Medidas y políticas económicas a la carta: La mesa servida, hacia la prosperidad de pocos.

Danilo Altamirano|

Actualmente en la Asamblea Nacional se debate el Proyecto de Ley orgánica para la transparencia fiscal, optimización del gasto tributario, fomento a la creación de empleo, afianzamiento de los sistemas monetario y financiero, y manejo responsable de las finanzas públicas, como urgente en materia económica. ¿Será que este instrumento fue discutido con actores de la sociedad civil en un proceso amplio de diálogo territorializado y sectorial, o responde a un paquete de políticas de corte neoliberal similar al recetario proclamando por el Consenso de Washington?, que se materializó en las leyes denominada Trole 1, 2 y 3 -Reformas a la legislación financiera 1994 – donde el Banco Central asumió de manera exclusiva actividades monetarias y cambiarias, que dio paso a la liberalización financiera. Estas medidas y políticas originaron resultados nefastos y el descalabro de la economía ecuatoriana, que conllevó a la crisis financiera ecuatoriana -feriado bancario- y a la mayor ola migratoria de la historia de Ecuador con más de 2 millones de ecuatorianos principalmente a España, Italia y EEUU entre 1999 y 2002.

Algunos miembros de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional; y Asambleístas coherentes y sensatos, por un lado, se han pronunciado que el Proyecto de Ley no responde a las principales preocupaciones de la gente, como son: generación de empleo, reactivación productiva, disminución de pobreza y aumento de seguridad. Por otro lado, también el proyecto recibe críticas por su proceso seguido y complejidad, que debió ser construido y validado con la participación de los ecuatorianos. 

El proyecto tiene un rostro de urgencia, ya que está configurado como la suma de artículos que involucra a 22 cuerpos legales, donde su afán es la inclusión y exclusión conveniente y de intereses calculados, sin un horizonte o modelo de desarrollo. No se visibiliza de forma clara y con una idea central unificadora, coherente con el acatamiento de reglas y técnicas a su contenido y forma de calidad e integralidad, más bien pretende confundir y desarticular, ante la ausencia de una estructura técnica.

Es importante indicar que en el oficio emitido por el Viceministro de Finanzas el 18 de octubre de 2019 y dirigido a la Secretaría Jurídica de la Presidencia hace hincapié que ¨algunos aspectos de las reformas planteadas no consideran la estimación del impacto fiscal debido a la dificultad de identificarlo o porque no existe información¨, es decir, no se tiene cuantificación para generar políticas públicas, que equivale a señalar no es factible por limitación de estudios técnicos, lo cual es improcedente su pertinencia bajo principios de responsabilidad fiscal.

Desde una retrospectiva, y valorando los procesos históricos y sociales, este escenario económico y momento político, nos recuerda con nostalgia como cuando el país optó por la dolarización de su economía, sin poseer un estudio integral y profundo, dejando a la libertad del mercado para su regulación.

De manera similar, trae a la mente los 250 mil empleos al año ofrecidos en campaña electoral, o los ofrecimientos realizados en octubre de 2018 que vendrían 10.300 millones en inversión privada durante los siguientes 4 años como consecuencia de la aplicación de la Ley orgánica de fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, y estabilidad y equilibrio fiscal, que se encuentra inscrita en el registro oficial el 21 de agosto de 2018. ¿Será que esta Ley y el Proyecto de Ley que se debate actualmente en la Asamblea son los títulos, capítulos o secciones del Plan Prosperidad? ¿Quién será el órgano rector de la planificación del desarrollo en país? ¿Quién podría clarificar los horizontes estratégicos del modelo de desarrollo que persigue el Ecuador?

Ecuador soberado no está para obedecer las imposiciones de agendas colonizadas de dominación, que plantean reglas rentistas que han destruido la dignidad humana y el orden social. El país paso de ser referente y reconocido por las Naciones por reducir la pobreza y la desigualdad, a tener un estatus de escenario incierto con intensidad inesperada. Según la encuestadora Perfiles de Opinión al 20 de octubre de 2019, apenas el 22,65% de la población califica la gestión del Presidente de la República entre muy buena y buena.

Seguramente quienes califican entre muy buena y buena la gestión son los estrategas políticos o patrones que apuestan a dejar la mesa servida principalmente a los invitados especiales, la derecha neoliberal conservadora y  los organismos o empresas multinacionales con perfil y comportamientos rentistas, que basados en ventajas y privilegios políticos periódicamente sacan brillo y luz al teleprónter, y frotan sus manos por alcanzar sus prioridades económicas privatizadoras -banca pública, hidroeléctricas, telecomunicaciones- y lo social visto como oportunidad mercantil para potenciar los negocios orientados a los sectores salud, seguridad social, educación, etc.

Estos patrones, revelan las limitaciones del gobierno central y la urgencia de cambios que asegure un futuro sostenible de amplia visión para las generaciones venideras.