Por Consuelo Ahumada
Lo que resulta relativamente nuevo y preocupante es el endurecimiento de las Cortes frente al gobierno, lejos del papel que desempeñaron en décadas recientes.
El pasado 8 de febrero la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de aplazar la elección de la nueva fiscal agudizó las tensiones y exacerbó los ánimos. Este jueves está prevista una nueva sesión, pero parecería que tampoco habrá humo blanco.
No es un episodio aislado ni rutinario, como se pretende mostrar. Tiene que ver con la intensificación de la arremetida desatada desde diversos flancos en contra del presidente. Ya no son solo la extrema derecha y los militares retirados quienes se resisten a dejarlo gobernar.
En lo que va de su mandato, se han expresado de diversas formas los enemigos de la paz y de cualquier cambio que ponga en entredicho el statu quo en Colombia, reforzado en el período neoliberal: mayores beneficios para los grupos económicos extranjeros y nacionales y para el puñado de familias que hasta ahora había manejado el Estado. Esto sucede en un país con un prolongado conflicto armado y uno de los peores indicadores de concentración del ingreso y la tierra en el mundo.
Por ello la oposición férrea a las reformas sociales, orientadas a restituir derechos fundamentales y a establecer límites importantes a la voracidad de los grandes capitales.
En la tarea de desestabilizar al gobierno, los gremios económicos repiten todos los días que la economía del país va mal por culpa de Petro. Buscan confundir, generar incertidumbr. No hacer un mínimo de contexto ¿Qué pasó antes de este gobierno? ¿Qué responsabilidad compete al Banco de la República? ¿Qué hay con el desbarajuste económico global?
La arremetida de los medios ha sido brutal. Se han metido con la salud mental del presidente y hasta con el baile, el peinado y los viajes de su esposa.
Pero el lenguaje utilizado frente a la movilización pasada rompió cualquier límite. Contra toda evidencia, se habló de asedio a la CSJ, secuestro, rescate, helicópteros, retoma del Palacio de Justicia. Se comparó con el ataque al Congreso de las huestes de Trump.
Los pronunciamientos del presidente de la Corte fueron desproporcionados. Los de César Gaviria, delirantes. Primero llamó delincuente a Petro y luego atacó a los organismos de la OEA por pedirle a la misma Corte que cumpliera con su deber.
En el colmo del cinismo, los congresistas de Uribe fueron a Washington a pedir respeto por la CSJ. Pacho Santos, ex vice de Uribe, acusado de instigar la conformación del bloque Capital de las autodefensas, llamó a organizarse y a enfrentar al gobierno con las armas. ¿Más indicios?
El autoproclamado centro político tampoco se queda atrás. Por el peso de sus propios intereses mezquinos, por ignorancia o limitación mental, sus integrantes asumen que gobernar es un ejercicio tecnocrático, académico, en donde prima una supuesta neutralidad y eficiencia.
No pueden entender que sentar las bases de una transformación social como la propuesta requiere mínimamente enfrentar y modificar lo que el presidente llamó el “enemigo interno”: normas, leyes, cultura y prácticas políticas arraigadas, centenarias.
Basta escuchar a De la Calle, negociador del acuerdo de paz con las Farc, o a Jorge Robledo, uno de los primeros en denunciar a Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Esta comisión nunca ha funcionado, pero esta vez sí podría proceder a investigarlo y destituirlo o limitar el alcance de su gobierno.
El papel instigador que han jugado el fiscal y la procuradora está fuera de toda consideración. Una vez terminado su ejercicio nefasto en la Fiscalía, Barbosa dejó en el cargo a Martha Mancera, denunciada por complicidad con mafias del narcotráfico. Pero eso no le preocupa a la CSJ, en su majestad y sabiduría. Más desvela a sus magistrados preservar sus cuotas burocráticas en la Fiscalía.
La procuradora suspendió al ministro de Relaciones Exteriores sin respetar el debido proceso, pero nada hizo con funcionarios del gobierno anterior, comprometidos en desfalcos al erario.
Sin embargo, lo que resulta relativamente nuevo y preocupante ahora es el endurecimiento de las Cortes frente al gobierno. No puede desconocerse su función constitucional en la preservación del Estado de derecho y la división de poderes. Pero ahora están muy lejos del papel que desempeñaron en décadas recientes. Veamos algunos datos.
La CSJ se enfrentó a la parapolítica en la época de Uribe y sus magistrados fueron sometidos a interceptaciones y persecuciones por orden del Ejecutivo.
Por la misma época, la Corte Constitucional declaró el Estado de cosas inconstitucional (sentencia T-025/2004) para llamar la atención al Estado sobre los efectos del conflicto armado sobre la población desplazada, en particular mujeres, indígenas y negritudes. Defendió un salario mínimo por encima de la inflación, y la prevalencia del gasto social.
La Corte de hoy, por el contrario, declaró inconstitucional el parágrafo de la reforma tributaria sobre el pago de regalías por las empresas mineras. Hizo lo mismo con componentes importantes de la Emergencia Económica decretada para la Guajira.
En marzo 2023, el Consejo de Estado suspendió el decreto presidencial con el que se buscaba reducir las tarifas de energía, una facultad que le da el artículo 370 de la Constitución.
En medio de estas circunstancias, debe entenderse que gobernar no es cumplir con un manual
Por supuesto que el presidente debe exigirles a sus funcionarios que cumplan con la ejecución presupuestal, tal como lo ha venido haciendo. Los recursos con los que se cuenta son importantes y el gobierno es consciente de la urgencia de la inversión pública para cambiar las condiciones sociales, en especial en los territorios más apartados. También que algunos altos funcionarios parecieran estar más preocupados por su caudal electoral y sus intereses de gamonales que por el programa del gobierno.
Sin embargo, en medio de estas circunstancias, debe entenderse que gobernar no es cumplir con un manual. Para materializar unas políticas transformadoras, deben también asumirse riesgos y sacrificios. Quien no lo entienda, debe admitir su incapacidad para trabajar por el cambio. No hay excusas.
El llamado a la movilización social es más válido que nunca. ¿Quién dijo que no es posible presionar a la CSJ para que cumpla con su deber? Los magistrados deben superar sus egos y acatar la voluntad popular.
Tomado de las 2Orillas