Por Danilo Altamirano
La redefinición de una nueva etapa del MERCOSUR caracterizada por la pandemia del Covid – 19 y la crisis económica y social, provoca plantear nuevos imaginarios, retos y desafíos que rompan el statu quo marcado por la agenda focalizada a políticas económicas y comerciales. Se ha evidenciado, la desestructuración y débil capacidad de respuestas para afrontar variables regionales y globales como la Covid y su contexto internacional.
Ante aquello, reflexionar la oportunidad de incorporar aspectos sociales en la Agenda Regional, conlleva renovar la visión y capacidad institucional para incorporar lo SOCIAL -bienestar, protección y asistencia social- como una política pública regional en el MERCOSUR. Esta renovación transformadora permitirá promover, desarrollar y asegurar la efectiva aplicación de los sistemas y cadenas de valor regional para la atención de manera conjunta y complementaria de la emergencia en salud.
La institucionalidad social tiene un horizonte multidimensional amplio y requiere de políticas sociales de Estado para configurar su complementariedad con las políticas sociales regionales. Sin embargo, la Agenda Social no debe ser vista con enfoque simplista y de corto plazo. Si bien, todo proceso de integración es ante todo un proyecto político y en construcción permanente, requiere de acuerdos soberanos sustentados en beneficios para las grandes mayorías de las naciones, más no para el conservadurismo capitalista con enfoque acumulador de riqueza.
Las naciones requieren una sociedad más equitativa y justa donde converjan las demandas de una ciudadanía en la construcción armónica para avanzar hacia la integración de los derechos sociales de los habitantes de este bloque, superando las acciones regresivas y privativas que marcan asimetrías, desestructuración social y desigualdades imperantes. Es decir, que permita cambiar el patrón de desarrollo y su actuación en términos de marcos institucionales para la protección y garantía de los derechos sociales.
Los cambios y recambios gubernamentales en la región y su accionar de las delegaciones nacionales -burocracia internacional y cuadros técnicos especializados- pese a los déficits estructurales del MERCOSUR han gestionado continuidad en la integración pero con limitaciones en el ámbito social y una débil actuación con las otras instituciones de integración subregional.
Sin embargo, la Agenda Social como estrategia de universalidad regional compromete a los Estados a garantizar mínimos sociales, y su operatividad en nuevos espacios para el que hacer multisectorial.
En definitiva, en el marco de las complejidades nacionales, rasgos autonómicos y las dimensiones analíticas empíricas se constituyen como aspectos sociales fundamentales en la Agenda Social: la construcción de ciudadanía regional, salud, educación, vivienda, seguridad social, movilidad, pueblos y nacionalidades, deporte, seguridad, entre otros. Cabe indicar, que su mirada y abordaje debe ser conducida con una visión más integradora como la filosofía o identidad de la UNASUR. Sin embargo, aquello requiere nuevos impulsos para renovar la agenda integral de desarrollo regional y su redefinición de la oferta social.