Por Luis Herrera Montero
Paulo Freire con mucha claridad supo diferenciar entre los conceptos de esperanzar y esperar. La esperanza implica compromisos a lograrse, muy al contrario de quien espera el futuro. En la lucha y resistencia hacia el cambio sociopolítico, la esperanza siempre estuvo ligada a horizontes a largos plazos. Hoy la esperanza tiene un campo para reactivar la democracia en el corto plazo. Con la derrota que sufrió Daniel Noboa, este 21 de abril, específicamente en las preguntas sobre el trabajo por horas y sobre el arbitraje internacional, podemos afirmar que recuperamos la esperanza. Hubiera sido nefasto reproducir los resultados de las dos últimas elecciones presidenciales, donde un aproximado de 53% permitió que minorías oligárquicas accedan al poder gubernamental
En cuanto a la pregunta sobre el trabajo por horas sabemos que es atentatoria a los derechos establecidos constitucionalmente. Los derechos laborales han sido hasta hoy jurídicamente inalienables, el pueblo ecuatoriano no cayó en la trampa de legalizar la destrucción de dichos derechos. Lo único que intentaba el gobierno de Noboa era el incremento de las ganancias jugosas de los oligopolios nacionales y el empobrecimiento de la clase trabajadora, bajo la falsedad de generación de empleo para jóvenes. Nunca pudieron los oligarcas atentar contra de esas conquistas alcanzadas por las organizaciones sindicales y los movimientos obreros y sociales del país.
En relación al arbitraje, es necesario recordar experiencias nefastas en materia socioambiental. Hay que revisar los perjuicios ocasionados por Chevron-Texaco en territorios de la Amazonia ecuatoriana, que ha gozado, en cambio, del beneplácito de instancias legales internacionales. Bajo el derecho nacional, con base en los procesos judiciales de la Corte Provincial de Sucumbíos, en el 2011 se sentenció a la transnacional con la obligatoriedad de cancelar 8.500 millones de dólares más 10% de costes judiciales, por todos los daños ambientales. Lamentablemente, esta empresa logró, en el año 2018, otra sentencia a su favor en la Corte Internacional de La Haya, que consideró el proceso judicial en Ecuador como fraudulento y determinó que la responsabilidad debía recaer en la empresa petrolera estatal ecuatoriana. A esto se debe agregar que cualquier iniciativa en contra de empresas transnacionales, por ejemplo mineras, conllevarían sentencias similares. Entonces cabe celebrar que en esta pregunta el gobierno tampoco pudo posicionar su propósito, ya que revivió el espíritu político ambientalista que triunfara en la anterior consulta y así dejar el petróleo del ITT bajo tierra.
Un proceso unitario muy bien enfocado por la CONAIE y la RC fue lo virtuoso, aunque la unidad no haya sido aún el gran propósito. Se concentraron en lo que representaría mayor gravedad para la estabilidad económica, ecológica y soberana del país, sus pueblos y comunidades; el tema no radicó solo en lo político y jurídico, fue una decisión suficientemente reflexionada y puesta luego en práctica. Ahora el problema está en lo referente al autoritarismo con el que se pretende otorgar una aparente seguridad y una teatral lucha contra la delincuencia y la narcoviolencia. Reforzar, por consiguiente, la política internacional de Estados Unidos es todo lo contrario a la virtud, por su rotundo fracaso, pues no ataca la estructura misma del narco y sus consecuencias sociales, sino que responde a intereses de hegemonía mundial desde la misma médula capitalista; el consumo de drogas no sería lucrativo fuera de la lógica capital y por eso tal política internacional carece de efectividad y eficacia.
