Juan J. Paz y Miño Cepeda
En la primera vuelta electoral del Ecuador, realizada el 19 de febrero de 2017, el binomio presidencial Lenin Moreno-Jorge Glas, candidatos de Alianza País (AP), obtuvo el 39.36% de votos entre 8 candidaturas. En la segunda vuelta realizada el 2 de abril, el mismo binomio obtuvo el 51.16% de votos, ganando así, por apenas un pequeño margen, al binomio encabezado por el exbanquero y millonario Guillermo Lasso (48.84% de la votación), candidato de CREO y SUMA, respaldado por elites empresariales, derechas económicas y políticas del país, medios de comunicación privados abiertamente anticorreístas, pero también de sectores de la izquierda tradicional y por los marxistas-probancarios, un fenómeno inédito en la historia contemporánea de América Latina.
Tanto Rafael Correa como AP y los votantes “morenistas”, pero también los opositores, creyeron que el nuevo gobierno sería la continuidad de la Revolución Ciudadana, aunque con nuevo estilo y distinto liderazgo. En su persistente obsesión por la “des-correización” del país, Lasso incluso logró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) revisara miles de actas, pues levantó la idea de “fraude electoral” supuestamente favorable al candidato de AP, sin poder comprobar ninguna de sus acusaciones. Bajo ese panorama, nadie imaginó el giro radical que tomarían los acontecimientos.
En apenas un año, la ruptura total con el gobierno del expresidente Rafael Correa, la reinstitucionalización del Estado, la intervención en una de sus funciones facilitada por la consulta y referéndum (febrero, 2018) para constituir un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T), la captación de los aparatos estatales por los nuevos funcionarios, el escándalo y magnificación de la “lucha contra la corrupción” que se ha detenido en lo público sin topar lo privado, la persecución a los antiguos “correístas”, la judicialización de la política, la reorientación de las fuerzas armadas, el rompimiento con el progresismo latinoamericano y la penetración de las estrategias imperialistas por una renovada continentalización de objetivos contra todo izquierdismo o progresismo, han alterado la correlación de fuerzas sociales en el país y han provocado la modificación del poder político interno.
Habría mucho por examinar sobre esos procesos del primer año en las distintas esferas de análisis social; pero el eje central de los giros y las nuevas definiciones se halla en el campo económico, sobre el cual conviene esclarecer el trasfondo conceptual bajo el que se ha desarrollado.
El primer gabinete ministerial despertó algunos desconciertos, pues se mantenían figuras correístas junto a nuevos personajes identificados con el empresariado. Parecía un cambio de estilo conciliador y admisible. Además, al entregar el poder, el expresidente Rafael Correa había destacado que si bien hubo recesión durante sus 2 últimos años presidenciales, la recuperación económica estaba en marcha, de modo que para 2017 quedaba la “mesa servida”. Al poco tiempo de su posesión el presidente Moreno dijo que no había ninguna mesa servida, anunció que era necesario dar un giro a la economía potenciando a la empresa privada como fuente del nuevo desarrollo y reduciendo al Estado, porque incluso existían gastos excesivos, obras inconclusas, inversiones cuestionables y una deuda gigantesca. Al mismo tiempo, proclamó un nuevo ambiente de libertades y democracia, comenzó las críticas directas o indirectas al gobierno de Rafael Correa y convocó a un diálogo nacional, que pasó a ser instrumento y estrategia para ampliar la base social de apoyo a su régimen.
En efecto, si bien el llamado al diálogo nacional fue aplaudido por los medios de comunicación y logró el interés ciudadano, con el transcurso de los meses las reuniones con los diversos sectores convocados fueron opacadas por el protagonismo que adquirieron las cámaras de la producción que, apoyadas por los medios de comunicación hegemónicos del país, tuvieron la ventaja de posicionar sus planteamientos e intereses frente al conjunto de las fuerzas sociales y políticas dialogantes. Esas cámaras posicionaron varias consignas: reinstitucionalizar al Estado, revisar y disminuir el gasto público, alentar las inversiones privadas y el ingreso del capital extranjero, reformar las leyes laborales, reducir y hasta suprimir impuestos, vincularse al mercado internacional, suscribir tratados de libre comercio, etc., es decir, un recetario de vieja inspiración neoliberal, presentado bajo una persistente campaña por exigir el cambio del “modelo económico” heredado del “correísmo”.
