Por Daniel Kersffeld
Lejos del Plan Marshall, hoy la reactivación de Ucrania está en manos de corporaciones y multinacionales que buscarán maximizar sus ganancias, en gran medida, gracias a los incentivos económicos y a la mínima regulación estatal del gobierno neoliberal de Volodímir Zelenski.
Entre el 21 y el 22 de junio tuvo lugar en Londres la Conferencia de Recuperación de Ucrania (Ukraine Recovery Conference-URC23), un evento de enormes proporciones que, según sus organizadores, reunió a “mil tomadores de decisiones del sector público y privado”, provenientes de más de 400 empresas y de 59 países.
Presencias
Con el primer ministro británico Rishi Sunak como maestro de ceremonias, el foro URC23 también contó con la presencia de figuras políticas de primera línea como Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos y Annalena Baerbock, ministra de Relaciones Exteriores de Alemania. En tanto que el omnipresente mandatario ucraniano intervino de manera virtual.
Como resultado del encuentro, casi 500 empresas globales de 42 países ya han firmado el Pacto Empresarial de Ucrania, comprometiéndose a realizar inversiones incluso antes de que culmine el enfrentamiento armado para ayudar a incentivar un capitalismo de libre mercado. Así, se sumaron corporaciones como Nokia, Siemens, Sanofi, Phillips, Hyundai y Uber, las que además mantienen una política de bloqueo comercial a Rusia desde el inicio del conflicto en febrero de 2022.
Para llevar adelante esta propuesta, se cuenta con tres instituciones clave del capitalismo global del siglo XXI que, desde fines de 2022, colaboran bajo contrato con el gobierno ucraniano.
Se trata de BlackRock, el fondo de inversión más poderoso a nivel internacional con activos por más de 7,4 billones de dólares y copropietario de 17 mil empresas en todo el mundo; JP Morgan Chase, la mayor entidad bancaria de los Estados Unidos; y McKinsey & Company, conocida como la consultora con más recursos financieros y políticos en la escena global.
Reforma laboral
Por su parte, y para seducir la llegada masiva de inversiones foráneas, Kiev llevó a cabo una profunda reforma laboral de clara impronta antipopular y puso en juego un amplio conjunto de oportunidades económicas, en un programa que contó con el asesoramiento directo del FMI.
Con la nueva legislación, aprobada casi sin oposición gracias a la ley marcial, se precarizaron las contrataciones, se eliminaron selectivamente las indemnizaciones, se flexibilizaron horarios, condiciones de trabajo y despidos, y se suprimió el salario mínimo.
Privatizaciones
En tanto que entre las principales oportunidades para atraer capitales foráneos se cuenta con un extenso plan de privatizaciones que, desde el año pasado, ha posibilitado la venta de las quince empresas estatales más grandes de Ucrania. En el primer trimestre de este año, la administración de Zelenski obtuvo beneficios récord con la privatización de pequeños activos fiscales, mientras que ahora se están impulsando leyes para promover la venta de las grandes empresas estatales, incluyendo aquellas más redituables pertenecientes a la industria química y a la energética.
Pese a las tentadoras ofertas y a la política de seducción monetaria, el principal problema que hoy atraviesa una Ucrania en guerra se centra en la falta de garantías y, principalmente, en la ausencia de una cobertura de seguros para avanzar en un plan confiable de inversiones externas.
Garantías
Frente a esta realidad, es el Reino Unido quien pretende convertirse en el principal garante de la reconstrucción económica ucraniana. Sunak aprovechó la conferencia de URC23 para anunciar casi 4 mil millones de libras en garantías de préstamo del Banco Mundial, en un proyecto multimillonario al que también se sumarán empresas aseguradoras británicas como Aon y Lloyd’s.
Además, existe el compromiso por parte del régimen gobernante de que todos los recursos procedentes del exterior estarán sujetos a un estricto control internacional, teniendo en cuenta la desconfianza ante la corrupción estructural presente en la historia y en la actualidad de Ucrania, lo que ha motivado denuncias de todo tipo, sobre todo, desde la Unión Europea.
Gracias a la labor diplomática conjunta de BlackRock, JP Morgan Chase y McKinsey & Company, varios gobiernos e instituciones crediticias internacionales han anunciado sus aportes. Sin embargo, en su mayor parte son préstamos que deberán ser devueltos al cabo de unos años y que endeudarán todavía más a la maltrecha economía ucraniana.
Préstamos con interés
Así, la administración Biden se comprometió a proporcionar a Ucrania 75 mil millones de dólares en ayuda humanitaria y militar, pero la mayor parte de esa suma deberá destinarse a la compra de bienes y servicios vendidos por empresas estadounidenses.
También se anunció que la Unión Europea invertirá hasta 80 mil millones de dólares entre 2024 y 2027, aunque buena parte de esa suma deberá ser devuelta con intereses. De igual modo, Ucrania recibirá financiamiento del FMI, al que en este semestre deberá restituir 3 mil millones de dólares pese a que había sido acordada una suspensión de pagos con organismos internacionales.
Que pague Rusia
Más allá de la buena voluntad (o del interés económico), las potencias occidentales señalaron en el marco de URC23 que será Rusia la que deba pagar por todos los daños que ha causado en Ucrania. El método elegido será llevar la política de sanciones al extremo.
En este sentido, desde Londres se avisó que se estaban analizando “vías legales” para construir un “fondo de reserva”, mediante la utilización de activos rusos incautados y congelados en instituciones financieras británicas por valor de decenas de miles de millones de libras. La iniciativa es seguida con muchísima atención por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
En tanto que, en su última cumbre en Bruselas, la UE avanzó en la creación de un impuesto sobre los activos rusos incautados que podría significar más de 3 mil millones de euros al año.
Para la OTAN, el quiebre definitivo de Rusia no necesariamente tendría lugar en el terreno militar, donde ha demostrado una resistencia mucho más férrea que la contemplada inicialmente, sino en el frente económico, por medio de la acción combinada entre gobiernos y empresas privadas. Dada la resistencia y los apoyos recogidos por Moscú a nivel internacional y, sobre todo, en el Sur Global, cuesta creer que ese derrumbe económico pueda finalmente tener lugar.
Ganadores y perdedores
Mientras tanto, Estados Unidos y sus aliados apuestan a extraer las máximas ganancias de un conflicto que ya no sólo se nutrirá del constante flujo de armas y de recursos militares. Está claro que, en estas condiciones económicas, será mucho más redituable proseguir la guerra contra Rusia antes que llamar a la paz y al diálogo.
Por su lado, el gobierno de Zelenski, aliado de facto a la OTAN y cada vez más controlado por corporaciones y multinacionales, deberá hacerse cargo de una deuda externa que hoy es de 132 mil millones de dólares (aproximadamente, el 75% de su PBI de Ucrania), pero que, gracias a la “ayuda” de sus socios y, según datos oficiales, superará con creces los 180 mil millones de dólares a partir del próximo año.
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