Por Daniel Kersffeld

El pasado 8 de agosto agentes del FBI allanaron la mansión del ex presidente ubicado en Mar-a-Lago, en el sector más exclusivo de Palm Beach, ubicado en el estado de La Florida. Mientras se realizaba el procedimiento, trascendió que Trump estaba bajo sospecha de haber violado la Ley de Espionaje al haber sustraído cuando todavía era presidente todo un conjunto de documentos vinculados a la seguridad nacional.

Una vez producido el allanamiento, el FBI declaró la captura de once bloques de documentos confidenciales, existiendo incluso información marcada como “ultrasecreta”. Varios analistas afirmaron que algunos de estos documentos podrían tener vinculación con la actual capacidad nuclear de los Estados Unidos.

Sin que hasta el momento se conocieran detalles precisos sobre el contenido de este archivo, por información brindada por el Washington Post trascendió que un documento se refería a las capacidades nucleares de un gobierno extranjero, sin que hasta el momento se conozca de qué país se trata.

En tanto que otra parte del material requisado tendría relación con el presidente Emmanuel Macron, lo que derivaría en una tensión mayor entre los países miembros de la OTAN en caso de comprobarse que existió algún tipo de espionaje sobre la figura del gobernante francés.

La investigación sobre este caso la llevará adelante el fiscal Merrick Garland, un jurista de alta reputación, ideológicamente moderado, pero finalmente alineado con el gobierno demócrata, lo que generó previsibles críticas por parte del ex mandatario, a quien de todos modos será juzgado por Aileen Mercedes Cannon, una jueza federal del distrito sur de la Florida, cuya designación promovió en 2020.

Nacida en Colombia e hija de madre cubaba, la jueza Cannon es ahora objeto de fuertes críticas por su presunta parcialidad al haber accedió a un pedido de los abogados de Trump para que un perito independiente revise los documentos obtenidos por el FBI. El experto en cuestión tendrá la facultad, incluso, de desechar aquellos documentos que afecten directamente cuestiones de privilegio de las que actualmente goza el ex presidente.

Para Trump éste es un caso que viene a sumarse a otros procesos actualmente en curso en torno al intento por falsear los resultados electorales en las presidenciales de 2020 (particularmente en el Estado de Georgia) y, con más repercusión política que jurídica, sobre su relación con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Ahora bien, si el gobierno de Biden mantenía alguna esperanza de que el caso Mar-a-Lago contribuiría a diluir la imagen pública de Trump, las primeras encuestas muestran que, por el contrario, su ponderación del ex presidente ha aumentado en los últimos días.

En efecto, y antes que presentarse como el responsable de una inquietante red que podría atentar contra la seguridad nacional, Trump aparece como una víctima de los atropellos de un gobierno que siembra la sospecha en contra de aquellos dirigentes con posibilidades de ganar las próximas presidenciales.

En su propia red, Truth Social, Trump afirmó que todo se trata de una persecución y de un intento deliberado por parte de los poderes del establishment para que no vuelva a presentarse en las próximas elecciones presidenciales.

En un clima creciente de polarización política (según algunos analistas, como no se veía en Estados Unidos desde los tiempos de la Guerra de Secesión), una nueva encuesta de NBC confirmó que mejoraron las chances de Trump en una posible primaria presidencial republicana de 2024.

Así, si en el mes de mayo un 34% de los votantes republicanos afirmaron que apoyaban al ex presidente más que al propio partido, luego del allanamiento a su mansión, el número de respaldo había aumentado al 41 por ciento.

Sin embargo, y en contexto, la misma encuesta también mostró que el 57% de los estadounidenses pensaba que las investigaciones sobre las posibles irregularidades del ex presidente debían continuar, en tanto que el 40% evidenció su rechazo al procedimiento porque éste tenía motivaciones políticas y podía dividir, aún más al país.

En consecuencia, y sin que varíen sustancialmente los alcances del voto demócrata y republicano en torno a la siempre controversial figura de Trump, lo que se puede observar desde los sucesos en Mar-a-Lago es que el ex presidente tendría más chances de ganar una eventual primaria en la que, además, abundan pre candidatos con un perfil similar al suyo, como son los casos del actual gobernador de La Florida, Ron DeSantis, y mucho más atrás, el senador por Texas Ted Cruz y hasta el ex secretario de Estado Mike Pompeo.

En las internas del partido, el voto republicano contrario a Trump sobrevive tímidamente en la figura de Mike Pence, su ex vicepresidente, quien se diferenció del ex gobernante al reconocer el triunfo electoral de Biden y al repudiar la toma del Capitolio. En menor medida, aunque con una proyección que genera cada vez más interés, debe tenerse en cuenta a la representante Liz Cheney, hija de Dick Cheney, quien fuera vice de George W. Bush (2001-2009).

En consecuencia, el peso específico de Trump hoy es prácticamente incuestionable dentro de su propio partido, incluso, pese a que algunos de sus candidatos más visibles fueron derrotados en las primarias para conformar las listas electorales en la próxima contienda parlamentaria en el mes de noviembre.

Pero más allá de lo que ocurra dentro del Partido Republicano, lo cierto es que hoy ya se encuentra en plena consolidación el “trumpismo” como una línea política de características cada vez más autónomas.

Así, conservadores, cristianos, y distintos representantes de la derecha se han congregado en el America First Policy Institute (AFPI) con el objetivo de trazar un plan de gobierno no sólo ante la eventual llegada de Trump al poder sino, y por primera vez, pensando en la posibilidad de institucionalizar un programa político a futuro. Se busca garantizar de este modo la supervivencia del “trumpismo” más allá de Trump.

Uno de los puntos que más controversia ha generado es que el futuro gobierno pueda despedir a funcionarios estatales que no le resulten leales, reemplazando así a miles de funcionarios públicos con militantes propios y de su corriente política, America First. Se trata de un proyecto que eliminaría (o que “drenaría el pantano”) en áreas altamente estratégicas como el departamento de justicia, el FBI, la seguridad nacional, la inteligencia, el Departamento de Estado y el Pentágono.

Seguramente, en las filas del “trumpismo”, el allanamiento a la mansión del ex presidente sólo agregó certezas en la necesidad de avanzar y de ir a fondo en el proyecto de lucha contra el así llamado “Deep State”.

En este sentido, distintos analistas notaron que desde Mar-a-Lago se percibe un notorio incremento en la actividad de los grupos y organizaciones de extrema derecha que siguen a Trump como su máximo líder. En tanto que el llamado del presidente Biden por intentar que los republicanos no trumpistas voten por los demócratas en las próximas elecciones no hizo sino agregar más gasolina al fuego.

De ahí que la reciente caracterización formulada por Trump de que el actual presidente es el “enemigo del Estado” y de que el Departamento de Justicia y el FBI se comportan como “monstruos viciosos” son sólo algunas muestras de un clima político cada vez más enrarecido.

Tomado de Pág. 12

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