Durante un año, han predominado los analistas y las opiniones económicas destinadas a demostrar que durante la última década se enseñorearon el despilfarro, la corrupción, el desaliento a la empresa privada, las trabas al capital externo, el estatismo y hasta el agravamiento de las condiciones sociales. Se ha tratado de quitar toda memoria colectiva, sobre la base de verdaderas piruetas conceptuales y estadísticas acerca de la “década perdida”. Sin embargo, contrariando esas apocalípticas y tendenciosas visiones, los organismos internacionales como Cepal, Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario internacional (FMI), han desmentido los panoramas así manipulados, pues en diversos informes han destacado los logros económicos y sociales del gobierno de Rafael Correa, e incluso el FMI presentó un informe que reconoce las mejores proyecciones del año 2017, insinuando, de este modo, que sí hubo una “mesa servida” (https://bit.ly/2rVrcVD)
En todo caso, en un país donde parecen dominar los ciegos y los sordos políticos, el anuncio del programa económico del nuevo gobierno se postergó de mes a mes. Eso no impidió que siguieran declaraciones, acciones y medidas que fueron conquistando el giro que se requería, incluso cuidando la retaguardia con la imagen de nuevas políticas sociales, como el Plan Toda una Vida, la misión Casa para Todos, la iniciativa del Ejecutivo sobre la Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, el programa Médico del Barrio o la derogatoria de los Decretos 16 y 739 expedidos durante el gobierno de Correa y que fueron permanentemente combatidos por las organizaciones sociales.
A inicios de su gestión, el gobierno de Moreno creó el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que tuvo efímera vigencia. Para julio (2017) el primer panorama quedaba en claro: dinamizar al sector de la construcción mediante la revisión de la “Ley de Plusvalía” del gobierno anterior que se propuso atacar la especulación del suelo; el incentivo a la inversión con ingreso de divisas; el impulso al “dinero electrónico”; el establecimiento de varias medidas de austeridad en el gasto público y la reducción de inversiones a lo estrictamente necesario. Un mes más tarde se anunciaron otras medidas de austeridad: venta de aviones y automóviles del Estado, reducción de sueldos (10%) para altos funcionarios, venta de inmuebles de la empresa pública Inmobiliar y finalmente la entrega del manejo del dinero electrónico a la banca privada, terminando así, para felicidad de los banqueros que movilizaron todo su poder hasta conseguirlo, con ese “monopolio” que hasta entonces estuvo en manos del Banco Central (BCE).
En octubre se sumaron las nuevas medidas: derogatoria de la ley de plsuvalía, exoneración del Impuesto a la Renta (IR) para ciertos segmentos de emprendedores, proyecto para suprimir el anticipo de ese mismo impuesto a favor de las empresas, eliminación del impuesto a las tierras rurales, revisión de consultorías y pagos de horas extras y viáticos en el sector público y una declarativa “guerra” al contrabando y a la evasión tributaria, que aún queda por dar resultados.
Por fin, al iniciar abril de 2018, el Presidente Moreno anunció, en cadena nacional, el esperado “plan económico”, que se ejecutaría durante su mandato. Se basa en 4 ejes: estabilidad y equilibrio fiscal, reestructuración del Estado incluyendo la supresión de algunas empresas públicas, sostenibilidad de la dolarizacion y equilibrio del comercio externo, y reactivación productiva centrada en la revisión tributaria. Pero con ello no quedaron aclaradas todas las medidas concretas a ejecutarse, de modo que los vacíos seguirán llenándose en el tiempo.
Sin embargo, en ese camino del primer año gubernamental, los más satisfechos con las orientaciones y medidas tomadas han sido las cámaras de la producción, a pesar de excepcionales momentos de crítica al no haberse acogido en su totalidad el recetario con el que han presionado al gobierno. Y el mayor motivo de triunfalismo y contento ha llegado hace pocos días (14 de abril) con el nombramiento de Richard Martínez como nuevo Ministro de Economía.
