Por Consuelo Ahumada
Una férrea y variada oposición ha intensificado su ataque frontal contra todas y cada una de sus propuestas, medidas, decisiones. Contra lo que dice y tuitea.
El reto de los gobiernos alternativos latinoamericanos es emprender reformas sociales que mejoren sustancialmente las condiciones de vida de la gente. Sus posibilidades de realizar transformaciones sociales, políticas y económicas no pueden ir mucho más allá. Por ahora, quedaron atrás las históricas experiencias revolucionarias de la primera mitad del siglo XX.
La izquierda y los sectores populares de hoy en día pueden ganar las elecciones y convertirse en gobierno, pero no controlan el poder del Estado.
Tampoco pueden hacer mucho frente a un entorno internacional cada vez más restrictivo y desfavorable. EE. UU. y sus poderosos aliados de Occidente se resisten a perder su preponderancia mundial, a romper sus relaciones coloniales con el resto del mundo y a darle paso a un multilateralismo que se impone a pasos agigantados.
Eso es lo que explica las actuales guerras, el genocidio de Palestina, las sanciones unilaterales a Venezuela, Cuba e Irán, entre otros. Su agresividad frente al país bolivariano y su preocupación por la suerte de sus enormes recursos naturales, no por su democracia.
Sin embargo, incluso en el contexto limitado de las reformas, la situación es extremadamente difícil para estos gobiernos, tal como lo está experimentando Gustavo Petro, cuando inicia el segundo tiempo de su mandato.
En lo transcurrido hasta ahora, una férrea y variada oposición ha intensificado su ataque frontal contra todas y cada una de sus propuestas, medidas, decisiones. Contra lo que dice y tuitea. Arremeten contra su vida privada y destruyen su familia. Todo parece válido.
Desde la ultraderecha, se mueven figuras políticas; militares retirados y algunos activos; los gremios económicos no cesan en esta cruzada. De manera preocupante, la situación tiende a agravarse. En momentos en que esto se escribe, se desarrolla un paro camionero que bloquea importantes carreteras del país.
Los poderosos medios controlados por los grupos financieros no dan tregua en su embestida. Se insiste en magnificar sus errores y en minimizar o desconocer sus logros, que son significativos. Todo es culpa de Petro.
Hay que decir que, frente a esta situación crítica, los grupos guerrilleros definitivamente no entendieron el momento del país. Anteponiendo sus intereses y sus negocios, se resisten a acordar unos mínimos con el gobierno que permitan su desmovilización y el avance hacia la paz total.
El objetivo de la ultraderecha es claro: generar incertidumbre, desazón, desesperanza, pánico. Romper la moral de la población, preparando así las condiciones para su retorno al poder, una vez termine el período legal o antes, si logra hacerlo.
Un asunto recurrente ha sido la supuesta irregularidad en la financiación de su campaña presidencial. Antes de conocerse la decisión del Consejo Nacional Electoral al respecto, se monta todo un show mediático, que presenta la acusación como si se tratara de hechos reales, incontrovertibles. Es parte del law fare o manipulación judicial. Golpe blando o duro.
Un asunto central que conspira contra el gobierno del Cambio y sus reformas es el andamiaje del Estado, concebido a imagen y semejanza de las viejas élites, y adaptado al esquema neoliberal vigente en el mundo. Incluye buena parte de la institucionalidad llamada democrática: el Congreso, el aparato judicial, las Cortes, los organismos de control, las normas, leyes, la costumbre.
El Congreso, el aparato judicial, las Cortes, los organismos de control, las normas, leyes, la costumbre. Han sido muchas y muy diversas las manifestaciones de esta oposición institucional
Han sido muchas y muy diversas las manifestaciones de esta oposición institucional. Durante año y medio, el gobierno debió enfrentarse con un fiscal general en trance de candidato presidencial, que se dedicó a proteger la criminalidad y a sabotear el proyecto de la paz total y las reformas del gobierno. La Procuradora General, heredada de Duque, viene marchando en el mismo sentido.
Los magistrados del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, desde sus elevadas cúpulas y la magnificencia de sus cargos, han entorpecido procesos cruciales, que afectan de manera importante los recursos provenientes de la audaz reforma tributaria del gobierno para financiar las reformas, implementar el acuerdo de paz. Se trata de golpear la misma gobernabilidad del mandatario.
Pero cuando esto se señala, inmediatamente la oposición clama por el respeto a la institucionalidad, la división de poderes y la libertad de prensa.
Lo mismo sucede con las autoridades económicas. El Banco de la República cumplió un siglo este año y lo conmemoró haciendo gala de la tarea que le consagró la Constitución del 91: preservar la ortodoxia neoliberal.
Poco les importa a los miembros de su Junta Directiva, que dicho barco se esté hundiendo, como lo muestran la crisis económica, social y ambiental que afronta la humanidad entera, la migración forzada y la brutal respuesta de los países poderosos a ella; los niveles extremos de concentración de riqueza y la creciente desigualdad a nivel global.
Por eso, la Junta reduce las tasas de interés a cuentagotas. La cartilla que siguen estipula el controlar la inflación mediante el freno al consumo, un obstáculo real para la reactivación económica del país en la que está empeñado el gobierno.
A ello sumémosle las restricciones internacionales frente a la inversión pública, el creciente peso de la deuda soberana, la regla fiscal.
Por último, a estas alturas, es necesario subir el ánimo, la resistencia. La movilización social en defensa de la estabilidad del gobierno es la prioridad.
Paralelamente, se necesita presionar la aprobación de reformas sociales estratégicas: salud, laboral, agraria con todos sus componentes, construcción de acueductos y acceso a servicios públicos, apoyo efectivo a la economía popular. Mayor celeridad en la ejecución de las medidas.
Invertir en hospitales públicos, en salud primaria y preventiva, en atención materno- infantil, como pretende la reforma del gobierno. Pero esto es inconcebible para los traficantes de la salud.
Devolverles a los trabajadores y trabajadoras derechos adquiridos, confiscados por reformas neoliberales, tampoco les parece aceptable a los poderosos empresarios. Ni hablar de los derechos colectivos, contemplados en convenios de la OIT.
¿Cuál puede ser el legado de este gobierno? El avance en la consolidación de la paz. Sentar las bases firmes para una transformación social que requerirá de varios años. De ahí la necesaria continuación del proyecto.
Tomado de las dos orillas