Tres momentos claves para entender la coyuntura

Erika Sylva Charvet|

Han sido tres momentos claves en la incomprensión del momento histórico por parte de los actores principales de la política ecuatoriana en los últimos años. El primero, la selección del Sucesor. Su abominable traición, ¡quién sabe desde cuándo!, se destaparía con su ascenso a la Presidencia en 2017. Traición de él y de una masa de cuadros altos e intermedios del Movimiento PAIS que irían alineándose con su política. Este hecho rebasaría lo personal. Incluso, su felonía hacia el proyecto progresista. Tendría una envergadura muy superior si analizamos ciertas decisiones claves en su política económica e internacional que se enmarcarían en el interés estratégico de los EEUU en la región, antes que en la soberanía nacional del país. Así, a dos años y medio de posesionado, el Sucesor se habría constituido en un instrumento útil de la recolonización del Ecuador. Hoy, precisamente, estaríamos enfrentando las consecuencias de ello con la firma inconstitucional de la Carta de Intención con el FMI que confirmaría un status subalternizado del Estado a los intereses del imperio.

Un segundo momento en esta incomprensión, les correspondería a algunas cúpulas sindicales e indígenas. Al margen de cualquier crítica al gobierno anterior, no supieron valorar estratégicamente avances de la sociedad ecuatoriana que, de ninguna manera, podían repudiarse. A fin de cuentas, entre 2007-2017 se vació la política económica de las recetas neoliberales del FMI. ¿No tenía que defenderse esto? Empero, dichas cúpulas se allanaron al gobierno de Moreno configurando una suerte de base popular sobre la que este intentaría construir legitimidad a través de la consulta popular inconstitucional que se realizaría el 4-02-2018 y que abriría la denominada “transición”, una fase de instalación de un régimen de ilegalidades orientado a la restauración del neoliberalismo; a la recomposición de las fuerzas oligárquicas en el Estado Central; y a la proscripción política del Movimiento Revolución Ciudadana (MRC) y su dirigencia en la sociedad. Segundo momento clave, porque tendería a agravar la contrarreforma y la restauración conservadora no advertida por dichos actores del campo popular, delatando su ausencia de comprensión del momento histórico.

En los entresijos de esa “transición”, el pacto propuesto por el gobierno a dichas cúpulas obedecería a sus lógicas corporativas, materializándose en el reparto de espacios y cargos públicos. En esa tónica, la Asamblea Anual Ordinaria de la CONAIE reunida en Chibuleo el 28-09-2018, resolvería “disputar los poderes del Estado” (Ecuadorinmediato,30-09-2019). Justamente, en la mesa de diálogo con las organizaciones indígenas el 13-10-2019, Moreno Garcés le recordaría al Presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, su cumplimiento de este acuerdo con la “entrega” de edificios, escuelas unidocentes y de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Cuando durante las movilizaciones de octubre último parecía que ese pacto se había roto o, al menos, resquebrajado, dado el protagonismo de la CONAIE en la insurrección popular, han salido a la luz otros motivos que habría tenido esta organización para aceptar el diálogo con el gobierno: impedir que “gane Correa” con su tesis de la salida constitucional (muerte cruzada y convocatoria inmediata a elecciones), viable –según la fuente de tales revelaciones, pues Moreno Garcés aparentemente habría estado “puesto de rodillas” el 12 de octubre y presumiblemente “caído” el 14-, y, en su lugar, posicionar la tesis de la CONAIE: la derogatoria del Decreto 883, abordada durante el diálogo del 13 de octubre de 2019 y, finalmente, acogida por el gobierno de Moreno. La organización podía estar satisfecha: su tesis había triunfado. Pero, tal decisión nos pondría de cara a un tercer momento clave, en el que volvería a manifestarse esa opacidad en la comprensión del momento histórico por parte de actores medulares de la coyuntura.

Más allá de la decepción que ocasiona conocer los meandros de esta decisión, el triunfo, si lo hubo, fue pírrico en varios sentidos. Primeramente, porque levantar la bandera antineoliberal constituye, en la práctica, un retroceso para la sociedad: muestra el triunfal retorno del neoliberalismo, un modelo abandonado durante el gobierno anterior; segundo, porque evidencia un terreno común de intereses de sectores de esta organización con la reacción: el aniquilamiento político-simbólico del progresismo representado por la RC, delatando la debilidad del campo popular para enfrentar a la entente neoliberal; y, tercero, por los efectos que tendría esta decisión en la resistencia al neoliberalismo en la coyuntura. A un mes de registrada la gesta de octubre, ¿quién podría decir que ganó el campo popular con esta decisión basada más en el cálculo político que en el interés estratégico de la unidad del pueblo?

Bien miradas las cosas, mientras las organizaciones indígenas y otros colectivos (Parlamento de los Pueblos) se han dedicado en este tiempo a elaborar propuestas alternativas sin viabilidad legislativa, el instrumento de recolonización ha conseguido oxígeno para seguir más vivo que nunca, orientándose a blindar con un anillo represivo su política económica. Indudablemente, ha ganado tiempo político para continuar con la implementación de su “paquetazo”; para consolidar los factores de poder oligárquico-imperiales en su torno, presumiblemente cohesionados por los EE.UU.; para reforzar su política de “seguridad”, más alineada con el Plan Cóndor de los años 70 que con nuestra Constitución; y para continuar dividiendo con prebendas clientelares al campo popular.

Si antes del levantamiento de octubre el régimen de ilegalidades de la “transición” violó toda norma constituida en obstáculo para alcanzar sus objetivos de restauración neoliberal (“descorreízación”), concluido el “diálogo” y blindado por el poder armado, se muestra más desembozado que nunca en la judicialización hacia la ampliada masa opositora –incluida la dirigencia de la CONAIE-, focalizándose, sin embargo, en la estigmatización y encarnizada persecución política a la dirigencia progresista de la RC, que hoy por hoy, registra un desterrado, cuatro prisioneros políticos, varios prisioneros en domicilios, doce solicitantes de asilo y una decena de refugiados en distintos países, sin contar con los centenares de procesos judiciales y administrativos contra la dirigencia que se encuentra libre y en el país. El abismal silencio frente a todos estos atropellos asombra porque, a la larga, el aniquilamiento del Estado de Derecho afectará a todos los individuos y colectivos que resistan la agresión neoliberal.

Pese a que el levantamiento popular de octubre pudo haber resultado en un cambio en la correlación de fuerzas favorable al campo popular por la vía constitucional, hoy éste se encuentra, como a inicios de ese mes: solo con las calles para resistir la más despiadada política económica que se pretende imponer sobre las espaldas del pueblo en su historia moderna. Pero, en esta fase abierta con la gesta de octubre, y frente a las batallas por venir, cabe preguntarse: ¿serán capaces, ahora sí, las fuerzas antineoliberales que componen el campo progresista ecuatoriano, de comprender el momento histórico, visualizar el rumbo y superar sus intereses corporativos particulares para tomar decisiones en función de los intereses estratégicos de la unidad del campo popular, o seguirán entrampadas en la inconsciencia histórica y el particularismo?