Martínez era, hasta el momento de su designación, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y uno de los más dinámicos voceros en abogar contra el excesivo gasto público, en magnificar el tamaño de la deuda externa, en clamar por la reducción de impuestos y hasta por la supresión de varios de ellos, y en argumentar a favor de la revisión de la legislación laboral. No pertenece al escaso empresariado modernizante que tiene el país, sino al más tradicionalista y atrasado en responsabilidades económicas y sociales frente al país. Así es que su nombramiento, no solo engrosa el número de ministros-empresarios, sino que ha definido, en forma clara, la nueva fase a la que entra el gobierno del presidente Lenín Moreno.
En un año, las cámaras de la producción han pasado a ser el principal aliado del gobierno. Igualmente, todos los sectores identificados con el anti-correísmo, convertidos en su base social de apoyo. Se trata de un espectro “popular” en el que se incluyen no solo las derechas políticas y económicas, sino aquellas conservadoras clases medias que en el pasado inmediato todavía se identificaron con el socialismo del siglo XXI pero que hoy han tomado distancia frente a la Revolución Ciudadana; pero también líderes y dirigentes de los débiles movimientos obrero e indígena, y aquellos minoritarios grupos de la izquierda más tradicional.
El gobierno del presidente Lenín Moreno tenía el derecho a establecer su propia personalidad política y a legitimar un nuevo estilo y liderazgo para el país. Nadie pensó que lo haría mediante la ruptura total con la Revolución Ciudadana y con Rafael Correa. Si, de todos modos, esa era una necesidad motivada por el hecho de que el gobierno de Correa fue lo “peor” que le pudo suceder al Ecuador, que lo único heredado es una “década perdida”, que la “corrupción” ha sido el signo del pasado régimen y que había que superar ese ciclo “nefasto”, que son los términos que han empleado los diversos sectores del anti correísmo para calificar el pasado inmediato, el gobierno de Moreno tenía la oportunidad histórica para afirmar su propio camino, pero basado en la recuperación del “espíritu de Montecristi”, según lo anunció en los inicios de su régimen y, por tanto, para consolidad reformas inspiradas en la orientación social y popular de la Constitución de 2008, para apuntalar la economía social y solidaria que esta Carta establece como modelo, y para potenciar y profundizar el Régimen de Desarrollo y el Régimen del Buen Vivir contemplados en los Títulos VI y VII de esa misma Constitución.
Esos principios constitucionales chocan frontalmente contra el modelo empresarial que han tratado de revivir las cámaras de la producción y que ha ganado un terreno que nadie esperaba cuando Lenín Moreno tomó la presidencia del Ecuador. Los propósitos anunciados -y caminados- para disminuir las capacidades estatales, revisar el régimen impositivo en coincidencia con los planteamientos de las elites empresariales y hasta implantar nuevas modalidades de trabajo que implican la flexibilidad laboral igualmente idealizada por los propietarios del capital, trazan una ruta distinta a la oportunidad histórica que podía esperarse.
El gobierno del presidente Lenín Moreno ha iniciado así otro ciclo histórico para el Ecuador, dejando atrás el que correspondió a la Revolución Ciudadana. Ya no forma parte de los gobiernos progresistas, democráticos y de nueva izquierda que caracterizaron a la América Latina en los pasados lustros. No es más un referente latinoamericanista.
Para el segundo año que se inicia este 24 de mayo (2018) el panorama está clarificado: se fortalece un modelo de economía empresarial del siglo XXI. Los resultados económicos de tipo capitalista seguramente podrán ser alentadores en el corto y el mediano plazo, pero no los resultados sociales y laborales, de lo cual hay suficiente experiencia histórica por lo ocurrido durante las décadas de 1980 y 1990, cuando igualmente se confió en el mercado libre, la incorporación al mundo globalizado, las desregulaciones económicas y las capacidades empresariales privadas. Y nadie puede prever aún los resultados políticos de una gestión que permite intuir el agudizamiento de las tensiones clasistas para el futuro.