Universal, 6-11-2020).
Pese a las apabullantes evidencias audiovisuales, Romo ha intentado “suavizar” sus directrices violentas caracterizándolas como “firme pero equilibrada usando la fuerza exactamente en los momentos que se consideraba necesario …” (Peralta, Pichincha Universal, 15-10-2020). Y respecto a los resultados claramente letales de la represión ha afirmado reiteradamente que “(l)a Policía en ningún caso utilizó armas letales, sino fuerza disuasiva… ” (Rivadeneira, Pichincha Universal, 17-10-2020). Incluso ha minimizado la utilización de bombas lacrimógenas caducadas aduciendo que “no son más perjudiciales” sino “menos efectivas…Hacen llorar menos”. (Peralta, Pichincha Universal, 15-11-2019). Sobre la letalidad o no letalidad de un arma debe tenerse presente lo que señala la CIDH de que “a pesar de ser no letales o menos letales, …casi todo uso de la fuerza puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte de una persona” lo que “…supone que, bajo ciertas circunstancias, la letalidad de un arma depende de su uso y control” (ADH, 2020: 25). Esto, debe aplicarse también para el uso de bombas lacrimógenas caducadas como señalan expertos/as en el tema
Según la abogada de la CEDHU, F. Poveda y la profesora M. Krauter, el Protocolo de Ginebra define a las bombas lacrimógenas como “un tipo de arma química … no letal” del tipo lacrimógeno. Sin embargo, su “desnaturalización” puede convertirla en un armamento letal. “Eso es lo que pasó en nuestro país”, dice Poveda sobre la base del informe de la CIDH (14-01-2020) que concluyó que las fuerzas de seguridad hicieron una “utilización indiscriminada de gas lacrimógeno” inobservando los protocolos interamericanos e internacionales en su actuación. La profesora Krauter, por su parte, señala que “es irresponsable decir que el gas una vez vencido pierde efectividad”, añadiendo que sus investigaciones han demostrado que una vez vencido, éste “se descompone por efecto del calor, el tiempo y la humedad en cianuro, acetileno, fosfeno, cloro, óxidos nitrosos que son extremadamente peligrosos … particularmente el cianuro y el fosgeno son letales [lo] que significa que en cantidades y en concentraciones muy pequeñas pueden causar la muerte”. Por su parte, la experta Ana Feugebau expresa un criterio similar al señalar que “(l)os cartuchos de gas lacrimógeno no necesariamente van a ser más tóxicos, pero si más volátiles y, pasado el período de control de seguridad que los cubre, puede ser que los otros productos químicos mezclados se vuelvan más potentes y más peligrosos y por eso se consideran residuos tóxicos y […] las autoridades y las empresas están obligadas a retirarlas por ley de depósitos y materiales… No deben y cualquier persona en la industria lo diría que no deben ser utilizadas”, punto también planteado por la Omega Research Foundation que taxativamente recomienda ponerlas “fuera de la circulación” y destruidas “de acuerdo a los protocolos ambientales” (s/a, s/f, www.youtube.com).
Al año del estallido social, Romo se ha reafirmado en su negación de los efectos letales de la represión de octubre ordenada por ella: “ninguna muerte – ha dicho – podría ser atribuida a la Policía Nacional …’Ningún miembro de la Policía salió a la calle con su arma de reglamento …Ninguna de las pérdidas humanas puede ser atribuida al uso de armas de dotación… En ‘ni un solo caso se disparó el arma de un policía’”. Incluso llega a afirmar desvergonzadamente que “la Defensoría del Pueblo inventó casos de muertos en el paro nacional y citó nombres de personas que nunca existieron” (Pichincha Universal, 6-10-2020). Esto ha ido de la mano del ocultamiento de la información sobre los fallecidos a los organismos de derechos humanos. Según la CIDH la única respuesta que ha obtenido ha sido que “los fallecidos perdieron la vida en el contexto de las protestas, más no necesariamente como fruto de excesos de acción policial”, afirmación que –según dicho organismo- “si bien es parte del discurso oficial estatal, no ha sido resultado de investigaciones hechas por las autoridades judiciales competentes” (ADH, 2020: 26-27).
¿Puede una autoridad proceder con el cinismo de Romo de negar los efectos dañinos de los gases tóxicos en la salud de la población expuesta a las bombas caducadas durante trece días de violenta represión? ¿Puede negar, con tanta sangre fría, su responsabilidad en las muertes y lesiones de miles de ecuatorianos/as a causa de los proyectiles lanzados directamente a sus cuerpos por la policía bajo su mando? Si tuviera un gramo de vergüenza, honestidad y humanidad, hace tiempo habría renunciado y asumido su responsabilidad en ello. ¿Estará la Asamblea Nacional investida de esos valores para hacer justicia a la memoria del pueblo caído en octubre o mostrará el mismo cinismo de la ministra a la que juzga?Quito, 15 de noviembre de 2020
Fuentes
ALIANZA POR LOS DERECHOS HUMANOS (2020). Verdad, justicia y reparación. A un año de las protestas sociales Octubre 2019. Informe actualizado, pdf.
OLIVA, Nicolás (2019a). Crisis en Ecuador: de protestas y privilegios. En CELAG, 4 de octubre. Recuperado en https://www.celag.org/crisis-en-ecuador-de-protestas-y-privilegios/
PASTOR, Martín (2019). Ecuador y el FMI: misma piedra, mismo tropiezo. En CELAG, 9 de mayo. Recuperado en https://www.celag.org/ecuador-y-fmi-misma-piedra-mismo-tropiezo/
S/A (S/F). Gas caducado, ¿más peligroso de lo que dice el gobierno? www.youtube.com
El Comercio, www.elcomercio.com
El Universo, www.eluniverso.com
Confirmado.net, www.confirmado.net
Pichincha Universal, www.pichinchauniversal.com
NTN24, www.ntn24.com