Para nadie es un secreto que la prensa comercial, corporativa y privada del Ecuador ha sido el puntal y la base del gobierno de Lenín Moreno[1]. Y en octubre de 2019, desde el mismo momento en que se emitió el Decreto 883, empezó la campaña informativa-desinformativa para cubrir el impacto de las medidas. Incluso, según testimonio de periodistas, hubo reuniones con los medios para advertir de lo que pasaría.
Tan presente tenía la prensa lo que vendría tras ese decreto, que minutos antes de la cadena nacional donde se haría público el detalle de las medidas, el mismo 1 de octubre, el gobierno convocó a un exclusivo y “selecto” grupo de periodistas a Carondelet para informarle del contenido y también para “advertir” de sus bondades y las posibles reacciones. Ahí quedó claro y acordado cómo sería el tratamiento informativo: alineado al discurso y relato político oficiales.
Bastaría con hacer una revisión de las publicaciones de entonces, para verificar dos temas centrales: una campaña informativa y, supuestamente, explicativa de las bondades de eliminar el subsidio de los combustibles y un feroz ataque a los dirigentes de la Revolución Ciudadana y de la Conaie por la “barbarie” de las protestas.
Siendo la base del gobierno del morenato, la prensa jugó un rol preponderante en la desinformación y en la campaña de desprestigio de una protesta popular innata, espontánea, que ni siquiera empezó con los indígenas en Quito y otras poblaciones. Desde el mismo paro de la provincia de Carchi así como el de los transportistas los noticieros usaron su peor herramienta, a diferencia de lo que hicieron durante los años de gobierno de Rafael Correa: el desconocimiento y desprestigio de la protesta popular. En aquellos años los líderes indígenas fueron los héroes, mártires y protagonistas de la prensa comercial. Ahora fueron los “terroristas”, “bárbaros”, entre otros epítetos.
Esos medios y periodistas violaron sus códigos deontológicos. El encuadre editorial caminó por esas vías anteriormente descritas, pero sobre todo hubo algo clave en esto: silenciar a los protagonistas de la protesta, la persecución a medios como las radio La Calle y Pichincha Universal, además de casi no hablar del impacto de la represión. Su encuadre fue el mismo que manejó el gobierno, al punto de dar por hecho que, por ejemplo, la Contraloría fue incendiada, supuestamente, por los manifestantes, cuando ya quedó claro que hubo un “falso positivo” en todas sus complejidades.
Como dice el investigador Fernando Casado: “La protesta de octubre de 2019 fue criminalizada por los medios comunicación, pero este ha sido un comportamiento recurrente en Ecuador en relación al grupo político de los correístas. Los medios de comunicación han sido y siguen siendo los responsables de normalizar en sus titulares y noticias la persecución al grupo político de los correístas, como ha ocurrido durante todo el gobierno de Lenin Moreno: “Moreno intenta ‘descorreizar’ el Estado ecuatoriano a través de un referéndum” (Economía y Negocios, 28 de enero de 2018); “Llegó la hora de ‘descorreizar’ el gobierno de Moreno” (Teleamazonas, 8 de mayo de 2018); “Michelena habla de purga de ‘topos correístas’” (Ecuavisa, 24 de octubre de 2018); “El Gobierno anuncia una purga para ‘descorreizar’ al Ejecutivo” (El Comercio, 25 de octubre de 2018).[1]”
El blanco del ataque fue Pichincha Universal
Lo que antes fue motivo de escándalo internacional y local, ahora la censura de medios, el bloqueo de la señal en las empresas de televisión por cable para cadenas como TeleSUR, RT, HispanTV o medios digitales como La Calle, WarmiRadio, entre otros, no fue ni siquiera titular o nota de los periódicos y mucho menos alocución informativa en los canales y radios de la prensa concentrada y corporativa.
Y cuando llegaron los organismos internacionales de defensa de la libertad de expresión lo que más les preocupaba a esos medios fue el “ataque” recibido por los indígenas, un piedrazo contra un reportero de Teleamazonas y, según ellos, la “campaña de desprestigio” de los “medios correístas”.
