Anahí Durand Guevara y Yair Cybel
Con Martín Vizcarra fuera de juego, la crisis político-institucional se vuelve más grave y más profunda en el Perú.
Finalmente, y en su segundo intento, se concretó la vacancia presidencial en Perú contra el (ahora ex) presidente Martín Vizcarra. Con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones el pleno del Congreso destituyó al primer mandatario peruano por su “permanente incapacidad moral”, basándose en las denuncias por supuestos hechos de corrupción durante su gestión al frente del Gobierno regional de Moquegua entre 2011 y 2014.
Los votos en favor de la vacancia estuvieron conducidos por las bancadas de Alianza para el Progreso y Acción Popular (con 20 y 18 votos, respectivamente) a los que se sumaron, entre otros, los 14 curules del evangélico Frepap y los 15 votos de la fujimorista Fuerza Popular. Sin embargo, el clivaje no fue solamente ideológico: también votaron a favor de la vacancia los 12 congresistas de Unión por el Perú -el partido etnocacerista de Antauro Humala, hermano del expresidente- e incluso 6 de los representantes del izquierdista Frente Amplio.
Conocidos los resultados de la votación, Vizcarra anunció que dejará el cargo y en su lugar quedará Manuel Merino, empresario agrícola que llegó al Congreso en las listas de Acción Popular como representante de Tumbes, con poco más de 5 mil votos y quien preside el Legislativo desde este 2020. Merino anunció que nombrará un gabinete “de amplia base” y se especula con que lo acompañen aquellos partidos que respaldaron la vacancia.
Inmediatamente después de conocerse la vacancia, Merino aclaró que son ”impostergables” las elecciones del 11 de abril de 2021, y es que las especulaciones sobre una posible modificación de las reglas del juego emergieron al calor de la vacancia y de la presión de algunas de las fuerzas que vienen peor posicionadas en la carrera presidencial. Vale recordar que faltan apenas 5 meses para las elecciones generales en el Perú y hay candidatos que se encuentran inhabilitados para participar (como Antauro Humala, cuyo partido -UPP- insiste en su indulto), mientras que otras candidaturas críticas del sistema, como la de Verónika Mendoza, comienzan a despegar con más fuerza.
Esta nueva moción de vacancia no hace más que refrendar un sentido común presente en la sociedad peruana: la descomposición institucional que vive el país es heredera del régimen constitucional instalado por Alberto Fujimori en 1992. De hecho, según el último sondeo de Datum, el 56% de los peruanos estaría de acuerdo con cambiar la Constitución por una nueva, y apenas un 27% se declara en desacuerdo con la reforma constitucional.
La caída de la figura presidencial golpea aún más a la ya maltrecha institucionalidad peruana e instala un escenario marcado a fuego por la incertidumbre. Con Vizcarra fuera de juego, la crisis político-institucional se vuelve más grave y profunda. El escenario queda viciado de cara a las elecciones y vuelve a aparecer la posibilidad de que la vacancia se institucionalice de aquí en más como mecanismo destituyente de las minorías parlamentarias.
A su vez, con esta decisión, el Parlamento se configura como el locus de la podredumbre de la clase política peruana. Electas para un período especial de apenas más de un año, las múltiples bancadas demostraron que legislan en función de su agenda de negocios e intereses políticos más que en vistas de las necesidades populares, en el tercer país del mundo con más muertos cada 100 mil habitantes por Covid-19[1]. La desconexión de la clase política con las preocupaciones de la ciudadanía llama la atención en un país que sufre su peor crisis en décadas.
De aquí en adelante se abre un escenario complejo pero, sin lugar a dudas, una de las variables clave será la calle y la movilización popular. Ayer, apenas conocidos los resultados, organizaciones, partidos y colectivos de la sociedad civil se movilizaron en Lima para expresar su rechazo a la decisión. La vacancia generó indignación y malestar en grandes sectores de la población que preferían que Vizcarra continuara en su cargo y potenció la movilización de los sectores más politizados. Aún resta ver si lo que comenzó ayer puede volverse una movilización masiva, conectar con el enojo e incertidumbre producto de la crisis e, incluso, si podrá trascender su carácter de movilización en defensa de la democracia para convertirse en una movilización destituyente.
Por último, la jugada parlamentaria de este lunes deja en claro el modo en el que operan los poderes fácticos en el Perú. La CONFIEP, principal cámara empresarial del país, sacó raudamente un pronunciamiento respaldando al Congreso golpista, mientras que las cúpulas militares exhibieron una pasividad ostentosa. En un momento en el que la crisis económica se endurece, los poderes fácticos del Perú vuelven a demostrar que quieren un escenario que les permita continuar protegiendo sus intereses.
La vacancia muestra la desconexión sideral entre la clase política y las necesidades de un país en crisis económica y sanitaria. A seis meses de las elecciones, quien pueda capitalizar el descontento social y proponer salidas de fondo a las demandas concretas de la población, ocupará sin lugar a dudas un lugar protagónico en un Perú que en 2021 celebrará su bicentenario entre vacancias y luchas populares.
[1] https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
Tomado de Celag