Por Luis Herrera Montero
En estos tiempos de conmemoración espiritual, es más que oportuno recordar los mensajes de paz y hermandad de uno de los seres humanos más relevantes de la historia humana. Para el mundo de la religiosidad cristiana, sin duda, fue y sigue siendo el hijo de Dios. En consecuencia, para con tal significado, urge una rigurosa evaluación sobre el decreto presidencial de autorizar el uso de armas, con el absurdo supuesto de que la ciudadanía de Ecuador se defienda de la delincuencia y los altos grados de inseguridad nacional. La desvergüenza rebasó ya todos los límites. La situación es mucho más degenerante si se aplica un análisis desde la moral y los preceptos religiosos del catolicismo, ya que resulta inaudito recibir un decreto que llama a usar la violencia para combatir la violencia prácticamente un 2 de abril de 2023, en pleno Domingo de Ramos, en franco desacato del mensaje espiritual “de quien a hierro mata a hierro muere”.
Desde mi punto de vista, la Semana Santa no solamente contiene mensajes para la población que sostiene creencias cristianas. Deseo más bien exponer criterios que dan cuenta de una lucha social sostenida en la legitimidad de la justicia social y, actualmente, de la defensa de diversidad de derechos. Hace algo más de dos mil años Jesús de Nazareth fue sentenciado a muerte por liderar una masiva manifestación que planteaba la utopía de un reino o mundo de paz y amor, que evidentemente contradecía en aquella época los intereses del imperio romano, por un lado, y los privilegios otorgados a las élites de la iglesia judía, por otro. Este fatal contexto lo han reproducido los gobiernos de Moreno y Lasso en octubre de 2019 y junio de 2022, ya que reprimieron sin misericordia manifestaciones sociales legítimamente convocadas bajo el liderazgo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador; a causa de estas represiones, fallecieron más de veinte manifestantes del pueblo ecuatoriano. En cuanto a los acontecimientos de junio de 2022, con toda la razón jurídico-política, se sometió al presidente a una muerte cruzada, pues era de irrefutable evidencia la gran convulsión social, producida por las medidas impuestas de parte del gobierno neoliberal e impopular de Guillermo Lasso. La destitución presidencial no fue posible a pesar de lograrse 80 votos, pues se requerían 92. Hoy en día la Corte Constitucional ha avalado la legalidad de un juicio político para un nuevo intento de destitución por delitos contra la seguridad del Estado y por corrupción.
Ante este difícil momento para Lasso, se emite un decreto presidencial inadmisible desde todos los ángulos analíticos, ya que es un llamado a desentenderse de la ética y la democracia. Podría explicarse este fenómeno por la desesperación de una persona que perdió todos los papeles de la decencia y que desde una mentalidad totalitaria promueve que la ciudadanía confronte a bala a la delincuencia y al narcoterrorismo. La medida en vez de proyectar soluciones perjudica notoriamente la labor de la policía, debido a que a esta institución le sería difícil diferenciar entre los ciudadanos y los mercenarios infiltrados en dicha ciudadanía. Además, que sectores vinculados con la narco-economía son los que pueden beneficiarse de medidas en apoyo a la comercialización de armas, no así la población que es victima del abuso y la violencia del sicariato. No procedería imaginar ver a los secuestrados usando un arma para repeler a un grupo de delincuentes mucho mejor armados: las consecuencias obviamente serían de mayor gravedad y hoy estaríamos lamentado fatalidades y sufrimientos con un alto desconsuelo e impotencia. Podría entonces, más bien, suponerse que Lasso emite tal decreto para dividir la votación del juicio política, ya que el partido socialcristiano siempre ha demostrado sintonía con tales contenidos o probablemente el real deseo sea provocar una gran convulsión social para aplicar uno de los causales constitucionales, facultando al presidente llamar a una muerte cruzada.
Con anterioridad he sostenido que al totalitarismo neoliberal no le importa la paz social ni el bienestar de la población a la que mal gobierna. El decreto, al que me he referido, resulta una provocación más para desatar procesos de necropolítica, que según Mbembe, uno de sus más destacados exponentes, es un fenómeno que desata muerte a diestra y siniestra. Este concepto ha sido usado ya con mucha reiteración en América Latina, prioritariamente en México y Colombia, para explicar el funcionamiento terrorista de mafias. En Ecuador las denuncias desesperadas de familiares de presos, respecto de potenciales masacres en los centros penitenciarios, fueron prácticamente ignoradas y de ahí las también trágicas consecuencias. Los aportes de Mbembe se sostienen en las contribuciones intelectuales de Hannah Arendt, la más grande analista del totalitarismo; de este modo, Mbembe demuestra además que diversidad de cárceles en el continente africano se han transformado en campos de concentración y por eso identifica al fenómeno como resultado de políticas con trasfondo totalitario. El decreto de Lasso, lejos de constituir una solución, es un llamado a desatar en Ecuador la necropolítica y sus ejercicios político-sociales de totalitarismo. La generalización de luchas armadas en toda la sociedad, con el supuesto de combatir a la delincuencia, llevará tan sólo a reproducir lo que ha sucedido ya en el sistema carcelario: una crisis por muerte masiva.
Retomar los mensajes de paz y hermandad expuestos en el Nuevo Testamento, que sin duda constituye uno de los libros sagrados de mayor relevancia para la humanidad, es de extrema urgencia. El pueblo ecuatoriano no debe ser manipulado con medidas y decretos fuera de lugar y que incentivan la masificación de la violencia. Que esta semana de sacralidad, por la justa rememoración de uno de los líderes más éticos de la historia, que fuera asesinado en el imperio romano, nos motive a retomar el pacifismo como la más sagrada lucha popular. El decreto presidencial debe ser inmediatamente derogado.