Jaime Gallegos Londoño
La economía capitalista en un país periférico y dependiente como del Ecuador siempre ha sido vulnerable a las constantes variaciones de la economía mundial, lo que ha imposibilitado el desarrollo de una economía nacional sólida y equitativa.
En ese contexto el capitalismo ecuatoriano se distingue por su alta concentración de riqueza paralela a una estructura ligada a la conformación de grandes grupos económicos cuyo éxito se basa en la diversificación de sus inversiones que, al mismo tiempo colman el sector financiero como el exportador y el comercial importador, pero sin fuertes encadenamientos intersectoriales, esto hace que estos grupos sean más rentistas que desarrollistas.
La política económica siempre ha favorecido de manera selectiva a estos grupos que han logrado controlar de manera directa el poder político. Así, la acumulación, dentro del subdesarrollo, se caracteriza no solo por la constante y continua explotación laboral, sino sobre todo por los mecanismos concretos de apropiación; en momentos muy precisos, donde se presenta una apropiación rápida y gigantesca.
En 1982 estos grupos se vieron beneficiados por el gobierno de turno que logró estatizar sus enormes deudas externas. Durante por lo menos 20 años el Estado (es decir la sociedad en su conjunto) se dedico a pagar esa deuda con un enorme sacrificio fiscal, que llegó a dedicar prácticamente todo el ingreso petrolero para el servicio de esa deuda. 1982 – 1992 fueron los peores años para un país ya desestructurado, con una pobreza extrema del 60% y una tasa conjunta de desempleo y subempleo del 80%.
No conformes con ello las clases altas, en 1992, prepararon el terreno para profundizar el esquema empresarial; donde la punta de lanza fue la liberalización financiera. El discurso fue el de siempre, confiar en la libertad de mercado y que los grupos económicos arreglen las cosas -una profunda crisis societal que ellos mismos fabricaron-. Con un Estado empequeñecido y sin capacidad de respuesta social, se propicia uno de los momentos más veloces y procaces procesos de la sustracción de riqueza, esta vez extrayéndola directamente de los ahorros financieros de todos los ecuatorianos. El feriado bancario de 1999 significó, no solo la pérdida de la moneda nacional, sino la pérdida de los activos y patrimonio de la población hasta de un 80% que pasó manos privadas concentradas.
El siglo XXI, se inicia un período de estabilidad relativa, gracias a la devaluación del US dólar y al incremento de los precios del petróleo, el resultado un proceso de crecimiento sin precedentes, matizado eficientemente por una mayor presencia del Estado en la economía, lo que llevó a saldar de las cuentas históricas de la enorme deuda social (de más de 200.000 millones de dólares) que fue la herencia de la llamada noche neoliberal.
Hoy (2018) después de haber logrado (2007-2017) ganar a pulso a los grupos económicos, estos arremeten de nuevo y quieren implantar una vez más un mecanismo rápido de apropiación; mediante una Ley de Promoción de Inversiones. El agravante de esta Ley es que ni siquiera pretende arreglar el desequilibrio fiscal, ni se preocupa tampoco del enorme desequilibrio externo, esto en otras palabras significa que el esquema de dolarización estorba a los grandes grupos económicos que, logran un plus no solo por la exoneración de impuestos de corto y largo plazo, sino que esto es la antesala de un nuevo proceso de apropiación e inicio de otra gran crisis societal. Se avecina el fin de la dolarización con las terribles consecuencias de ello.