Por Vijay Prashad y Pilar Troya Fernández
En las elecciones presidenciales del Ecuador el 7 de febrero de 2021, Andrés Arauz obtuvo la mayoría de la votación, pero no pudo imponerse en la primera vuelta ante a otros quince candidatos. Obtuvo el 32,71%, por debajo del 51% necesario para ganar la presidencia en primera vuelta o 40% que también le hubiera permitido ganar si se sumaba a una ventaja de 10 puntos sobre el candidato en segundo lugar, algo que Arauz sí consiguió. Diez días después de la primera vuelta, los candidatos que quedaron por detrás de Arauz siguen sin saber quién se enfrentará a él en la segunda vuelta, el 11 de abril. Dos candidatos —Guillermo Lasso y Yaku Pérez— rondan ambos el 19% y están a la espera de un recuento manual para verificar quién se enfrentará a Arauz. Un pacto Lasso-Pérez, con trucos sucios colombianos, pretende eliminar a Arauz de la segunda vuelta; esto es muy preocupante para la democracia ecuatoriana.Contra todo pronóstico, Arauz ganó la primera vuelta de forma contundente. Hasta el final, el Consejo Nacional Electoral (CNE) —el organismo electoral nacional— trató de aplazar las elecciones, sembrando dudas sobre votar en época de pandemia y sobre la transferencia de fondos públicos a los candidatos para hacer el proceso más equitativo. El ministro de Defensa —Oswaldo Jarrín— dijo a finales de enero que no se imprimirían las papeletas, a pesar de que su ministerio había llegado a un acuerdo con el CNE. Hasta el año 2020, el CNE y otras instituciones del gobierno ecuatoriano intentaron reprimir la democracia impidiendo la candidatura tanto del expresidente Rafael Correa como de Arauz.
El vaciamiento del Estado
Cuando Lenin Moreno asumió su mandato en 2017, inició un proceso que llevó al debilitamiento de las instituciones democráticas en Ecuador. Los titulares de varias instituciones del Estado —como la Corte Constitucional, la Corte Suprema, la Fiscalía, la Contraloría y el CNE— fueron elegidos durante el mandato de Correa. Estas personas no se plegaron a la línea trazada por Moreno, quien estaba ansioso por impulsar una política de privatizaciones, venganza contra Correa y destrucción del Estado y las instituciones públicas.
Entonces, Moreno decidió consolidar su autoridad alineando a sus fuerzas políticas con las de la derecha, como Creando Oportunidades (CREO) de Lasso y el Partido Social Cristiano (PSC). Una vez producida su mayoría de derecha, Moreno se dirigió al pueblo con un dudoso referéndum que tenía siete preguntas confusas. Las más confusas se referían a la reforma constitucional, es decir, al establecimiento de límites a los mandatos de los cargos electos (dirigido contra Correa) y a la sustitución de los responsables de las instituciones del Estado. Las otras preguntas —sobre la corrupción, los derechos de los niños y la ecología— tuvieron un amplio apoyo en todo el país. La mayoría votó que sí, votando esencialmente por las partes buenas del referéndum, mientras que las partes negativas pasaron desapercibidas.
Para reconstruir las instituciones del Estado de acuerdo con sus objetivos, Moreno nombró a Julio César Trujillo como cabeza de una comisión de notables (Consejo de Participación Ciudadana transitorio) para que expulsara a los funcionarios elegidos y pusiera en su lugar a personas de Moreno, mediante dudosos concursos; una frágil institucionalidad fue destripada lentamente. Trujillo utilizó todo tipo de ficciones anticonstitucionales —como la «vacancia constitucional»— para poner a Moreno fundamentalmente al mando. Utilizando los nuevos poderes, Moreno nombró a su gente y a la de sus aliados (como Lasso y el PSC) para controlar el CNE; la presidencia del CNE fue entregada a Diana Altamaint, miembro del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, el partido de Yaku Pérez.
Trucos sucios
El 30 de enero, la revista colombiana Semana publicó un reportaje en el que se acusaba a Arauz de haber recibido 80.000 dólares del ELN (Ejército de Liberación Nacional), un grupo guerrillero de izquierda; el reportaje también se publicó en el periódico argentino El Clarín. El informe se basaba supuestamente en un ordenador incautado al comandante del ELN Andrés Felipe Vanegas Londoño (Uriel). Se publicó tres días después de que Moreno visitara Washington, D.C., donde se reunió con funcionarios del gobierno estadounidense, el FMI y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Semana dijo que después de una cumbre virtual de la Internacional Progresista en septiembre de 2020, el ELN se puso en contacto con Arauz; tanto Arauz como la Internacional Progresista negaron la historia (Aclaración: Prashad forma parte del Consejo de la Internacional Progresista). El ELN, por su parte, emitió un comunicado diciendo que la historia de Semana era una fantasía.