Respecto a las preguntas sobre seguridad, hay que hacer evaluaciones con la debida preocupación. Son inútiles para nuestro país, pero no para la política internacional de Estados Unidos. En dos artículos que escribí para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales insistí que Ecuador, bajo regímenes neoliberales, está replicando procesos de la sociedad totalitaria liderada por la política internacional de Estados Unidos (Herrera & Vera, 2020; Herrera, 2022). Para el efecto respaldé el análisis con teorías clásicas en la materia, principalmente con las contribuciones de Hannah Arendt, Herbert Marcuse y Giorgio Agamben. En términos de actualidad, retomé las contribuciones de Mbembe sobre necropolítica a la que este autor asocia con el totalitarismo, sobre todo desde una aplicación también de los aportes de Arendt y Agamben.
Con base en lo expuesto, el proceder gubernamental de combatir la corrupción, la delincuencia y la narcoviolencia deja muchas dudas a un importante sector de la ciudadanía ecuatoriana. En plena activación del PLAN FÉNIX, que según la última ministra de gobierno, Mónica Palencia, que renunció inmediatamente después de la consulta, dicho plan consiste en todo un sistema panóptico (en nada ajustados a los significativos aportes de Foucault en torno al concepto), que cuenta además con el sustento de las experticias de seguridad que maneja Israel. Llama la atención que dicho país no pudo prevenir los ataques masivos del HAMAS, que terminó con la vida de aproximadamente 1200 israelíes y el secuestro de 250 personas, de las cuales un aproximado de 130 siguen en calidad de rehenes. Desde octubre, hasta nuestros días, los operativos político militares de las fuerzas armadas de Israel lo único que han gestado es un genocidio en contra de la población palestina, cuyas víctimas principales han sido mujeres y niños. Por lo tanto, desde ningún enfoque de rigor se puede argumentar la pertinencia de un sistema de seguridad basado en la experticia israelí; todo lo contrario, resulta infame hacerlo, la mayoría del mundo repudia la intervención de Israel en Gaza; sumar repudios no es mérito alguno.
Otros datos relevantes sobre la ineficiente seguridad instituida con el PLAN FÉNIX, es que escaparon del sistema penitenciario dos de los más peligrosos delincuentes de la narcoviolencia en el país: Fito y Colón Pico (recapturado hoy). A su vez, debe considerarse, que recientemente han sido asesinados Brigitte García, alcaldesa de San Vicente, José Sánchez, alcalde de Ponce Enríquez y Jorge Maldonado, alcalde de Portovelo. Es oportuno evaluar, por consiguiente, si existe voluntad política para garantizar la seguridad nacional o si todo son simples discursos sin concreción, que fácilmente podrían considerarse como demagogia u ofrecimientos que no se hacen realidad y que se disfrazan de democráticas, pues las oligarquías siempre han defendido privilegios en detrimento de un posible gobierno del pueblo y esas políticas de acción han fracasado por décadas en Colombia y México; nada indica que en Ecuador sea mínimamente distinto; al contrario, la ruta se reproduce inconteniblemente.
En esa misma perspectiva analítica, a la oligarquía Noboa no le avergonzó solicitar una reunión extraordinaria a la Organización de Estados Americanos, con el desubicado propósito de justificar la incursión violenta de las fuerzas policiales en la Embajada de México en Quito. Como era de esperarse, el objetivo de disuasión política tuvo resultados opuestos. Las delegaciones resaltaron el debido repudio al acto de violación de los parámetros establecidos por el derecho internacional, solo El Salvador prefirió abstenerse respecto de la condena generalizada por parte de los Estados integrantes de la OEA. Desde todo sustento jurídico, el hecho constituyó un grave irrespeto a los principios de soberanía de las naciones e integridad democrática de los pueblos.
El acontecimiento, en mención, está plagado del más inadmisible autoritarismo. El factor preponderante para tal inapropiado acto de terror, pretende aún hoy convencer a la ciudadanía ecuatoriana de que el actual régimen está empeñado en combatir la corrupción, la delincuencia, el narcotráfico y los altos niveles de inseguridad y violencia que caracterizan a nuestro país. Como nunca antes, bajo el modelo neoliberal, Ecuador lidera las estadísticas respecto a actos violentos en todo el continente americano. Ahora, lo que debe asombrarnos es que tan consciente está la ciudadanía ecuatoriana para alejarse de tal ruta autoritaria. Con el presente texto se comparte una postura para contribuir en tal distinción.
