José Antonio Figueroa
El proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pende de un hilo y la amenaza de regionalización del conflicto colombiano es un fantasma cada vez más real.
El proceso enfrenta varias situaciones de alto riesgo: en primer lugar, la deslegitimación de la paz como un derecho fundamentalísimo. Dos acciones pueden demostrar ese hecho: el plebiscito al que fue sometido el proceso de paz, en el que triunfó una campaña por el no en octubre del 2016, a partir de la difusión masiva y deliberada de información falsa que sostenía que la firma del Acuerdo de Paz era la entrega del país a las FARC y al “castro chavismo”. También en esta línea se halla la desautorización por parte del gobierno ecuatoriano de la continuidad en este país de los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional –ELN-. En ambos casos, primó el criterio de que la paz en Colombia, como derecho fundamental, está por debajo de otros intereses en juego.
Es descorazonador que a nivel global, en la fase actual que vivimos de un capitalismo agónico, la guerra se legitime cada vez más por encima de la paz y el Ecuador corre el serio riesgo de entrar en esta dinámica. Para salvar el proceso con las FARC luego del resultado del plebiscito, quienes apostaban por el criterio de que la paz no es negociable optaron por buscar mecanismos extra plebiscitarios que dieran continuidad al proceso. En el caso de la negativa ecuatoriana el camino se allanó por el ofrecimiento de La Habana de permitir que continuaran allí los diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN.
Otro hecho que ensombrece el futuro de los acuerdos entre el gobierno y las FARC, tiene que ver con el incumplimiento de los compromisos por parte de Santos, y relacionado con esto, la ola de asesinatos de los que han sido víctimas los ex guerrilleros y varios luchadores sociales. Dentro de esta línea de dificultades también está el apresamiento con amenaza de extradición a los Estados Unidos del líder fariano Jesús Santrich. El incumplimiento va desde la negligencia del Estado que ha permitido el asesinato de más de cincuenta reinsertados, presagiando la repetición de la tragedia de la Unión Patriótica, hasta la continuidad de la situación de abandono de la Colombia pobre y rural en la que el vacío de poder de las FARC ha sido llenado por fuerzas paramilitares o grupos disidentes.
Por su lado, la extradición es un arma claramente utilizada por la extrema derecha hasta el punto que ha tolerado que mientras muchos de los capos del narcotráfico y del paramilitarismo extraditados a los Estados Unidos han negociado su excarcelación quedándose incluso a vivir allí, en el caso del ex guerrillero Simón Trinidad, de quien ni siquiera se ha demostrado su culpabilidad en varios cargos que se le imputan, su permanencia en las cárceles estadounidenses muestran que la extradición es un arma política.
Los resultados de las próximas elecciones son cruciales: si gana la opción uribista, será total el riesgo a la integridad de los reinsertados y una gran parte de ellos volverá a la guerra. En un contexto global de consolidación del fascismo y la guerra es urgente que las fuerzas progresistas levanten su voz.