Fue necesario que un ornitólogo señalara que el vídeo publicado por Semana no es creíble. El canto de los pájaros en el video alertó a Manuel Sánchez N, quien escuchó el sonido de un tinamú de cejas pálidas, que se puede encontrar en Ecuador y Perú, pero no en Colombia.
La asociación con la guerrilla colombiana suele ser utilizada por la derecha para deslegitimar a los candidatos de la izquierda. En 2011, el periódico colombiano El Tiempo publicó una noticia para vincular a Ricardo Patiño, un ministro del gobierno de Correa, con las FARC, el grupo guerrillero colombiano; una organización de investigación con sede en Londres -International Institute for Strategic Studies- afirmó en un informe que la campaña de Correa en 2006 fue financiada por las FARC. Todo esto fue desmentido posteriormente (el IISS ya no tiene el informe en su página web). En 2017, la revista argentina Perfil publicó un reportaje que intentaba vincular a las FARC con una organización inexistente llamada Resistencia Ancestral Mapuche; la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo utilizó para impulsar el ataque de su gobierno a la comunidad mapuche en la Patagonia.
Los medios de comunicación ecuatorianos tomaron la historia de Arauz y el ELN como una verdad absoluta. Sin duda, tuvo un impacto en las elecciones del 7 de febrero.
LassoPérez
Inmediatamente después de la primera vuelta, Lasso y Pérez comenzaron a colaborar para socavar los resultados de las elecciones. Pidieron al CNE que realizara un recuento; sus objeciones y sus exigencias estaban fuera de las normas y las leyes, Lasso dijo abiertamente que su petición estaba «más allá de la ley». El CNE, controlado por CREO, PSC y Pachakutik, accedió, erosionando la fe en las instituciones. En Ecuador corren rumores de que Lasso y Pérez están deseando que el CNE suspenda a Arauz del proceso, para que sean ellos dos los que compitan en la segunda vuelta.
No es un misterio que Lasso es el candidato de la derecha. Pérez, en cambio, se hace pasar por un ecosocialista que sería el primer presidente indígena de Ecuador. Curiosamente, antes de que se conocieran los resultados de las elecciones, Pérez anunció que la Embajada de Estados Unidos en Quito le había llamado para comunicarle que sería el candidato que quedaría en segundo lugar. Pérez tiene un largo historial de vilipendio a los gobiernos progresistas de América Latina (incluyendo la acusación a Evo Morales de ser «biológicamente indígena, pero con identidad blanca»), de recibir dinero de fundaciones del gobierno de Estados Unidos y de hacer dudosas alianzas con la derecha ecuatoriana. Ha declarado que, si es elegido presidente, no ve ningún problema en firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. La principal federación indígena -la CONAIE- se distanció en twitter del acuerdo de Pérez con Lasso porque dijo que su base está «en contra de la derecha neoliberal que saqueó el país»; hacer una alianza con esta ala es «ilegítimo e incoherente» con la política de la CONAIE.
El 12 de febrero, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa Delgado, llegó a Quito para reunirse con la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, con el fin de discutir la información que los colombianos dijeron haber recibido de los ordenadores de Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, del ELN (asesinado en noviembre de 2020). Ecuador había solicitado esta reunión con base en la historia de Semana. Pérez se pronunció a favor de una investigación, aunque no haya pruebas.
La OEA, como lo hizo durante el golpe de noviembre de 2019 en Bolivia, empezó a husmear con su representante —Isabel de Saint Malo (ex vicepresidenta de Panamá que jugó un papel a través del Grupo de Lima en el intento de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro de Venezuela— diciendo que estaba reunida con Lasso y Pérez para hablar de la situación política.
El 13 de febrero, un día después de pactar con Pérez, Lasso escribió a la presidenta del CNE diciendo que el acuerdo era ilegal. Dijo que el CNE tiene que primero promulgar oficialmente los resultados de la votación de la primera vuelta y sólo entonces puede haber reclamos de los candidatos. El acuerdo parece tambalearse, ya que Lasso probablemente calcula que puede derrotar a Arauz en una segunda vuelta.
¿Tendrá Ecuador una segunda vuelta el 11 de abril con Arauz en la papeleta o se asegurarán Estados Unidos, la OEA, los diversos partidos de derecha de Ecuador y el aparato estatal de Moreno de que quede fuera de la papeleta? Si eso sucede, será difícil llamar al evento del 11 de abril una elección.