Por Silvia Vera Viteri
El ultra conservador Guillermo Lasso (CREO) llega a la presidencia de Ecuador al ganar las elecciones del 11 de abril de 2021 a su contricante Andrés Arauz (UNES). Fue este su tercer intento por captarla, lo cual hizo suponer que el lapso transcurrido alrededor de estas lides le habría proporcionado buen conocimiento respecto de la conducción política gubernamental así como del manejo de la administración pública. No obstante, al poco tiempo de la posesión como presidente de la República (24 de mayo /2021), su accionar empezó a mostrar grietas pues al parecer su condición neoliberal empresarial no le permite una comprensión más allá de los límites del esquema privado en el que pretende ubicar la gestión de gobierno y el ejercicio de la vida pública. Para el efecto, desde una falta de percepción e intuición en la práctica política, intenta configurar un relato inexcusable sobre la naturalización de la bondad de las formas neoliberales que no logra insertar en el imaginario ciudadano pues está en flagrante contradicción con las propuestas que plantea.
Entre sus primeros graves errores aparece el rompimiento unilateral con el Partido Social Cristiano (PSC), su correligionario ideológico, a partir de la deserción unilateral de un acuerdo legislativo previo. Si bien es antigua la data del distanciamiento con el líder de dicha organización política, Jaime Nebot Saadi, en favor de la unidad de la tendencia derechista contra el posible triunfo progresista, este apoyó la campaña presidencial de Lasso. A cambio CREO consiguió acercamientos con otras fuerzas al interior de la Asamblea Nacional con el fin de fortalecerse, y en virtud de los cuales tranzó la presidencia del legislativo con Pachacutik en la figura de Guadalupe Llori.
Pachacutik constituido hace varios años en el brazo político de la CONAIE (Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador), ha tenido una trayectoria bastante irregular y sinuosa bajo dirigencias inconsistentes que han ocasionado desorientación ideológica y oportunismo político a las bases de la organización. En reiteradas ocasiones ha actuado en disociación con su matriz, la CONAIE. No obstante, el personalismo en CONAIE y PK es visible icluso en la oscuridad, la inconsecuencia histórica de no apoyar a la tendencia progresista (Andrés Arauz, UNES) en las últimas elecciones a nombre de un nebuloso voto nulo ideológico, incidió en los resultados finales.
Los intereses que gravitan al interior de la función legislativa en el mundo entero, han conformado con mucha frecuencia mayorías móviles y volátiles, pero Lasso no lo advirtió o creyó poder superar esa circunstancia. Por eso, el yerro inicial señalado convirtió a un potencial aliado político en enemigo hasta aquí irreconciliable, e impidió a CREO contar con los inicialmente 18 legisladores del PSC. Desde aquí parte una errática política de alianzas que ha ido entorpeciendo de modo constante la acción de su partido, que apenas cuenta con 12 asambleístas (con ciertas alianzas llega a 24), en el ámbito legislativo.
En medio de una desatrosa situación económica debida en parte a la crisis sanitaria mundial pero también por los fatales antecedentes del gobierno de Lenin Moreno, el flamante presidente anuncia la continuidad con el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI), y olvida o renuncia a sus ofertas de campaña, especialmente de la segunda vuelta electoral, cuando hablaba de alzas salariales, de créditos amplios y seguros, de conservar el precio de los combustibles, de una fuerte inyección a la circulación monetaria ciudadana, y más bien se decanta por medidas enmarcadas en el libre mercado y en la privatización mayoritaria. En este sentido, apuesta por la flexibilización laboral y por numerosos tratados de libre comercio sin considerar mínimos mecanismos de protección a la producción local. La actividad económica no tiene sustento en algún programa básico de desarrollo, hasta aquí Lasso ha gobernado vía decretos sin base en algún tipo de planificación, lo cual confirma la firme decisión de profundizar el modelo neoliberal.
El cumplimiento de una buena campaña de vacunación anti Covid concedió amplia aprobación nacional al gobierno que sobreestimando este logro procuró configurarlo como plataforma para sus propósitos inmediatos y mediatos. Es en estas circunstancias que Lasso envía al legislativo un proyecto llamado Ley Creando Oportunidades, compendio inconstitucional de retrogradas disposiciones laborales, tributarias, propuestas enmascaradas como cambios para el desarrollo cuando en realidad expresan un retroceso al neoliberalismo de los años 90. El documento es devuelto por la Consejo de Administración Legislativa (CAL) debido a errores incluso de formulación, lo que implica no ser tratado en el pleno y provoca desavenencias en ascenso entre los dos poderes.
