Por Daniel Kersffeld
El 16 de diciembre, Antony Blinken, secretario de Estado del gobierno de Joe Biden, se comunicó con la presidenta de Perú Dina Boluarte. Además de brindarle su respaldo a la nueva gobernante luego de la traumática salida de Pedro Castillo de la presidencia, instó “a las instituciones democráticas de Perú a realizar las reformas necesarias durante este momento difícil y continuar apoyando a la presidencia de Perú y al pueblo peruano”.
Ahora bien, ¿a qué “reformas” podía aludir el jefe de la diplomacia estadounidense en medio de la profunda crisis política, económica, social, e incluso ambiental, que Perú atraviesa en la actualidad?
La salida profundamente represiva del actual gobierno de Boularte, que ya se ha cobrado más de cincuenta vidas, sugiere que las reformas solicitadas desde Estados Unidos guardarían una estrecha relación con el alineamiento internacional de un país que terminó situándose en la encrucijada entre subterráneas pero poderosas corrientes geopolíticas.
En efecto, en las últimas décadas, Perú se convirtió en uno de los ejemplos “exitosos” del modelo neoliberal conjugado con una estrategia geopolítica que, ya en pleno siglo XXI, optó por profundizar su relación con el Asia Pacífico, en detrimento de vinculaciones más tradicionales con Europa y, principalmente, con los Estados Unidos.
A partir de una legislación permeable a los lobbies empresariales, adaptable a los requerimientos económicos más diversos y altamente redituable en términos comerciales, Perú se constituyó en una de las naciones más favorables para las inversiones provenientes del exterior, sobre todo, en el mercado de las materias primas y de los recursos estratégicos.
De este modo, hoy Perú recibe inversiones de una amplia cantidad de países en todo el mundo, entre las que se destacan España, principalmente con sus inversiones en petróleo y gas, Reino Unido, Suiza, Japón, Corea del Sur, e incluso, naciones de la región como Brasil, México, Chile y Argentina.
Sin embargo, las inversiones estratégicas provienen de Estados Unidos a través de empresas como Cerro Verde y Southern Copper Corporation, que operan en la explotación del cobre fortaleciendo a Perú como segundo exportador a nivel mundial.
Últimamente, el mercado peruano se expandió con nuevos intereses en juego. Es el caso de la empresa canadiense Plateau Energy, que descubrió uranio en 2017 en el sur, en Macuyani. Sin embargo, la verdadera novedad fue el hallazgo de litio: el proyecto extractivo de Falchani, a cargo de la también canadiense American Lithium, es responsable de la explotación del que es considerado como sexto yacimiento más grande de su tipo en el mundo.
Pero la fuerte presencia de multinacionales de origen europeo y norteamericano en sectores estratégicos de su economía, no impidió que Perú se abriera a la creciente influencia de China.
Se trató de una tendencia que se ha ido profundizando con los sucesivos gobiernos, más allá de su dispar orientación ideológica, y que alcanzó un nuevo nivel en 2010 cuando Lima y Beijing firmaron un estratégico Tratado de Libre Comercio. El acuerdo pronto dio resultados y, en 2011, convirtió a China en el mayor socio comercial de Perú, por encima de Estados Unidos.
Como resultado del intercambio entre ambas naciones, y después de Brasil, hoy Perú es el país de la región que recibe la mayor cantidad de inversiones chinas. Así, son más de 200 compañías chinas las que operan en esta nación, cuyas inversiones ascienden a más de 30 mil millones de dólares.
Pero desde Washington tienen claro que lo que comenzó como una redituable asociación comercial, devino en una estratégica relación establecida en términos geopolíticos. Sobre todo, desde que en abril de 2019 se formalizó la incorporación de Perú a la Iniciativa de la Franja y de la Ruta, proyecto que plantea la reconstrucción de la antigua Ruta de la Seda y que le asegurará a China una extensa presencia económica en todo el mundo.
Fue en este contexto que China incentivó una asociación de creciente impacto a partir de la construcción del megapuerto de Chancay, la principal obra en Latinoamérica financiada desde Beijing y que busca convertirse en el más importante eje comercial entre Asia y Sudamérica.
En la actualidad, el puerto de Chancay, construido por la poderosa empresa marítima china Cosco Shipping Co. cuenta con cerca del 60% de avance en su construcción, para lo cual se demolió un cerro y se excavó un túnel de casi 2 km que lo conectará con la Panamericana Norte. Según las previsiones iniciales, en 2023 se contempla abrir un primer muelle, y ya en 2024 estarían habilitados los sitios restantes del megapuerto.
Las implicaciones geopolíticas de una obra de esta naturaleza resultan claras. El sustancial incremento comercial entre China y Perú también se sentirá en Chile, Ecuador y Colombia. En tanto que la conexión con el eje multimodal Amazonas del corredor bioceánico nororiental también convertirá a Brasil en un partícipe clave de esta iniciativa.
Más allá de esta crucial obra de infraestructura, la presencia económica de China se ha desplazado a otros sectores de la economía peruana, principalmente, al de la minería. En este caso, el proyecto estrella es el del complejo de Las Bambas, una mina de cobre a cielo abierto que, según Beijing, podría aportar hasta el 1% del PIB peruano.
Las inversiones millonarias de China en Perú se han trasladado también al terreno de la generación de energía eléctrica, cuando en 2020 la China Yangtze Power International compró Luz del Sur, la empresa de distribución eléctrica más grande de Perú, a Sempra Energy, que prefirió concentrarse en sus negocios en Estados Unidos. La operación comercial fue de 3.500 millones de dólares, una de las más altas en la historia peruana.
La salida de Pedro Castillo del gobierno frenó, al menos momentáneamente, otros proyectos de relevancia impulsados por China, como es el caso del ferrocarril bioceánico entre Perú y Brasil, y con ramificaciones en Bolivia y Argentina. Asimismo, existe el interés por incursionar en el mercado de la energía renovable y en el de las telecomunicaciones, frente a la actual disputa en términos de seguridad entre Washington y Beijing por la utilización de la red 5G en nuestra región.
De este modo, y en este contexto de avanzada de la economía china en América Latina, y de consolidación de Perú como uno de sus principales socios, cobra especial sentido el pedido de Blinken para que el gobierno de Boluarte priorice las “reformas necesarias”.
Más aun en este año, en el que deberán renegociarse desde varios contratos multimillonarios de compañías de extracción de gas a la actualización del Tratado de Libre Comercio con China. Para ello, Dina Boluarte deberá resistir en su cargo, al menos hasta las próximas elecciones presidenciales en abril de 2024, sin importar el costo social y en vidas humanas que implique esta decisión.
Tomado de Página 12