Por Marco Flores
Bajo el gastado disfraz de «poner la casa en orden» una mezcla de neoliberalismo criollo, estupidez y codicia, durante los últimos 7 años ha destruido inversión pública, crecimiento y empleo, consolidando un estancamiento económico que impide a la mayoría de la gente aspirar a un progreso compartido. La conspiración contra la calidad de los servicios públicos, seguridad ciudadana y posibilidades de progreso de la gente solo pudo venir desde adentro. La destrucción del crecimiento económico, el empleo y los «apagones» no vinieron de la nada. Son resultado directo de la destrucción de la inversión y del desprestigio de lo público para justificar la entrega a privados de sectores cruciales como el de la energía. La previa aprobación de leyes que autorizan remisiones tributarias y conceden muy generosos «incentivos tributarios» ha ocurrido para elevar el atractivo de los negocios. Pero como la mezcla de estupidez, neoliberalismo criollo y codicia irrefrenable de los últimos 7 años pudo más que el Bien Común, a falta de crecimiento y empleo que permita sostener la economía al menos con mínima equidad, Ecuador también fue endeudado en forma inusitada bajo la recurrente mentira de «fortalecer las reservas internacionales para proteger la dolarización», cuando en realidad las nuevas deudas fueron contraídas para garantizar -ante todo y sobre todo- el pago de deuda externa pública. Ni siquiera los 950 millones de dólares que el país recibió de regalo del FMI el año 2021 para ayudar recuperar la economía y el empleo luego del colapso económico del año 2020 escaparon de este destino. En noviembre de 2023 explotó la crisis del desfinanciamiento público y se hicieron evidentes los desastrosos resultados del manejo de la economía que se trataban de esconder, tanto que ni siquiera había en caja dinero suficiente para pagar los sueldos públicos a pesar que durante el gobierno de Lasso se realizaron débitos sustantivos a las cuentas de empresas públicas y de otras instituciones bajo el Presupuesto General del Estado (PGE) que disminuyeron las reservas internacionales en más de 4.000 millones de dólares. El saldo por pagar de los débitos realizados «cuando la economía estaba en ON y rugían sus motores» aparece con el nombre de «Pasivos Derivados de Convenios de Liquidez» en los boletines de deuda que pública mensualmente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La más reciente información muestra que al 31 de diciembre de 2023 el saldo de los «Pasivos Derivados de Convenios de Liquidez» fue 3.655,7 millones de dólares y al 29 de febrero de 2024 de 3.351,1 millones. Junto a los anexos a la proforma del PGE del año 2024 que el MEF envió a la Asamblea Nacional se incluyó uno que registra los valores debitados a múltiples instituciones públicas hasta el 30 de diciembre de 2023. Entre los débitos realizados aparece el producido a la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC por 497,0 millones de dólares. Tan grande cantidad de recursos fueron debitados a la empresa pública que «tiene la responsabilidad de ejecutar los procesos de generación y transmisión de energía eléctrica; ampliación del sistema eléctrico existente; planificación, diseño, instalación, operación y mantenimiento de sistemas no incorporados al Sistema Nacional Interconectado». Nuevamente, significaría que el sabotaje contra la seguridad energética al que se han referido funcionarios del gobierno de Noboa vino desde adentro. Pero como el MEF no ha informado la fecha del débito no se conoce quienes fueron los responsables, aunque resulte evidente que el débito a la CELEC no debió haber ocurrido. El estancamiento de la economía y del empleo siempre derivan en desfinanciamiento fiscal. En estas circunstancias el FMI ha aprobado para Ecuador un nuevo crédito por 4.000 millones de dólares que sería desembolsado en 4 años si el país cumple con las condiciones del acuerdo. Los recursos sobre todo servirían para pagar parte de la deuda previa que se le debe al mismo FMI. Pero, aunque los próximos 4 años Ecuador recibiese la totalidad del crédito, el dinero no alcanzaría para pagar la deuda previa con el FMI que asciende a 10.966,3 millones de dólares. Solo en los próximos 4 años (2024 a 2027) Ecuador debe pagarle 5.584,3 millones. Ha dicho el FMI que el nuevo crédito servirá para «salvaguardar la estabilidad macroeconómica y fomentar un crecimiento fuerte e inclusivo, al tiempo que proteja a los más vulnerables». Pero cuál crecimiento fuerte e inclusivo si el propio FMI ha previsto y difundido que el año 2024 la economía de Ecuador apenas crecería 0,1 %, y eso también, antes de que ocurran los «apagones». ¡Ecuador firma un acuerdo con el FMI para crecer 0,1 % anual! Y en cuanto a la poesía de protección a los más vulnerables son precisamente ellos quienes están pagando el más alto precio económico y social por la destrucción de la inversión pública y la imposición de políticas neoliberales diseñadas desde la «receta única» no solo para favorecer a muy pocos sino también para trasladar a privados los más valiosos activos del patrimonio público nacional, como los campos petroleros en producción, el Oleoducto de Crudos Pesados OCP y la generación y distribución de energía eléctrica en un mercado cautivo garantizado.