Durante once días, Ecuador ha vivido la más feroz dictadura étnico-clasista que recuerde su historia contemporánea. En el marco de un estado de sitio decretado al otro día de iniciadas las protestas (3-10-2019) que derivaron en una insurrección nacional-étnico-popular liderada por el movimiento indígena en contra de las medidas neoliberales (1-10-2019), el gobierno de Moreno aplicó una violencia inédita que condujo a una masacre, absolutamente silenciada por los medios de comunicación, cuyo saldo aún es incierto, pues se presume que las cifras de 7 muertos, 1340 heridos, 1152 detenidos, proporcionada por la Defensoría del Pueblo (13-10-19), a la que se sumarian alrededor de 80 personas presuntamente desaparecidas, podría ser aún mayor.
Pero esta dictadura que ha visibilizado el talante neofascista de las oligarquías, no es un fenómeno de este octubre de 2019. Ha venido gestándose desde antes de que Moreno acceda a la Presidencia. Pero sería desde ese 24-05-2017, cuando empezarían a transparentarse sus acomodos tras bastidores con EEUU, los aparatos represivos, las oligarquías, los medios de comunicación empresariales, la partidocracia, así como con cierta dirigencia indígena y sindical que le confirió una base popular a ese nuevo pacto oligárquico-imperial orientado a erradicar el progresismo del gobierno, el Estado y la sociedad. Así, durante dos años y medio no les ha importado arrasar con la ley y la Constitución para focalizar su represión dictatorial sobre un grupo, a fin de proscribirlo políticamente: la dirigencia de la Revolución Ciudadana (RC), tal como lo hicieran otrora las dictaduras civiles y militares en nuestra región.
La herramienta para ello ha sido el discurso del odio, encaminado a la destrucción simbólica del progresismo, asociándolo a la corrupción, tratando de aislarlo y convertirlo en un cáncer a extirpar, utilizando la mentira y el escándalo políticos a la carta, amplificados por medios de comunicación venales convertidos en “justicieros”, cuyas sentencias han sido obedecidas por un aparato judicial subordinado a dicho pacto, que procesa y encarcela selectivamente a esa dirigencia violando todo debido proceso. Ese ha sido el caso de Jorge Glas, Rafael Correa, Ricardo Patiño, Sofía Espín, Carlos Ochoa y otros dirigentes/as.
Que julio de 2017, cuando Moreno dijo: “no hay mesa servida” y avanzó con los embustes de sobreendeudamiento que culminarían con la judicialización de Correa en abril de 2018, está orgánicamente vinculado a octubre de 2019, se evidencia en las nuevas mentiras políticas que hoy trata de construir, banalizando la insurrección nacional-étnico-popular como “golpe correísta”, continuando con su tentativa de estigmatización, e intentando reconstituir el pacto con los indígenas que sustentó la transición, sobre el supuesto de una comunidad de odio, rechazada, por cierto, por Leonidas Iza y otros líderes de los pueblos originarios.
La insurrección mostraría, sin embargo, que el masivo repudio a Moreno no sería sino la cosecha del odio que buscó sembrar en la sociedad contra la RC y que hoy ha rebotado como un violento boomerang contra él y su gobierno. Pero, al parecer, no se han percatado de ello, pues en el marco del diálogo con los indígenas, han emprendido una nueva razzia contra la RC, encarcelando a Yoffre Poma (Asambleísta), Alexandra Arce (ex Alcaldesa de Durán), a la Prefecta de Pichincha, Paola Pavón, a Virgilio Hernández (ex Asambleísta) y obligando a asilarse a la ex Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Es decir, la brutal dictadura de la que hemos sido testigos y víctimas los/as ecuatorianos/as estos once días de octubre, continúa, pero focalizándose, nuevamente, en los cuerpos de la militancia de la RC. ¿O es que acaso también irán por los liderazgos emergentes de la insurrección popular? ¿Creerán que así podrán detener el cauce de una corriente política que se abrirá terreno al fragor de su resistencia, fortaleciendo los actuales y pariendo nuevos liderazgos, igualmente recios? Porque la historia no se detendrá al arbitrio de ningún dictatorzuelo.
La alianza popular étnico-clasista enfrentada al racismo y clasismo de las oligarquías se dio cita en las calles este histórico octubre de 2019. El movimiento indígena, que ha recuperado su vena revolucionaria de los 90, no puede continuar dentro del pacto de la transición, legitimando la dictadura oligárquico-imperial que representa Moreno, cuyas manos están manchadas con la sangre de nuestro pueblo. De su parte, el progresismo debe asumir con humildad el expediente de la descolonización, la interculturalidad y la construcción del Estado Plurinacional, sin los cuales no podrá haber cambio revolucionario posible en nuestro país.
Quito, 14 de octubre de 2019