Juan Paz y Miño
En numerosos artículos he insistido que la política económica en América Latina y sin duda en Ecuador, no puede guiarse exclusivamente por los principios, valores, ideas y argumentos de las elites empresariales. Mucho menos en Ecuador, donde tales elites creen que la modernización del país llegará a través de sus ideas económicas que no son actuales sino del pasado, vinculadas todavía a los criterios de eficiencia, rentabilidad, competitividad y apertura de mercados, poco o nada diferentes de la visión neoliberal de fines del siglo XX.
Así lo demuestra el Foro Económico, una agrupación de economistas empresariales y bancarios, que presentaron una nueva propuesta al gobierno. Para Mauricio Pozo “Cualquier decisión tributaria que se quiera abordar, que no sea aumentar impuestos, como decíamos, en una coyuntura como la actual, sin mover el lado del gasto, no hemos ganado nada, lo único que hemos hecho es postergar el problema para adelante”; para Marco Flores, «Esta no es la hora de más impuestos, no es la hora impositiva, es la hora de la reactivación económica», y añadió: “Proponemos la eliminación de determinados impuestos, el impuesto a la salida de divisas, anticipos, impuesto a la renta”.
El resultado de estos conceptos es que se reducen las capacidades estatales, se afectan los servicios públicos y se perjudica la expectativa nacional por contar con educación gratuita, medicina generalizada, seguridad social universal, pensiones jubilares adecuadas, obras e infraestructuras para promover el desarrollo. Es el camino ideal para que dichos servicios sean ineficientes y malos, con lo cual puede erigirse la consigna de privatizarlo todo.
Contrariando las caducas ideas del Foro Económico, el Jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe de la OCDE señala: «Cuando hablamos de que América Latina debería reforzar su músculo fiscal no es aumentando los impuestos a su clase media, que ya paga una cantidad sustancial, sino revisar las numerosas exenciones fiscales, reforzar los impuestos sobre la renta a los ciudadanos con mayores ingresos y luchar contra la evasión fiscal». De acuerdo con el informe de esta entidad, los impuestos indirectos son la principal fuente de ingresos tributarios de las economías latinoamericanas, a diferencia de las de la OCDE, donde el 60% de sus ingresos procede de impuestos directos, en especial el impuesto a la renta y contribuciones a la seguridad social.
También un reciente estudio de la CEPAL contradice las ideas del Foro: se trata del “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2018”, que tiene un subtítulo por demás ilustrativo: “Los desafíos de las políticas públicas en el marco de la Agenda 2030”. El estudio reconoce que en los últimos 30 años al menos hubo dos momentos diferenciados: a fines del siglo XX las políticas orientadas a frenar toda inversión pública bajo el supuesto del mercado libre, afectando al fisco en sus ingresos ordinarios vía impuestos; pero desde los primeros años del nuevo milenio el resurgir de la búsqueda de equidad y redistribución de la riqueza, que enfatiza en los impuestos directos y particularmente sobre las rentas (ISR).
Está claro para la CEPAL que en América Latina se paga poco, que hay países (Ecuador entre ellos) con impuestos menores al promedio de la región, que se sigue privilegiando impuestos indirectos sobre los directos, y que el ISR es altamente evadido. Claramente sostiene esta entidad: “Con el objetivo de mejorar la progresividad de los sistemas tributarios, también podrían considerarse distintas variantes de impuestos solidarios sobre los ingresos más elevados (por ejemplo, impuestos al turismo internacional) y hasta gravámenes que se menospreciaron en épocas pasadas, como los que gravan la transmisión gratuita del patrimonio (donaciones y herencias). Estos últimos ofrecen un beneficio adicional porque afectan la concentración de la riqueza, que es aún mayor que la elevada concentración de ingresos que caracteriza a la región”.
Pero en Ecuador estas ideas ni siquiera parece que son leídas por quienes apelan una y otra vez al neoliberalismo como receta. Hasta el momento no hemos escuchado una sola sílaba gubernamental -y mucho menos empresarial- sobre la Agenda 2030 en Ecuador, que plantea 17 objetivos de aspiración mundial.
Para que estos conceptos se afirmen en Ecuador hay que cambiar las mentes. No es cierto que hay que reducir el tamaño del Estado. Todo lo contrario, En América Latina necesitamos fortalecerlo. Para sostener este Estado fuerte, capaz de imponerse a los intereses privados y a los poderes particulares, se requiere dotarlo igualmente de fuertes ingresos. La base de ellos, como reconoce la CEPAL, son los impuestos directos. De modo que, contrariando la opinión más generalizada, hay que subir y diversificar los impuestos a los ricos, a sus ingresos y a los propietarios del capital, si se quiere alcanzar los objetivos humanos trazados por las NNUU para el 2030.