En la reunión con Edisón Lanza, en la Universidad Católica, incluso el representante de la Asociación de Editores de Periódico del Ecuador, AEDP, Francisco Rocha, quiso callar a la representante mujer de un medio digital alternativo porque no estaba de acuerdo con su testimonio. Es decir, el supuesto periodista, defensor de las libertades impedía la libertad de una mujer para expresar su testimonio y reclamo por el ataque sufrido por su medio por parte de la Policía y los servicios de Inteligencia del Estado.
El caso de la radio Pichincha Universal fue y sigue siendo paradigmático en el tratamiento de una censura, enjuiciamiento y cierre de un medio, a partir de un informe de un oficial de las Fuerzas Armadas y suscrito por el Ministerio de Defensa.
Pichincha Universal experimentó en tan solo un año dos clausuras a sus emisiones, tres procesos legales, uno de ellos penal, sin una justificación ni asiento jurídico. Y también el gobierno de Lenín Moreno inició el proceso de reversión de la frecuencia, sin ninguna razón y hasta este momento no hay una decisión de la instancia administrativa, con lo cual queda claro que constituye una amenaza para impedir su labor.
En varias alocuciones de sus ministros y de los medios aliados del gobierno, se señaló todo el tiempo a la emisora pública como parte de una “cadena de medios correístas”. Y todo eso llevó a una presión política y económica: se retiraron las cuñas publicitarias oficiales y se “persuadió” a las agencias de publicidad de no pautar con Pichincha Universal. Desde los portales de supuestos de periodismo independiente lanzaron acusaciones de todo tipo para desprestigiar la naturaleza de su labor, a pesar del reconocimiento de actores políticos sobre la pluralidad de su línea editorial, de la presencia de toda clase de partidos, organizaciones y personalidades del campo político, cultural y deportivo.
El primer corte fue el 4 de abril de 2019, doce días después de que Paola Pabón fue elegida Prefecta de Pichincha . Los directivos de Gamavisión apagaron los equipos de transmisión de la radio, que se encontraban dentro de sus instalaciones, en el sector conocido como las antenas del Pichincha, aludiendo que existen valores adeudados por arrendamiento y energía eléctrica por cerca de $300.000 dólares.
El exdirector de la radio, Washington Yépez, aclaró que el canal autorizó la utilización del espacio de transmisión, por escrito, sin que se firme un contrato de arrendamiento o de cobro por algún motivo. Frente a esto, se presentaron varios recursos (acciones de protección y penales) para regresar al aire. Sin embargo, la acción de protección fue desechada por la jueza Enma Ortega, de la Unidad Judicial Especializada en contra de la Violencia a la Mujer, de Tumbaco. La radio, tras permanecer cerrada durante un mes, volvió al aire el 10 de mayo.
El segundo cierre de la emisora fue el 8 de octubre. Tras 5 días de cobertura de las protestas que iniciaron en Ecuador por las medidas económicas adoptadas por el gobierno del presidente Lenin Moreno en el decreto 883. Por la tarde de ese martes, personal de la Fiscalía y Policía Nacional irrumpieron con la programación y allanaron las instalaciones de Radio Pichincha Universal.
Al ver que la radio estaba transmitiendo en vivo su programación habitual, la representante de Fiscalía dijo que en caso de que la ciudadanía acuda a la estación radial, se estaría incurriendo en otro delito. Pese a esta declaración, varios ciudadanos se acercaron a las afueras de las instalaciones para mostrar su solidaridad con Pichincha Universal y el rechazar el ataque a la libertad de expresión.
La funcionaria judicial solicitó a los periodistas y trabajadores del medio de comunicación a colaborar con las autoridades y entregar todo lo relacionado con la investigación por el presunto delito de “incitación a la discordia entre ciudadanos” , desde el programa de opinión ciudadana “En la Oreja” emitido el pasado 3 de octubre por la señal en FM de 09:00 a 10:00 de la mañana.
Mientras la policía allanaba las instalaciones la funcionaria dijo: “solicito que nos ayuden porque no quiero ocasionar destrozos, no quiero cortar transmisiones, así que pido que me colaboren”. La acusación de la Fiscalía se originó de las opiniones vertidas en el programa antes mencionado por una de las invitadas, el 3 de octubre.