Lo que acontece hoy en Ecuador, alrededor de la ruptura de relaciones ente México y Ecuador, muestran a Jorge Glas como el eje motivador. Ahora, un entendimiento adecuado de tal proceso, debe tener presente un nefasto pacto oligárquico. La historia de Ecuador siempre tuvo como una constante la disputa y las negociaciones entre oligopolios económicos. En tiempos contemporáneos, evidencias de lo que se menciona lo podemos ubicar en los acuerdos de Nebot -Mahuad y que se actualizaron con la alianza Lasso-Nebot. Estos fenómenos se han reproducido con la captura violenta de Glas, invadiendo la sede diplomática de otro país. Creer que dicha persecución detiene y combate la corrupción y el narcotráfico, es caer en estrategias que encubren lo real y que también lo tergiversan. Todo indicaría que fue una decisión pactada entre las oligarquías Noboa y Egas-Romo, a la que pertenece la actual Fiscal de la nación.
Al respecto, lo sostenido por López Obrador, al afirmar que la candidatura correísta bajó su poder electoral luego del asesinato de Villavicencio, no estaría fuera de lugar si se revisa las proyecciones realizadas por Comunicaliza, la encuestadora que acertó en los exit polls, tanto en primera, como en segunda vuelta. Llama también la atención, que hasta ahora no se resuelva nada sobre una serie de los asesinatos, no solo de Villavicencio, igual sucede con el caso Cherres, a pesar de existir indicios para tal cometido.
En la actualidad reconocemos que los pactos oligárquicos perviven. Un acto inadmisible se presentó cuando el gobierno no pudo anticipar la toma de TC, uno de los medios más renombrados en la historia de la televisión ecuatoriana, por parte de unos jóvenes inexpertos, sin objetivos claros para el asalto de un escenario comunicacional de tal envergadura. Las inesperadas sorpresas estuvieron al orden del día, ya que en vez de prevenir el hecho, se realizó un operativo policial similar a las series televisivas de super héroes. Lo inaudito radicó en que Teleamazonas, un medio privado, retransmitiera el acto, para sorpresa de propios y extraños; esta retransmisión Noboa la criticó severamente en un diálogo con periodistas, aclarando sobre las motivaciones que le llevaron a declarar la guerra interna al crimen organizado. Procede, por tanto, presumir que hubo un acuerdo previo que no impidiera la inesperada retransmisión, debido a que tal intromisión no puede escaparse a un canal público ni privado. En la misma tónica, en los momentos previos a la realización de la consulta, nuevamente Noboa, de manera igual de inesperada, acusa a la tienda política Construye de ser la responsable de la pregunta sobre el trabajo por horas, ratificando el establecimiento de pactos.
En definitiva, el pueblo ecuatoriano no puede ignorar el motivo de la consulta del 21 de abril, no solo como un acto de medida electoral para próximos comicios presidenciales, sino también como una aplicación de la política internacional de Estados Unidos, que como hemos dicho, ha fracasado ya en otras latitudes. Debemos estar alertas, un gobierno de estas magnitudes no puede llamarse democrático. Estamos pasando también una crisis energética; desde los gobiernos de Moreno y Lasso no se aplicaron las medidas del caso, expertos afirman que no se ejecutó el debido mantenimiento. Noboa procedió a considerar la emergencia como un boicot y declaró un nuevo Estado de excepción. La institucionalización de estas medidas, a diestra y siniestra, en opinión de Agamben, son claros ejemplos de totalitarismo. No cabe descuidar el tema, procede pues continuar luchando por la democracia, promoviendo procesos unitarios en las siguientes elecciones presidenciales. No hacerlo implicaría un tremendo error. El pueblo unido jamás será vencido. La esperanza es lo único que no podemos perder, como lo afirmara en su tiempo el gran Paulo Freire