Por Romel Jurado Vargas
Las acusaciones contra el presidente Daniel Noboa, la presidenta de su partido Acción Democrática Nacional (ADN), Beatriz Moreno, y su familia sobre presuntos vínculos con el narcotráfico han surgido principalmente de periodistas, políticos de oposición y figuras públicas en Ecuador, especialmente en el contexto de la campaña electoral de 2025. Estas denuncias se centran en supuestas conexiones entre empresas familiares de Noboa, como Noboa Trading S.A., y actividades relacionadas con el tráfico de drogas, así como en investigaciones que involucran a figuras clave de su entorno político. A continuación, se detalla en qué consisten estas acusaciones y las pruebas que se han mencionado para sustentarlas, basándome en la información disponible hasta el momento.
Vínculos de Noboa Trading S.A. con el narcotráfico:
En el debate presidencial de 23 de marzo de 2025, se señaló que Noboa Trading S.A., una de las principales empresas del Grupo Noboa —controlado por la familia del presidente—, estaría involucrada en el envío de cargamentos de cocaína ocultos en exportaciones de banano hacia Europa. Estas acusaciones sugieren que el negocio bananero, un sector históricamente vulnerable al narcotráfico en Ecuador debido a su uso para el contrabando, habría sido utilizado como fachada. En ese mismo sentido, en la investigación periodística de Andrés Durán, se afirma que documentos de la Fiscalía Nacional y de la policía internacional, supuestamente, vinculan a esta empresa con el tráfico de cocaína. Entre otros, el periodista Andrés Durán difundió los siguientes documentos:
Beatriz Moreno, presidenta de ADN:
Beatriz Moreno, directora nacional del partido ADN y supuestamente socia en varias empresas del Grupo Noboa, enfrenta una denuncia por tráfico de drogas que estaría registrada en la Fiscalía General del Estado. Esta investigación apunta a su presunta participación en actividades relacionadas con el narcotráfico, lo que ha sido utilizado para cuestionar la integridad del partido que respalda a Noboa. Algunos críticos han alegado que esta denuncia fue “borrada” del sistema informático de la Fiscalía, sugiriendo un encubrimiento, aunque la candidata presidencial, Luisa González, señaló que, por la presión ciudadana, la Fiscalía volvió a colocar la denuncia en su página web para que cualquier ciudadano pueda corroborar su existencia.
Allegados políticos:
Otro punto de las acusaciones involucra a figuras cercanas al gobierno de Noboa. Por ejemplo, se ha mencionado que la cuñada del ministro de Agricultura y esposa de Omar Palacios, propietario de una empresa exportadora de banano (Palacios Pazmiño Fruit Pulpafruit S.A.), fue detenida en flagrancia intentando enviar cocaína a Europa. Esto ha sido usado para argumentar una red de influencias que conectaría al gobierno y al entorno familiar de Noboa con el narcotráfico. Al respecto, el 11 de julio de 2024, la página del medio digital Ecuador Chequea publicó, lo siguiente:
Contexto político y críticas al gobierno:
Las denuncias han cobrado fuerza en el marco de la campaña electoral de 2025, donde Noboa busca la reelección. Figuras públicas como Manuela Picq, José Serrano, Luisa González y Andrés Durán, han utilizado estos señalamientos para cuestionar su gestión y, más recientemente, también se cuestiona el discurso del presidente de supuesta “mano dura” contra el crimen organizado, acusándolo de hipocresía. Se argumenta que, mientras Noboa declara un “conflicto armado interno” contra las bandas narco, su propia familia y entorno político estarían implicados en estas actividades. Por otro lado, la ausencia de avances visibles en las investigaciones por parte de la Fiscalía, dirigida por Diana Salazar, podría ser indicio de un presunto encubrimiento a los destinatarios de estas acusaciones.
Además, históricamente el Grupo Noboa ha enfrentado acusaciones de irregularidades, como evasión fiscal, falta de pago de 94 millones de dólares por deudas tributarias y uso de empresas en paraísos fiscales (según el SRI y los Panamá Papers) y, más recientemente, sobre la asignación irregular de contratos de alimentación para niños escolarizados y personas privadas de libertad, así como sobre la venta de combustible subsidiado por la empresa Petronoboa SAS, todo lo cual alimenta las sospechas sobre su falta de transparencia. Sin embargo, estas acusaciones no prueban directamente involucramiento en narcotráfico.
Investigación seria y oportuna
Ya que las denuncias formuladas públicamente contra el presidente Noboa y miembros de su entorno cercano han generado un fuerte impacto mediático y político, que se ha amplificado exponencialmente en redes sociales como X y Facebook, es necesario que todas las acusaciones y pruebas presentadas por políticos y periodistas sean analizadas de forma exhaustiva.
En ese sentido, la Policía Nacional debería presentar un informe a la Asamblea Nacional y al país estableciendo el número de contenedores de banano con droga que han sido detectados en Ecuador, con el peso de la droga, así como con los nombres de las empresas y personas a las que pertenecen, resaltando, de ser el caso, las empresas que pertenecen o en las que tiene acciones el Presidente y sus familiares, así como en las que tienen participaciones los miembros de su gobierno. La Asamblea Nacional debe solicitar a la Policía de Europa y de EEUU la misma información.
El patrimonio de todos los involucrados en estas acusaciones debería ser investigado por la UAFE y el SRI y, en caso de ser funcionarios públicos, también por la Contraloría.
La Fiscalía debe informar a la Asamblea Nacional y al país, de forma detallada, sus actuaciones y resultados en las denuncias que involucran al presidente Noboa, su equipo de gobierno y a su familia, que fueron realizadas por periodistas y políticos antes, durante y después del debate presidencial.
El país requiere un baño de verdad y de justicia en este tema, para responder institucionalmente a los riesgos y daños que la confirmación de estas acusaciones implicaría para la seguridad del Estado, la subsistencia del ordenamiento jurídico y la vida de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.