Santiago Rivadeneira Aguirre
El gobierno de Lenín Moreno recurrió a una puesta en escena marañera, para anunciar las últimas medidas económicas: convocó a un auditorio donde era evidente el perfil social de los obligados asistentes. Y para situarse a su mismo nivel, el presidente novelero, junto a Eduardo Jurado, Secretario de la Presidencia y Richard Martínez, ministro de Finanzas, todos, se despojaron de sus trajes protocolares y buscaron al apuro un disfraz ocasional para crear un cuerpo simbólico de contornos muy particulares.
La farándula política estaba montada, identificada más bien con el juego irónico de una epifanía ridícula, que el gobierno esperaría que se concretara en una inmediata transcripción social. Ese fue el gran momento de una representación pintoresca que nos volvía a todos iguales, populares, ‘cautos y austeros’. El gobierno, entonces, se encubre para hablarle al país. (La propaganda de Moreno le dice al pueblo: ‘El momento es ahora. ¿Y tú que estás haciendo por tu país?’)
Pero como para desmentir el doblez y la demagogia gubernamentales, algunos días más tarde, un elemento de la Policía Nacional asesinó a mansalva con un tiro en la cabeza a un ciudadano afro ecuatoriano, Martín Andrés Padilla Delgado. El hecho ocurrió en el Centro Integrado de La Mascarilla en el Valle del Chota.
La Gobernadora de Imbabura, Marisol Peña, reprobó la reacción de la población contra el asesinato y recordó que “el Estado está obligado a garantizar, siempre, el uso progresivo de la fuerza”. Cuando Nebot fue gobernador del Guayas, también formuló la misma condición: “Ustedes, policías, tienen órdenes precisas, claras; tenéis el respaldo moral, legal y económico del Gobierno (…) Usad las armas porque están facultados para ello. (…) Porque si una mínima porción, ínfima porción, la porción podrida de la sociedad, tiene que caer abatida, tendrá que caer abatida”, (23 de mayo de 1985, origen de los Escuadrones Volantes). Y en enero de 2000, Francisco Alarcón, representante de la Cámara de Industrias de Guayaquil, dijo que “si hay que dar bala a los indios en su levantamiento, que se les dé bala”.
El ‘achicamiento del Estado’ (la obsesión neoliberal) busca deshacerse de una buena parte del ‘excedente’ no rentable del Estado y del aparato burocrático. Porque los deseos del ministro Martínez Alvarado, es reducir el déficit fiscal a cero. Entonces no hay tal modelo económico, sino la estúpida política de ajustes de las élites ecuatorianas, para acentuar la concentración del poder en manos de las grandes empresas y bancos privados.
En la visión escandalosamente rentista y prebendaria del ministro empresario, lo que importa es poner énfasis en la cuestión ‘técnica’ del manejo de la economía. Esa desmesura economicista, por decir lo menos, es la imposición de las élites dominantes y de políticos oportunistas que como Nebot y Lasso, quieren que se les allane el camino a la presidencia. Traducido a un lenguaje más cercano, la cuestión técnica de la reducción del Estado, más allá de la supuesta neutralidad valorativa que ensaya el ministro, es insolentemente mentirosa.
La pregunta es: ¿a quiénes beneficia verdaderamente este ajuste?, ¿y a quiénes perjudica? ¿Reducción cero del déficit fiscal para llegar a una sociedad de la nada? Sociedad achicada mediante el inicuo ajuste morenista, tal como ocurrió en el 2000, cuando frente a la crisis el gobierno de Mahuad apeló a una especie de ‘sacrificio compartido’, (el amor a la patria) es decir, la moralina que reclama del ciudadano común el ejercicio de una inmolación que hay que entenderla como una falta que se debe pagar. Por eso se creó una alianza amplia -como ahora el diálogo- en la que el mayor peso en las decisiones la tenían los empresarios y las cámaras. Son las relaciones asimétricas de poder, que los fuertes intereses de las élites y las oligarquías reivindican.
Tal como sucedió en el proceso de dolarización, cuando primero se le vendió al país la percepción que ‘la situación económica es terrible y tenemos que mezclar en su tratamiento dos conceptos: la disciplina fiscal y la sensibilidad con los que sufren’. Y después aumentaron los precios de los combustibles y se desató la especulación. Y, enseguida, se buscó aplicar reprogramaciones y renovaciones de deudas de los sectores que en ese momento tenían grandes problemas. ‘De la mano irían los mecanismos de reactivación productiva y crédito’, fue el enunciado final que jamás se cumplió.
Las élites de derecha siempre han direccionado sus andanzas especulativas hacia un conjunto de leyes que les beneficien económica y políticamente. Por eso inventaron la Ley de Desagio, la Ley Trole -incluyendo la última de Fomento Productivo-, la farsa de la crisis económica y la desestabilización política, para ‘legitimar’ esas acciones a través de acuerdos políticos, aunque se los consiga con la prescindencia del Estado de Derecho y la Constitución.
¿Será por eso que Santiago Cuesta, consejero presidencial y el artífice ‘privatizador’ y un par de ‘intelectuales de izquierda’ despistados, funcionarios de Estado ambos, llamaron a Moreno y Trujillo patriotas, para actualizar un emblema ideológico del siglo anterior?