Por Luis Varese
La confusa situación desatada por el mensaje del Presidente Pedro Castillo, cerrando el Congreso y la reacción inmediata del propio Congreso destituyéndolo refleja la debilidad institucional del país, generada y mantenida por la lumpenoligarquía que nos gobierna. Aquí no hay ni dos ni tres responsables. Hay uno solo y es esa derecha vergonzosa que ha llevado al país a este caos violentando en todas sus formas el Estado de Derecho.
Despreciando la votación mayoritaria y desconociendo la capacidad de respuesta del pueblo la derecha neofascista encabezada por el fujimorismo, acuerpada por los sectores “propietarios” del país y la embajada estadounidense, han subvaluado la respuesta popular.
Los antecedentes
El electorado peruano votó por una opción antimafia, antineoliberal.
El Perú es un país que tiene concesionado el 60% de su territorio nacional a empresas nacionales y extranjeras. Estas concesiones implican el derecho a la exploración y, si conviene, a la explotación. Inmediatamente entran en conflicto con pequeños propietarios o con comunidades de la Amazonía y toda la parte andina. Hay concesiones incluso en el zócalo continental en el marco de las 200 millas de mar territorial; concesiones para la explotación petrolera en la Amazonía nuevamente.
A ello hay que añadir los inmensos latifundios creados a partir de la destrucción de la Reforma Agraria y de la apropiación particular de las grandes irrigaciones financiadas por el Estado y adjudicadas a agroexportadoras privadas en su mayoría, como por ejemplo Alto Piura-Olmos, Chavimochic III, o Majes Siguas. Las exportaciones no tradicionales y de alta rentabilidad (espárragos, alcachofas, arándanos, por ejemplo) han generado 6 mil millones de dólares en 2018. Las mujeres y hombres que trabajan en estos cultivos ganan por debajo del salario mínimo gracias a una ley especial aprobada por el congreso.
Todo ello en un país de enorme riqueza, que ha mantenido su crecimiento macroeconómico en niveles muy altos, pero donde la distribución de la riqueza se concentra solamente entre el 10% de la población y el 1% tiene casi el 60% de la riqueza nacional. Es decir así como produce riqueza, de manera inversamente proporcional, produce miseria y desigualdad. Hay que añadir que la cocaína es un producto de exportación de alto ingreso (entre 7 y 8 mil millones de dólares al año) que no se registra en los cánones regulares y que beneficia a bancos y banqueros, mafias y mafiosos.
El fujimorismo vendió al país, fue el experimento más exitoso del neoliberalismo y del libre mercado en la parte económica y el gran triunfo de los think tank estadounidenses y de la CIA en la parte política y militar.
Hoy la reacción popular no es mayoritariamente en defensa de la persona de Pedro Castillo, sino y en contra de un sistema brutalmente injusto y perverso, donde esta lumpenoligarquía se apropia del país y de su habitantes de manera racista y esclavista.
Basta ver los alrededores de Lima para darse cuenta, sin mirar las cifras, solo con el ojo desnudo, y veremos la brutalidad de la discriminación, donde ni siquiera el agua es un derecho sino un lujo en manos de unos cuantos. No hablemos de salud, educación, seguridad ciudadana y justicia.
Todo ello, llevado de la mano por los medios de comunicación que esconden y falsean esta realidad y que se han vuelto enemigos del pueblo. Antes, en las movilizaciones se buscaba a los periodistas para que den fe. Hoy se los rechaza y se los espanta para que no mientan, salvo las consabidas excepciones.
Lo que está ocurriendo
Es un levantamiento popular contra un sistema político corrupto, de larga data. Este levantamiento en defensa de la vida y del espacio democrático, es respondido con balas y represión. Hoy al cuarto día de las movilizaciones ya hay siete muchachos asesinados.
Con sibilina satisfacción muchos dicen que con Castillo, se quemó la propuesta de la izquierda. No. Lo que se está quemando, con llamas de verdad, es el fracaso brutal del neoliberalismo. Lo que insurgió es una respuesta popular en busca de una sociedad diferente que corresponda a la realidad multicultural, plurinacional y de clase que corresponda a este Perú y no al Perú sometido de los 200 años de la República.
El levantamiento popular, convocado, organizado y dirigido por los movimientos sociales, camina hacia una confrontación general contra el sistema.
Lo que debe hacerse, como alternativa real
El inmediato control de la policía Nacional, que debe dejar de utilizar armas letales y dejar de disparar a quemarropa contra la población. (Supuestamente el gas lacrimógeno es un arma disuasiva, pero si se dispara la bomba a la cara del manifestante, se convierte en un arma letal, tal como ha ocurrido en Chile y Ecuador. Lo mismo ocurre con los perdigones o las balas de goma usadas para dejar ciegos a las y los manifestantes). Esto es lo primero o seguirán muriendo peruanos y peruanas en las calles.
La creación de un Gobierno de Transición, con expresión de los movimientos regionales, de los movimientos sociales; existe un antecedente muy valiosos y fue el Gobierno de Valentín Paniagua. La convocatoria de este gobierno debe ser realizada en un acuerdo con estas organizaciones mencionadas y la Presidenta quien renunciaría de inmediato para dejar paso a este nuevo Ejecutivo de Consenso.
Convocatoria al referéndum para la Asamblea Constituyente.
La renuncia del Congreso, que es el principal factor de inestabilidad. Si bien esto aparece poco posible, habrá que apelar a la conciencia de los congresistas o en su defecto, el Gobierno de Transición desconocerá a este Congreso, generando mecanismos electorales que garanticen la participación masiva y democrática, y no como hasta ahora donde solamente los poderosos y los mafiosos tienen, mayoritariamente, real poder de participación en las boletas.
En un esfuerzo de imaginación y de buena voluntad los medios de comunicación deberían abrir el debate serio para una propuesta nacional inclusiva e incluyente.
Todo ello aparece como una propuesta ilusoria, sin embargo de no asumir una respuesta audaz de este tipo, con las variantes que se requieran, cualquier alternativa que pretenda ser paliativa, lo único que hará es aumentar la violencia de la respuesta popular y del Estado contra las peruanas y los peruanos.
La situación no da para más. Es indispensable entenderlo y avanzar en un gran proceso de cambio tal y como lo exige la gran mayoría de peruanas y peruanos. Si no se alcanza a dialogar en una propuesta de este orden, las consecuencias serán catastróficas para el país.
La generación de un Estado benefactor capaz de satisfacer las necesidades mínimas de igualdad y equidad entre la población es un requisito fundamental para encontrar un camino de defensa de la Soberanía, un camino patriótico para el Bicentenario. Los recursos existen y ciertamente dan para construir este Estado que los peruanos necesitamos.