La insistencia del presidente em mantener la ley sin implementar las observaciones del CAL, lo conducirían a la opción de acogerse al Ministerio de la Ley: luego de treinta días de enviado el documento y no ser tratado en el recinto parlamentario, la ley se efectiviza, se publica en el registro oficial y entra en vigencia. Por forzarlo podría destapar la protesta social contenida por parte movimientos sociales, CONAIE y ciudadanía, que si bien al momento no cuentan con gran fortaleza organizativa ni gran liderazgo, podrían arrastrar a otros sectores, y será sin duda una incomodidad para el gobierno.
Adicionalmente, a principios de octubre el país sufre una de las crisis carcelarias más graves de su historia republicana en la Penitenciaría del Litoral: batalla entre bandas de la que ocasionan la muerte de 119 PPL (personas privadas de libertad) y muchas otras gravemente heridas. Nadie explica el ingreso de armas, dineros, aparatos de comunicación, etc., a estos centros, como tampoco la conformación de bandas dirigidas desde el exterior. Estos hechos tienen antecedentes en el gobierno de Lenín Moreno quien en su desesperación por desmontar toda la institucionalidad implementada por el gobierno de Rafael Correa, cierra el Ministerio de Justicia, encargado directamente del control del sistema penitenciario.
En relación con el macabro suceso, las declaraciones de Lasso son verdaderamente insólitas: ‘… que nadie se confunda, los hechos trágicos producidos en las cárceles no se deben a una ausencia de acción del Estado, sino todo lo contrario, porque finalmente están sintiendo a un gobierno que, con acciones concretas, los está golpeando donde más les duele: en sus bolsillos’.
Es este el escenario de desenvolvimiento del presidente cuando explota el escándalo mundial Pandora Papers que según la investigación de 600 comunicadores del Consorcio Internacional de Periodismo de Intestigación (ICIJ, siglas en inglés) se prueba la participación del mandatario ecuatoriano en función de sus nexos con off shores: 14 sociedades en el sistema financiero extraterritorial desde 1991. Empresas fantasmas creadas por estudios jurídicos en el exterior que registran los movimientos económicos a nombres de terceros encubriendo así, en este caso, a Guillermo Lasso Mendoza y al real valor de sus propiedades, vale insistir en que no existe declaración verdadera de activos, lo cual facilita la evasión de impuestos en Ecuador, país que consta como su domicilio fiscal.
No importa si para candidatizarse Lasso se deshizo de las off shores pues de todos modos su existencia previa ratifica su condición de evasor durante toda su vida empresarial. De otro lado, este deshacer no es más que un cambio hacia la figura del fideicomiso, sociedades financieras creadas en Dakota del Sur en 2017, realizado antes de su anterior candidatura presidencial. Los fideicomisos constituyen otra de las modalidades de evasión fiscal, como todas, éticamente deleznables. Son documentos de muy alta confidencialidad, ocultan nombres y valores de propiedades.
En esta posición, ¿cómo puede un mandatario solicitar inversión extranjera ? ¿Con qué calidad moral pide a la población ‘arrimar el hombro’ en el pago impuestos lesivos para las clases medias y populares. No hay consecuencia ética por parte quien ha sacado dineros de la economía nacional sin declaración tributaria ocasionando grandes pérdidas y desarmando la capacidad de inversión social estatal, pretexto para que la inversión privada lucre en todos ámbitos gubernamentales.
Desde hace unas semanas, antes de Pandora Papers, en correspondencia con la incapacidad de gobernar de Guillermo Lasso, se viene rumoreando entre la sociedad civil la necesidad de un llamado a las figuras de Muerte Cruzada o de Consulta Popular. El propio presidente las ha considerado para salir del atolladero en que se encuentra, pero en este momento podrían ser realmente catastróficas para su permanencia pues las cifras de su aceptación están en franco declive. Y serían, además, de delicado pronóstico para el país. El excandidato Andrés Arauz propone la distitución del presidente si este no renuncia, luego de una minuciosa y técnica descripción de los delitos de evasión tributaria y lesiones económicas, concluye en el inconmensurable daño que se le hace al país al permitirse este tipo de perjuicios.
En los últimos días Lasso decide dividir la Ley de Creación de Oportunidades antes de reenviarla a la Asamblea Nacional
Protegido por la prensa, Lasso trata desesperadamente de bajar el tono al escándalo pero la situación está calando de manera profunda entre la población, al punto de empezar a considerarse la propuesta de Arauz. Ya la Comisión Legislativa de Garantías Constitucionales ha abierto la investigación correspondiente sobre el caso Pandora Papers. Entre aterrado y soberbio, el mandatario se niega a concurrir a este llamado de la Asamblea, al que está obligado por su condición de funcionario publico. Yerros, contradicciones, confusiones, marcan sus pasos actuales.
Existe la probabilidad de que Guillermo Lasso se mantenga en el poder pero es una incongnita prever gobernabilidad con su autoridad y credibilidad menoscabadas.