Orlando Pérez
La persecución fue impúdica, procaz y demasiado atrevida con el ex director de la agencia pública de noticias Andes y su familia. No les bastó con inventar un delito, forjar una auditoria y un juicio sin fundamento alguno. Incluso, desvirtuaron evidencias tan “evidentes” como que él no fue subsecretario de Comunicación cuando se aprobó un proceso contractual, sino el actual Secretario de Comunicación. Y a pesar de ello se dictó orden de prisión preventiva y con más de 70 días en la cárcel ahora la Fiscalía se abstiene de acusar.
Para muestra el mensaje de Janeth Hinostroza, convertida en la jueza de la moral, quien tiene cuentas pendientes que aclarar a la opinión pública de su relación laboral, en el sector público, cuando trabajaba como empleada del alcalde Mauricio Rodas. Ella se atrevió a ofender a la hija de Marco Antonio Bravo, desde un tuit de esta naturaleza, el 31 de octubre de 2018, día de la detención arbitraria: “Q pena por tu hija Marco A, (no deberías mostrarla así), pero tus campañas y las de tu hermano destruyeron muchas honras y destrozaron familias en 10 años de odio, confrontación y persecución. Ahora sabes lo que se siente. Deja la victimización y enfrenta con valentía la justicia.”
Con este tipo de argumentos se movió casi toda la prensa comercial y pública. Con contadas excepciones se hizo una campaña de linchamiento mediático en contra de los hermanos Bravo (Marco y Carlos). No valió argumento alguno, réplicas solicitadas ahora no cuentan y al mismo tiempo desde el régimen se sustentó la acusación bajo el “prurito” de que hay independencia de funciones. Y solo bastaría ver cómo publicó sobre este tema sus notas el diario público El Telégrafo, los noticieros y entrevistas de la radio y televisión pública, además de los medios incautados ahora en manos del gobierno.
Con la determinación de la Fiscalía queda claro algo que se dijo en su momento pero se desvirtuó gracias al aparato mediático conservador: se lo acusaba por correísta, por haber dirigido un medio público, por no acatar las órdenes de una entidad gubernamental y por acallar a quienes, de algún modo, han intentado denunciar la gestión en los medios gubernamentales.
¿Cómo piensan ahora reparar esta afrenta y la ausencia de libertad por más de 70 días? ¿Hay reparación, pedido de disculpas o volverán con su ataque con otras falacias? ¿Ese es el modo con el que se persigue y estigmatiza a quienes no coinciden con la derecha y todo su aparato político y mediático?
Si queda claro algo: se fraguan procesos, se inventan pruebas, se manipulan los informes de auditoría de la Contraloría y luego se presiona mediáticamente a la Justicia. Yo fui víctima de aquello y entiendo que es casi imposible rebatir con argumentos y pruebas cuando ya estás condenado por los titulares y las entrevistas oficiales y/o de supuestos expertos. Ahora se entiende mejor mi caso, pero no es ese el tema: aquí caben dos consideraciones, a) la justicia se administra en función de los momentos políticos y para no pelearse con la prensa, y b) las víctimas no vamos a recibir reparación porque la impunidad se impone como un modo de decirnos: “Ya te jodimos, ahora aguanta y el tiempo te dará la razón”.
A Marco Antonio, a Carlos y a toda su familia nos les bastará con la solidaridad sino con la justicia plena y la reparación oportuna. Ellos han vivido una arremetida de venganza y odio desde el poder político, desde los medios, desde sus “colegas”, como la impudicia de Hinostroza y de otros más, desde el silencio de quienes sabedores de que se cometía una afrenta sin nombre prefirieron callarse y dejar pasar. No tenemos motivos para callar ni ahora ni en adelante. Y si hay que discutir en público por estos y otros “casos” para ventilar las diferencias que sea donde sea.
El periodismo ecuatoriano debería sentir vergüenza por lo ocurrido y lo hecho con los hermanos Bravo y otros periodistas más. Pero el mea culpa no es precisamente la práctica más ética y menos de quienes desde hace algún tiempo se consideran jueces de la moral y la honestidad públicas.