Por Erika Sylva Charvet
El 15 de diciembre de 2020, el Ministro Pozo anunció un viaje a EE.UU. para “buscar ayuda para el sector privado”, es decir, un mayor endeudamiento del país. Según él, la “ayuda” dada por las multilaterales hasta ese momento al Ecuador, era para las “arcas públicas”, quedando pendiente las “soluciones para el sector privado” (El Comercio, 15-12-2020). Un mes después, volvía a reiterar que su “principal objetivo será avanzar con las gestiones para obtener apoyo financiero y destinarlo al sector privado ecuatoriano…” (Pichincha Universal, 23-01-2021).
Estas prácticas evidencian la política de un mal gobierno, porque una autoridad pública que vaya a endeudarse “para el sector privado”, ignora su carácter de tal. En efecto, Pozo separa los fondos para las “arcas públicas” de los fondos para el “sector privado”. Los fondos que gestionan las autoridades públicas son siempre públicos y van a las “arcas públicas” y es la política pública la que fija la orientación y la población objetivo del gasto. ¿O acaso no son fondos de las “arcas públicas” los que se destinan al pago de los tenedores de bonos privados? ¿Y no es la política del gobierno la que orientó el pago prioritario a esos tenedores privados antes que la atención a la población afectada por la pandemia del COVID 19 en marzo de 2020? Evidentemente, el proceder del ministro demuestra que no se concibe como autoridad pública según los mandatos de la Constitución (2008). A tono con la vieja oligarquía, entiende al Estado exclusivamente como palanca de prebendas. Entonces, ¿en calidad de qué está Pozo en el ministerio? ¿en calidad de lobista del “sector privado”? O, peor aún, ¿acaso no puede interpretarse su proceder como un escandaloso “tráfico de influencias” que está declarando abiertamente a vista y paciencia del país y de las instituciones que deberían fiscalizarlo?
A su retorno del viaje, el ministro hizo declaraciones aún más insólitas. Dijo que ha firmado un acuerdo con la Corporación Financiera de Desarrollo de EEUU (DFC) para la obtención de un crédito por US$3.500 millones para pagar deudas “la mayoría bilaterales y una o dos operaciones privadas” (Pichincha Universal, 19-01-2021). ¿Cuál es la novedad? ¿Acaso no han estado “pagando deudas” al “sector privado” contraídas irresponsablemente durante todo este gobierno? ¿Es esa la “urgente inyección de liquidez para salir del bache” que requiere dicho sector según él? ¿Y a qué “operaciones privadas” se refiere? ¿Por qué no las especifica?
Pero también afirmó que este endeudamiento millonario para el “sector privado” estaba condicionado a la subasta del patrimonio público, que lo camufla como “monetización”, pero cuyo nombre real es privatización. O sea, convertir en plata de bolsillo de la oligarquía el dinero recibido por la venta de nuestro patrimonio, construido con el sudor del pueblo ecuatoriano, y entregarlo para el negocio de las transnacionales. Ya ha anunciado tres de los diez proyectos a ser privatizados: el rico campo petrolero Sacha, la exitosa CNT y el rentable Banco del Pacífico. Y lo peor es que están tan enloquecidos por el dinero, que no les importa seguir los procedimientos formales. De hecho, dijo: “(l)o que se tiene que presentar es el proceso. Eso se pondrá en el convenio. La DFC -sin duda- pedirá documentación que respalde todo lo que Ecuador presentará, pero no hace falta que estén las cosas dadas; porque si no, no tendría sentido buscar que la DFC nos anticipe dinero” (Pichincha Universal, 19-01-2021). Me pregunto ¿qué clase de corporación es esta que admite prestar sin respaldo alguno?
Este descaro del ministro retrata de cuerpo entero el enfoque oligárquico del Estado, su manejo corporativo, su ausencia de una noción de lo público, pero, además, su visión del Ecuador como su hacienda y del patrimonio nacional como su propiedad privada, nacida de su superioridad como casta privilegiada, que niega la ciudadanía y los derechos del “Otro” a vivir bien. Así, Pozo que proclama sus exitosas gestiones millonarias para el “pobre sector privado”, aparece en los diarios amenazando a las clases trabajadoras con el látigo de la continuidad de los despidos, de la necesidad de la reducción salarial y del despiadado “ajuste” para los que menos tienen, que día a día empeora las condiciones de vida de las mayorías. No, señor Pozo. No, señores oligarcas. Se equivocan. Ni el Ecuador es su hacienda, ni los/as ecuatorianos/as somos sus siervos a los/as que nos pueden seguir esquilmando, explotando, excluyendo y apoderándose de nuestros bienes.
Las oligarquías antinacionales que Pozo representa, como lo hace el banquero Lasso, quieren restaurar su pasado de privilegios en un mundo y en un país en el que lo público, la ciudadanía, los derechos y la búsqueda de la felicidad humana se han institucionalizado en nuestra Constitución (2008), se patentizaron en las prácticas del gobierno de la Década Ganada (2007-2017), habiéndose encarnado crecientemente en la mentalidad de las masas. Por ello, no perciben la indignación que causa esta política terriblemente injusta y ni siquiera los acontecimientos de octubre de 2019 les hizo percatarse de la generalización de ese sentimiento en los estratos profundos del estallido social. No tengan la menor duda que esa indignación será decisiva en el pronunciamiento popular del 7 de febrero de 2021, fecha en la que los/as ecuatorianos/as tendremos la oportunidad de decir definitivamente ¡Basta! a los privilegios y recuperar el camino para la materialización de nuestros derechos.