En el allanamiento se incautaron equipos tecnológicos de la radio que aún no han sido devueltos por parte de la Fiscalía y que han ocasionado una grave afectación al trabajo cotidiano de Pichincha Universal. Ese mismo día, personas ajenas, en una camioneta sin placas, cortaron la luz de las instalaciones de la radio.
Luego de este amedrentamiento, el 9 de octubre, Radio Pichincha Universal sufrió 3 ataques nunca antes vistos en la historia de los medios de comunicación públicos ecuatorianos: primero, a la página web; después al espectro radioeléctrico, y por último a su programación.
Hasta las 11h00 del martes 9 de octubre de 2019, el portal web pichinchauniversal.com.ec soportó 8.500 ataques. La Presidencia de la República ha hecho múltiples denuncias por supuesto copyright, por utilizar imágenes de diversas entidades públicas. Son cerca de 500 denuncias por parte del Gobierno y una denuncia directa de parte del Ministerio del Interior, ahora Ministerio de Gobierno. Es necesario destacar el 29 de noviembre del 2019, se reportó una nueva denuncia por parte del Ministerio de Gobierno que obligó a migrar toda la información a otro servidor, ya que se pedía dar de baja el contenido que se almacenaba en estos dispositivos.
Por la tarde, en cambio, Radio Pichincha Universal salió del aire por segunda ocasión en tan sólo un año. Esta vez, la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (ARCOTEL) inició un proceso administrativo sancionador en contra de Pichincha Comunicaciones E.P. para solicitar la suspensión de sus actividades de forma inmediata.
Ese mismo día, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República entregó una notificación al medio de comunicación para exigir que suspenda su programación y se enganche a la señal de Radio Pública FM de forma inmediata y obligatoria.
Ante estos acontecimientos, organismos internacionales de derechos humanos expresaron su preocupación y alertaron las vulneraciones a varios derechos fundamentales, como la libertad de expresión y acceso a la información.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, recordó que:
“La prohibición de censura previa de la Convención Americana impide al Estado suspender preventivamente la transmisión de medios de comunicación, a menos que, respetando garantías de debido proceso, se pruebe incitación a cometer actos de violencia. Por otra parte, la imposición de cadenas oficiales a medios es legítimo en momentos críticos, pero por tiempo indeterminado es una medida desproporcionada. El estado de excepción no justifica suprimir el derecho a la libertad de expresión.”
El 16 de octubre, los trabajadores de la estación radial sintieron una nueva sensación de amedrentamiento y persecución cuando la “FISCALÍA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, TRANSNACIONAL E INTERNACIONAL”. solicitó los nombres, apellidos, números de cédula y cargo de todas las personas que trabajan allí, además de quienes se encontraban en el momento del allanamiento, descrito anteriormente.
La CIDH, en su informe sobre las protestas que enmarcaron el mes de octubre del 2019 en Ecuador, alertó de este acoso judicial y denunció que hubo múltiples violaciones a la libertad de expresión en el país. Además, recalcó que fue una jornada que se caracterizó por los ataques en contra de los medios de comunicación y periodistas que cubrieron las protestas.
Finalmente, el 25 de octubre del 2019, se llevó a cabo la audiencia para la acción de protección de la emisora donde por primera vez en la historia se presentaban cuatro entidades estatales (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Consejo de Información y Comunicación del Ecuador, Ministerio de Defensa con su Amicus Curiae y Procuraduría General del Estado) contra una emisora local pública.
La defensa de Pichincha Universal argumentó que hubo la vulneración a dos derechos constitucionales. “Derechos vulnerados por la ARCOTEL al momento de iniciar un proceso sancionatorio administrativo sin que haya una motivación adecuada, fundamentándose en meras afirmaciones de un oficio del Ministerio de Defensa donde hace un análisis desproporcional de consecuencias que supuestamente el país vivió a partir de una entrevista”, dijo Cristian Pérez, abogado de la radio.
Por su parte, el Ministerio de Defensa, presentó un Amicus Curiae. Su representante, María Belén Andrade, defendió el derecho a la seguridad nacional sobre el derecho a la libertad de expresión. Dijo que “declaraciones pueden promover que estas exteriorizaciones de emociones desencadenen en actos de violencia que atenten contra la seguridad nacional”.
