Por Juan Cárdenas
En medio del fragor de esta guerra interna en contra del crimen organizado, cuyos auspiciosos resultados espera con ansias el soberano, para que el Estado le devuelva su irrenunciable derecho a la seguridad y a la paz, hay dos temas que alientan el debate acerca de su oportunidad y legitimidad. Uno es el proyecto de ley urgente para el aumento en 3 puntos del IVA; y el otro lo que atañe a la dichosa consulta. En la tramitación de la ley para el incremento de aquel impuesto indirecto, regresivo, indiscriminado e injusto, se han esgrimido argumentos y razones difíciles de conciliar, toda vez que los sujetos pasivos más afectados por ese dogal tributario son los sectores populares y la clase media que destinan casi todos sus ingresos al gasto grabado con el IVA. Y no nos vengan con que hay exenciones para alimentos y medicinas, porque los insumos en los procesos de producción que en su mayoría son importados, se incrementarán inexorablemente con los fatídicos 3 puntos que luego se trasladarán a los consumidores. A los privilegiados, que no son más del 2% de la población, el incremento apenas les cuesta el 0,12% de sus cuantiosas operaciones.
Desde la visión de las mayorías, hay alternativas viables que solamente requieren de la decisión política oficial, para seguir el ejemplo que a nivel mundial pusieron en estos días los más ricos del planeta, con un pronunciamiento histórico de exigir que los estados graben con más impuestos sus fortunas. Acá en cambio, los que acumularon cuantiosas utilidades justamente en tiempos de la pandemia y de la actual crisis teñida de sangre, a través de ASOBANCA regatean su obligación de contribuir al financiamiento de esta guerra interna con argumentos confusos. Deben pagar los bancos privados el impuesto a sus extraordinarias utilidades, como también deben hacerlo las grandes fortunas. El aumento al 6% del ISD sería un buen argumento para que los pelucones no saquen sus caudales a paraísos fiscales. Que se eliminen por justicia los “incentivos” con los que saquean las arcas públicas las grandes empresas, para que dejen de fastidiar con el cuento de los subsidios a las clases populares.
El comedimiento de alguna diezmera que aconseja la reducción del tamaño del Estado, tal como lo impone el FMI, con la eliminación del Ministerio de la Mujer, dicho por una mujer, es insólito y cabe preguntarle: ¿qué reducimos? ¿médicos?, ¿maestros?, ¿policías?, ¿militares? Fascismo con la motosierra de Milei, quien delira con el Estado ausente. Pero el debate empieza a mostrarnos la intolerancia e incongruencia oficiales, con una ministra que a gritos pretende imponer los 3 puntos. Otro ministro, el de finanzas, va de comisión en comisión en la Asamblea Nacional con una retahíla de argumentos: primero que se requiere aumentar el IVA para financiar la guerra interna; luego que para pagar los sueldos; después que si no subimos los 3 puntos, los chulqueros, digo el FMI, no nos dará ni medio. Últimamente sentenció que, si se cae su propuesta, se friega la dolarización. Asomó el peine: ellos son los que ponen en peligro la moneda gringa, no RC como suelen calumniar los mediáticos y politiqueros. Ya mismo nos culpa del calentamiento global…
Cuidado con el acuerdo firmado el 6 de octubre último por el gobierno de Lasso con USA. Es una vergonzosa entrega de la Patria y su soberanía maniatada, por parte de un gobierno repudiado, para que vengan tropas foráneas a imponernos sus leyes e intereses. Que la Corte Constitucional enderece su debate hacia la Asamblea Nacional. Lo manda la Constitución. En cuanto al TLC con China, cuidado destruimos nuestra débil estructura productiva y agrícola con la entrega de nuestros mercados a la vorágine globalizadora. La Consulta tiene pronóstico reservado. Por lo pronto se cayeron los casinos y juegos de azar. Las demás preguntas esperan dictamen de la CC. Señor Noboa, ahórrenos 60 millones. No por mucho madrugar amanece más temprano.