Por Consuelo Ahumada
La crisis golpeó sin misericordia a los sectores más vulnerables y pobres, a las mujeres y a los jóvenes con deterioro del empleo, el abandono y la desidia oficial.
Casi año y medio después del inicio de la pandemia y de la agudización de una crisis económica y social sin precedentes, el balance puede resumirse en altísimos niveles de pobreza y deterioro del empleo; descontento generalizado que no cesa; desidia oficial y desprestigio total del gobierno de Duque/Uribe.
La crisis golpeó sin misericordia a los sectores más vulnerables y pobres, los que además han puesto el 87 % de las víctimas mortales del virus. Personas que trabajan en condiciones precarias, mujeres, jóvenes y comunidades en territorios sometidos al abandono histórico del Estado. La confluencia de formas diversas de discriminación multiplica el impacto negativo.
A ello hay que sumarle la reactivación del conflicto armado con todas sus consecuencias, el incremento de las masacres, asesinatos de líderes/as sociales, amenazas y desapariciones; desplazamientos forzados y confinamiento de poblaciones en regiones como el Pacífico y el Catatumbo. Son el resultado del empeño del gobierno en deslegitimar y acabar con el Acuerdo de paz.
Duque cree en un modelo económico depredador, que arrasa con la naturaleza y con la vida y es la causa de la crisis global. Un modelo que favorece al gran capital, propicia el desempleo, subempleo, informalidad, migración y todas las formas de precariedad laboral, que afectan más a las mujeres y jóvenes.
Es un modelo centrado en la sociedad patriarcal, sobreviviente por siglos, incluso en estas épocas de grandes saltos tecnológicos. El machismo está muy arraigado en los dogmas y prejuicios religiosos y culturales, que pregonan las supuestas cualidades y aptitudes naturales de la mujer para el cuidado y el servicio.
Al mismo tiempo, los intereses económicos utilizan a la mujer como producto de mercantilización y consumo. Sin duda, esta cultura rezagada, ligada al peso de la tradición y al poder del negocio, es el obstáculo más duro de vencer.
Pero no es solo contra la mujer. Es un modelo que sigue tratando a niños y niñas como “menores” y no como sujetos de derechos; como actores del futuro y no del presente, incapaces de decidir sobre los asuntos que les atañen de manera vital.
Bajo el mandato del “libre mercado” y del debilitamiento de lo público, tienen oportunidades mínimas de estudiar. Si son mujeres, racializadas y pobres, sus posibilidades son todavía menores. Pero tampoco pueden trabajar, porque la actividad productiva del país es reducida.
La rebelión juvenil es una clara expresión y toma de conciencia de este bloqueo permanente de oportunidades para la vida
En Colombia hay 3,2 millones de “ninis” (ni estudian ni trabajan), de los cuales 2,2 son mujeres, según del Dane. La rebelión juvenil es una clara expresión y toma de conciencia de este bloqueo permanente de oportunidades para la vida.
Es además un modelo discriminatorio y excluyente con la población negra e indígena, aunque el racismo ni siquiera se debate entre nuestros círculos políticos. Han sido desproporcionadamente afectadas por el conflicto armado, como lo señaló la Corte Constitucional y lo muestran las organizaciones internacionales.
Volviendo a las diferencias de género, en junio 2020 se alcanzó la brecha más alta de los últimos nueve años entre hombres y mujeres, frente al desempleo: el masculino fue del 16,2 %, mientras que el femenino llegó al 24,9 %. Entre septiembre-noviembre, la tasa para las mujeres fue de 19,6 %, frente al 10,9 % para los hombres. Las mujeres jóvenes de 14 a 28 años corresponden al 46,4 % de las desocupadas.
Esta tendencia ha hecho retroceder los avances en cuanto a igualdad de género en cerca de una década. «El mercado laboral está generando un sesgo muy importante en contra de las mujeres pues son ellas las que están asumiendo más horas de trabajo en oficios del hogar o han entrado a la inactividad y se han dedicado a ese trabajo no remunerado”, reconoció Oviedo, a propósito de las cifras.
Un informe más reciente del Dane muestra que la tasa de desempleo de las personas de 14 a 28 años entre enero y marzo de 2021 llegó al 23.1%. En el caso de las mujeres fue de 31,3%, mientras que para los hombres fue de 17,9%, lo que indica que la brecha de género es del 12.1%.
Pero además la pobreza en este país recae más sobre las mujeres. 40 % de los hogares tienen jefatura femenina y de ellos el 31 % son pobres. En el 80 % de esos hogares las mujeres son madres solteras y no cuentan con un segundo proveedor.
De otra parte, cada vez es más clara la importancia del trabajo del cuidado durante la crisis. Un informe reciente de ONU Mujeres destaca que la pandemia mostró la enorme dependencia que nuestra sociedad tiene del trabajo de las mujeres, al tiempo que ha puesto de presente las desigualdades estructurales en todos los ámbitos.
Por todo ello, una agenda progresista, encaminada a sacar al país de la profunda crisis en que la deja sumida este gobierno, debe priorizar políticas públicas redistributivas, que garanticen la tan necesaria y relegada inversión social, consagrada en el Acuerdo de Paz. Pero requiere, con urgencia, atender las necesidades y mejorar las condiciones de mujeres y jóvenes. No basta con las cifras y el lenguaje inclusivo.
Tomado de las 2 Orillas