El juez, Mario Cadena, finalmente, reconoció la vulneración al debido proceso y a la libertad de expresión con la suspensión de Radio Pichincha Universal por parte de ARCOTEL y dictaminó una reparación material por los días que se suspendió la señal de la radio y que afectaron a los trabajadores del medio de comunicación. Con esto, las actividades de la radio Pichincha Universal retomaron su curso normal.
No obstante, los ataques hasta la fecha no han parado. Los primeros días del 2020 nuevamente se reportaron denuncias de parte de la Presidencia de la República por utilizar fotos del presidente Lenín Moreno y su Gabinete, a pesar que las fotos fueron difundidas en las redes sociales de la Presidencia, en grupos de WhatsApp.
Del mismo modo, la noche del 23 de enero de 2020 la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicación (ARCOTEL) dispuso la extinción del título habilitante de Radio Pichincha Universal. Tras esta disposición, las reacciones y muestras de respaldo a Radio Pichincha Universal en redes sociales no se hicieron esperar. En las primeras horas del viernes 24 de enero del 2020 el hashtag #RadioPichinchaSomosTodos fue tendencia.
Varios catedráticos, analistas, abogados, asambleístas, exmandatarios, periodistas, medios de comunicación, ciudadanos, organismos de Derechos Humanos, y el propio relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, calificaron esta acción de ilegal y antidemocrática por atentar contra la libertad de expresión.
Conclusión:
Retomando las palabras de Fernando Casado:
“Los medios de comunicación en los procesos de Lawfare o persecución política contra antiguos gobiernos progresistas están jugando en toda América Latina un rol fundamental de coordinación manufacturando el consenso (Romano, 2019, p. 20). En el caso de Ecuador, los medios de comunicación son colaboradores de los perseguidores contra los correístas por varios motivos. En primer lugar, los medios son reproductores de la ideología liberal capitalista dominante que los gobiernos progresistas en general y la gestión de Rafael Correa desafiaron y criticaron duramente como la responsable de las desigualdades en la región. En segundo lugar, los gobiernos progresistas abogaron por un Estado fuerte interventor en la economía, lo que constituyó para los medios de comunicación un sacrilegio contra sus dogmas de fe y una amenaza a sus intereses y a la de sus financistas. En tercer lugar, durante la década de Rafael Correa se trató de regular la actividad de los medios de comunicación y se denunció públicamente el rol que indebidamente asumieron en muchas ocasiones como actor político”.
La falta de pluralidad fue notoria tanto en la prensa como en los programas de televisión, dando un espacio casi total a fuentes del gobierno y comentaristas a favor de las medidas económicas.
La persecución contra el correísmo arreció durante las protestas, hasta el punto de convertirse en el chivo expiatorio para justificar el clima de violencia y represión. La manera de culpar al correísmo nos hizo evocar la quema de roma por Nerón o la noche de los cristales rotos en la Alemania nazi.
La propaganda anticorreístea acabaría cristalizando tras la derogación del decreto 883 en la detención de Paola Pabón, Virgilio Hernández y Cristian González, y en la solicitud de asilo en la embajada de México en Quito de varios líderes de la Revolución Ciudadana para evitar su arresto como Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Edwin Jarrín y Luis Fernando Molina entre otros.
Estas violaciones a los derechos humanos criticadas por
organismos internacionales, contaron con la complicidad directa e indirecta de
los medios de comunicación que, por un lado azuzaron el anticorreísmo en sus
editoriales y opinión, y, por otro normalizaron las medidas desproporcionadas
contra los líderes del movimiento de la Revolución Ciudadana.
[1] Extracto de un capítulo de un libro de próxima aparición, donde participan varios de los dirigentes de la Revolución Ciudadana y además consta una crónica de mi autoría de los hechos del paro nacional y popular de octubre de 2019.
[1] De hecho, una parte de la prensa extranjera también fue parte de eso, pero luego, con la pandemia tomaron distancia y hasta hubo roces, por ejemplo, con CNN.