José Antonio Figueroa
Al evaluar los oscuros sucesos ocurridos en la provincia de Esmeraldas y los análisis de ciertos sectores que colocan un énfasis en los componentes militares, pienso en el documental la Muerte de Roldós de Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera donde se muestra cómo la agudización del conflicto con el Perú fue una herramienta útil para desmontar la inversión social en la que se empeñaba el gobierno de Jaime Roldós, con lo cual lo debilitaron y reforzaron el poder de los sectores más tradicionalistas del país, metiendo de lleno al Ecuador en la estrategia represiva del Plan Cóndor.
Los sucesos en la frontera norte afectan a la población civil y buscan atenuar la presencia tanto civil como militar del estado ecuatoriano. Algunos analistas relacionan la tragedia de Esmeraldas con la salida de la Base de Manta y con un debilitamiento militar conexo con esta salida y, de manera irresponsable, toman como referencia a Colombia tratando de posicionar la idea de que el énfasis militarista que ese país ha colocado en la lucha contra el «terrorismo» y el narcotráfico sería un ejemplo que el Ecuador debería replicar. Sin embargo, diversas fuentes demuestran que las bases militares norteamericanas han sido inútiles en la lucha contra el narcotráfico y han jugado un papel marginal en la lucha contra los grupos armados colombianos. En el caso de las FARC, si bien éstas sufrieron un debilitamiento militar en los años precedentes a la negociación política que adelantaron con el gobierno de Santos, eso no significó la disminución de la violencia en general en el país, y los resultados de la lucha contra el narcotráfico son patéticamente desalentadores al haber duplicado la producción que ha llegado a la escandalosa cifra de casi 200.000 hectáreas durante el gobierno de Santos.
Ese aumento de la producción de coca da la impresión de que las bases no buscan erradicar la producción de la coca sino su monitoreo y control, lo cual es lógico en un mercado de consumidores creciente a nivel global y con unas cifras de movilidad económica que alcanzan hasta el 2% del PIB de economías como la colombiana. La ingente movilidad de capital por parte del narcotráfico son sus altos precios, relacionados tanto con la demanda como con su ilegalidad, mientras la producción y la inversión en paraísos fiscales del capital internacional también requieren de esa ilegalidad ya que la muerte permanente de los capos permite que esos capitales terminen en las manos del sistema financiero internacional.
En este panorama los grandes beneficiarios del tratamiento militarista del narcotráfico son el mercado legal e ilegal de armas, químicos y derivados y el capital financiero trasnacional, y los grandes perjudicados son los productores pequeños y los campesinos que son las mayores víctimas de la violencia y la desposesión de sus tierras.
La presencia de las bases militares norteamericanas menoscaba la soberanía de los países en los cuales éstas se implementan y refuerza el papel de gran portaviones que los Estados Unidos asignan a los países con los que firma los acuerdos.
En Colombia, el personal de las bases militares norteamericanas tiene la garantía de movilidad por todo el territorio, los crímenes que cometan en Colombia no pueden ser juzgados por ese país, ni siquiera los que ocurran por fuera de sus funciones y las aeronaves tienen la potestad de viajar libremente por todo el territorio nacional. Para lo que sí han servido es para tener un papel clave en la vigilancia de los intereses petroleros norteamericanos y garantizar la presencia de recursos militares en caso de necesidad de intervención en las zonas de la región y del mundo. ¿Estamos dispuestos como país a volver a priorizar las estrategias militares desplegadas desde el norte, a retroceder en los avances sociales y a entrar de nuevo en la globalización militarista que ha profundizado la descomposición social y política en los países que han apostado por ella?